Apenas unas semanas antes de la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, Mercedes Abril, de 87 años, atendió a Público en su domicilio de Valladolid para reclamar lo mismo que llevaba 40 años pidiendo: sacar a su padre del Valle de los Caídos. “Le prometí a mi madre que sacaría a papá del Valle de los Caídos. Me importa tres pepinos lo que hagan con Franco“, decía esta mujer. Su padre, Rafael Abril Avo, es una de los miles de víctimas de republicanos de la Guerra Civil cuyo cuerpo fue trasladado sin permiso de la familia al Valle de los Caídos donde, posteriormente, enterrarían a su verdugo: el dictador Francisco Franco. En aquel momento, septiembre de 2019, la exhumación del dictador planeaba en el horizonte como el primer paso de un recorrido que permitiría, por un lado, recuperar los cuerpos reclamados por las familias y, por otro, comenzar la resignificación del que era, hasta la fecha, el mausoleo del dictador.

Sin embargo, este sábado se ha cumplido un año de la exhumación del dictador y el Gobierno ya ha aprobado un Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que contempla la “resignificación” del monumento. Sin embargo, las familias continúan sin saber cuándo podrán recuperar a los suyos. Así lo lamenta, por ejemplo, Silvia Navarro, portavoz de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, el abogado Eduardo Ranz, que representando a las diferentes familias que integran la asociación, entre ellas, la familia Lapeña, que consiguió una sentencia judicial que reconocía el derecho de la familia Lapeña a recuperar los restos de los dos hermanos que habían sido enterrados contra su voluntad en el Valle de los Caídos.

“Nosotros siempre hemos dicho que preferíamos recuperar a nuestros familiares que la exhumación del dictador. La primera vez que lo pedimos fue entre 2008 2009. Hace 11 o 12 años ya. Llevamos mucho tiempo en esta pelea. Pero seguimos esperando. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática nos ha trasladado que están dispuestos a hacerlo y que van a trabajar para conseguirlo, pero de momento, en la práctica, no se ha hecho. Hay que decir, no obstante, que hemos recibido un trato exquisito por parte de la Secretaría de Estado, pero no es suficiente. Hay familiares que siguen muriendo o enfermando y que ya no sabemos si podrán disfrutar de sacar a su padre o abuelo del Valle de los Caídos”, explica Silvia Navarro a Público.

La propia vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, reiteró este martes en el Senado la voluntad del Ejecutivo de dar satisfacción al deseo de las familias de recuperar a los suyos. Paco Ferrándiz, asesor de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, también corrobora la voluntad del Gobierno de proceder a las exhumaciones lo antes posible en una entrevista con Público publicada este mismo sábado. Ferrándiz explica que el Ejecutivo está buscando la fórmula para hacerlo con la mayor seguridad jurídica posible, pero los familiares de las víctimas sienten que se les acaba el tiempo y la exhumación nunca llega.

Miguel Ángel Capapé es la pareja de Purificación Lapeña, nieta de uno de los hermanos Lapeña, enterrados en el Valle de los Caídos contra la voluntad de sus familias y protagonistas de una victoria judicial de su familia que daba el visto bueno a su exhumación. La sentencia llegó hace ya más de cuatro años y desde entonces, y a pesar de haber podido visitar las criptas, no ha conseguido materializar el deseo de recuperar los cuerpos de los hermanos Lapeña.

“Nuestros familiares fueron republicanos asesinados y posteriormente secuestrados en el Valle de los Caídos”, denuncia Miguel Ángel Capapé

“No entendemos que la exhumación de Franco pudieran resolverlo rápidamente y que con nosotros siga habiendo problemas y no se produzcan las exhumaciones. Entendemos que lo de Franco era más mediático, pero nuestros familiares fueron republicanos asesinados y posteriormente secuestrados en el Valle de los Caídos. Contamos con una sentencia firme de hace cinco años y no se cumple. A nuestro entender es mucho más fácil sacar a nuestros familiares que sacar a Franco. No entendemos en qué consiste este chiste“, señala Capapé, que también ostenta el cargo de presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido.

La lucha de la familia de los hermanos Lapeña y de otras nueve familias, como la de Silvia Navarro, Mercedes Abril, Maribel Luna Baragaño o Fausto Canales comenzó en el año 2008. La mayoría de estas familias conocieron, gracias a una tesis doctoral, que sus familiares estaban en el Valle de los Caídos sin su conocimiento ni permiso. Comenzaron entonces un largo periplo judicial por tribunales españoles e internacionales. Pero todas las denuncias acababan en el mismo cajón: archivados. Hasta que el abogado Eduardo Ranz presentó ante el juez de primera instancia de El Escorial en 2015 una demanda de la familia Lapeña que pedía exhumar a sus seres queridos conforme al artículo del Código Civil que reconoce el derecho a la “digna sepultura”. El juez admitió la demanda y terminó dictando sentencia a favor de la familia Lapeña.

Los hermanos Lapeña fueron asesinados en 1936 y tirados a un fosa común en Calatayud.- ARICO Memoria Aragonesa

El resto de familias trataron de acudir a los tribunales con el mismo argumento que Lapeña, pero el entonces ministro de Justicia del Partido Popular, Rafael Catalá, impulsó una reforma del Código Civil que eliminaba el citado artículo con la excusa de que estaba “en desuso”. La vía iniciada por la familia Lapeña y el abogado Ranz tocaba a su fin. Comenzó entonces un larga batalla con Patrimonio Nacional y el Gobierno para que reconociera su derecho a exhumar a los familiares.

La propia Mercedes Abril hizo llegar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nada más llegar al poder, una carta en la que transmitía lo siguiente: “Llevo muchos años luchando para que me devuelvan los restos mortales de mi padre, inhumados en el Valle de los Caídos desde que fueron trasladados allí desde Calatayud, sin el consentimiento ni el conocimiento de mi familia, en abril de 1959. […] Muchas veces me pregunto si lo que algunos están esperando es a que nos muramos, aunque también le digo, señor Presidente, que nuestros hijos y nietos nos relevarán si es necesario”.

“Agradecemos el trato que recibimos, de verdad, pero necesitamos que esta situación avance”, incide Silvia Navarro

El presidente del Gobierno contestó a la carta con el compromiso de dar solución a su petición y la vicepresidenta Calvo ha sido la última en decir públicamente que el Gobierno reconocerá el derecho a recuperar a sus familiares a las familias que tienen víctimas en el Valle de los Caídos. Sin embargo, las familias consultadas por este periódico coinciden en un mismo mensaje: el único anuncio que quieren escuchar es el día y la hora del inicio de los trabajos de exhumación.

“Hemos hablado con el secretario de Estado de Memoria y también nos dijo que nos van a notificar la decisión de Patrimonio que nos reconoce el derecho a exhumar. Pero es que ya llegamos muy tarde. Agradecemos el trato que recibimos, de verdad, pero necesitamos que esta situación avance”, incide Silvia Navarro. En esta misma línea se manifiesta Miguel Ángel Capapé, que señala que desde la Secretaría de Estado les han explicado que están trabajando y “está todo muy avanzado”, pero que, a estas alturas, resulta insuficiente: “Lo que queremos es una fecha concreta y la certeza de que se va a hacer de manera inmediata”.

El abogado de las familias reunidas alrededor de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, Eduardo Ranz, también comparte su desconcierto con Público. Él, de hecho, estuvo como asesor del Ministerio de Justicia durante el mandato de Pedro Sánchez hasta junio de 2019.

Héctor y Rosa Gil Rodríguez (1 y 2 i), nietos de Pedro Gil Calonge; Francisco Casado Blesa (c), nieto y sobrino nieto de José y Antonio Casado; Silvia Navarro (3d), de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos; Purificación Lapeña (2d), nieta de Manuel Lapeña, y su abogado Eduardo Ranz, hoy en la entrada del monumento, donde Patrimonio Nacional les ha impedido entrar para presenciar los trabajos de los técnicos del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, previos a la exhumación de cuatro cadáveres. EFE/Paolo

“Los impedimentos que decían que podía haber entendemos que están superados desde el momento en el que se produjo la exhumación del dictador. Al principio la excusa era el Prior pero en el momento que se exhumó al dictador, entendemos que este obstáculo está superado. También se habló del anterior responsable de Patrimonio, pero fue cesado. Así que no entendemos qué inconvenientes puede haber ahora. De cualquier modo, recordar que no estamos pidiendo un favor. Estamos pidiendo que se cumpla una sentencia judicial”, señala Ranz. 

El balón está ahora en el tejado del Ejecutivo, que tendrá que anunciar cuándo inicia los trabajos de localización e identificación de las alrededor de 50 familias que han solicitado recuperar a los suyos. El Ejecutivo pide paciencia porque los trabajos se van a ejecutar. Las familias recuerdan que el reloj no se detiene y al calendario se le siguen cayendo las hojas.