Según una norma autonómica del año 2000, Torguet tenía derecho a percibir dicha indemnización, ya que pasó más de un año en prisión. Fue condenado a cinco años por asociación ilícita, era sindicalista y militante en Comisiones Obreras (CCOO). A Floreal le rebajaron la condena y pasó, en total, 34 meses en prisión, entre los años 1971 y 1974, de manera intermitente.
Este sindicalista cobró su indemnización el 3 de enero del 2002. A mediados del 2003, recibió una sanción de Hacienda puesto que habían detectado un error en su declaración y se había creado una diferencia de casi 1.500 euros, que debía abonar de inmediato, más una multa por fraude de cerca de 800 euros.”Yo no había declarado ese dinero que me llegó del Estado, y que, por consiguiente tendrían que haberme concedido libre de impuestos”, comenta el sindicalista, que en su momento no comprendió la sanción. “Sí, me dieron una ayuda, pero al final, ha resultado ser toda una complicación”, sentencia ahora Floreal.
No obstante, la ley de noviembre del 2006 que modificó parcialmente el IRPF, establece que los excarcelados durante la Amnistía del 1977, y quienes percibieron ayudas e indemnizaciones por ello, a los cuales se les retuvo un porcentaje por las mismas, quedan exentos de dicha retención.
Protestas
IU se queja de que esta ley no se haya aplicado todavía porque el Ejecutivo socialista no ha agilizado los trámites para que se haga efectiva. De modo que los afectados siguen sin beneficiarse de las exenciones.
La coalición exige por ello al Gobierno central “que se les devuelva lo que nunca se les debió quitar”, tal y como exige Adolfo Barrena, diputado de IU en las Cortes de Aragón.
El caso de Manolo Gil es un tanto diferente. Gil es un otro veterano militante del Partido Comunista (PC) y explica que “daban ayudas a los presos políticos que hubiesen sido privados de libertad más de 12 meses. Los tres primeros años recibirían un millón de pesetas y después, 600.000 pesetas por cada año en prisión”.
Sin embargo, hubo una restricción, según la cual dependía de la edad de los beneficiarios, explica Gil. “Sólo dieron cierta cantidad a los nacidos hasta el año 1925. A nosotros nos estafaron, habíamos nacido dos años después de lo que se estableció para las ayudas”, expresó Gil, de 80 años. “Yo pasé ocho años en la cárcel y mi mujer 15, y percibimos mucho menos”, concluye este zaragozano.
“Conozco muchos otros casos de gente en Aragón que estuvo también en la cárcel pero desconozco si se encuentran en mi misma situación”, comenta Torguet, Pero tal y como explican desde IU, “podría haber decenas de miles de casos en todo el territorio español”, para los que todavía no se ha encontrado una solución, puesto que el Ejecutivo aún no ha concretado ningún dato.