Todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados han mostrado su disposición a apoyar una enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Els Verds a los Presupuestos Generales del Estado para que los homosexuales represaliados por el franquismo sean indemnizados. Así lo anunció ayer el vecino de Xirivella y presidente de la Asociación Ex-Presos Sociales, Antonio Ruiz, quien asegura que de esta manera se hace justicia con un colectivo que tuvo que sufrir la marginación social de la época y la persecución policial.

Desde su misma creación en el año 2004, la asociación, con sede en Xirivella, ha tratado de buscar el resarcimiento moral, político y económico de las personas que fueron perseguidas en virtud de la famosa Ley de Peligrosidad Social, que antes del año 1970 era conocida como Ley de Vagos y Maleantes y que no fue derogada totalmente hasta la reforma del Código Penal de 1995.

Alguno de sus objetivos ya los ha conseguido. El Congreso de los Diputados aprobó en el año 2004 una declaración Institucional que reconocía y condenaba la persecución de los homosexuales durante la dictadura, y en varias prisiones y campos de concentración de Huelva, Badajoz o Fuerteventura se han descubierto placas y monolitos en recuerdo de quienes pasaron por la cárcel por su orientación sexual.

Sólo quedaba, pues, conseguir una compensación económica por aquel sufrimiento, tal como ha ocurrido con otros represaliados de la dictadura.

Meses de trabajo

Desde hace meses, el propio Antonio Ruiz ha encabezado las negociaciones con los distintos grupos políticos para llevar sus propuestas al Congreso e incluso se barajó la posibilidad de incluirlas en la Ley de la Memoria Histórica, pero « al parecer, los acuerdos sobre esta ley estaban cogidos con alfileres y prefirieron, al tratarse de dinero, dejarlo para los Presupuestos Generales del Estado », explicó Ruiz.

Ahora, con la tramitación de esta ley, el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Els Verds ha presentado una enmienda que incluye una dotación de cuatro millones de euros para « indemnización a ex presos sociales represaliados por su condición de homosexuales por las leyes franquistas de vagos y maleantes y de peligrosidad social ». En concreto, propone una indemnización de 165.000 euros para cada una de estas personas o el pago de 12.000 euros iniciales y la asignación de una pensión vitalicia de 800 euros mensuales, que es la fórmula finalmente pactada.

Antonio Ruiz explicó a Levante-EMV que la enmienda cuenta con el apoyo del PSOE, PNV y ERC e incluso con el acuerdo tácito del Partido Popular, que « no se ha pronunciado al respecto pero no ha puesto ninguna objeción ».

Ahora, esa enmienda tendrá que ser aprobada definitivamente, algo para lo que, a la vista de los acuerdos, no debe haber ningún problema.