Los detalles del proceso contra el anarquista Salvador Puig Antich, último ejecutado por garrote vil en España hace cuarenta años, son aún hoy materia reservada. Solo gracias a la revisión del caso, que sigue abierto en Argentina, y a la documentación que se conserva en archivos de todo el mundo, ha sido posible desmentir una serie de tópicos de un episodio que marcó la hoja de ruta del final de una dictadura, incapaz ya de mantenerse sin el uso de la fuerza.
La causa 106, dirigida por un juzgado militar de Barcelona entre octubre de 1973 y marzo de 1974, significó mucho más que una simple venganza por el atentado contra el presidente del Gobierno Carrero Blanco. Se cruzó con la primera crisis de su sucesor, Arias Navarro, abierta por la decisión de endurecer a toda costa la política represiva y terminar con cualquier experimento reformista. Tal y como revelan los informes de la embajada estadounidense, el principal interés del gobierno al retomar la pena de muerte era terminar con el malestar presente en los sectores más inmovilistas, especialmente entre el Ejército y la policía política. El caso se adentra así en un mundo que, a pesar de sufrir una serie de cambios, lógicos a lo largo de casi cuatro décadas de existencia, supuso la principal fuente de estabilidad de un régimen que comenzaba a resquebrajarse, seriamente, en ese mismo período.
Puig Antich. La transición inacabada
conduce, por último, al camino recorrido por una democracia que no ha invalidado las sentencias de los tribunales militares de la guerra y la dictadura. Y es una reflexión sobre cómo se ha ido fraguando una realidad de memorias enfrentadas, tan compleja como contradictoria, que muestra todavía hoy los efectos de la que fuese la dictadura más larga de Europa occidental.
