Manuela Bergerot
Documentalista. Experta en Comunicación sobre la Memoria Histórica y Derechos Humanos
El 9 de junio se celebró el Día internacional de los archivos, conmemorando la creación del Consejo Internacional de Archivos en 1948 bajo el auspicio de la UNESCO.
El objetivo de celebrar este día según el Ministerio de Educación Cultura y Deporte es “recordar que los archivos están abiertos a todos y en todo momento” y que éstos son “la memoria de nuestros pueblos, fuente de investigación histórica y centros de difusión cultural, además de herramienta fundamental en la transparencia de las administraciones públicas”.
Se puede leer la nota de prensa del Ministerio replicada en muchos medios, pero extraño una lectura crítica de esta jornada, que ayude a sensibilizar e informar sobre la importancia de los archivos como servicio público que incide directamente en la calidad de la democracia. La difusión de documentos y acontecimientos claves de nuestra historia, es necesaria para fomentar en el presente el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.
Las actividades programadas en los Archivos Estatales incluyen homenajes a maestras archiveras, conferencias, proyecciones, visitas guiadas y hasta una demostración de esgrima histórica en el Archivo General de Indias. Llama la atención que las actividades son las mismas para la mayoría de los Archivos, sin recurrir a la particularidad de sus fondos. Si como enuncian en el Ministerio, quieren visibilizar la relevancia de estos como centros de difusión cultural, no encuentro la riqueza y la diversidad de la cultura que contiene cada fondo en la proyección del mismo documental en todos ellos (“El último sefardí”).
En el programa para lograr los objetivos de este Día Internacional, se ve una deficiencia que sufren los archivos durante los 364 días restantes: la percepción de la ciudadanía sobre el servicio público que estos ofrecen no es clara, situando a los archivos alejados de la ciudadanía y de lo que acontece. Tratar a los usuarios como espectadores es incidir en la distancia entre usuarios potenciales de los archivos y las instituciones, una política generalizada en España en la relación entre la ciudadanía y la administración.
Son necesarias acciones que conecten con el presente y que muestren a los archivos como herramienta clave en el derecho fundamental a la información. Por ejemplo, para potenciar que son “fuente de investigación histórica” que mejor que exponer procesos de investigación actuales, como el que realizó el periodista Danilo Albin, quien gracias a documentos desclasificados descubrió que el rey Juan Carlos financió con acuerdos millonarios la dictadura de Videla. Supongo que esto sería promover la investigación crítica frente al discurso oficialista de la Historia, pero conocer la Verdad es un derecho, y así lo recogen tres informes publicados en los últimos meses por diferentes organismos de Naciones Unidas, como el del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, Pablo de Greiff, quien señala, tras mostrar su preocupación ya que invocando riesgos a la seguridad nacional y la Ley de Secretos Oficiales documentos históricos y grandes fondos militares y policiales permanecen clasificados y sin criterios claros que permitan su desclasificación, que “la legislación y reglamentaciones vigentes no resuelven las dificultades en materia de acceso, las cuales pueden abordarse a través de una política estatal y una ley de archivos que revise los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad, de conformidad con los estándares internacionales, incluyendo el derecho a la verdad”.
Programar una expoisición sobre “Santa Teresa de Jesús, acción y oración” en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca para lograr el objetivo de mostrar el papel de los archivos como “la memoria de nuestros pueblos”, es promover una memoria anclada en el pasado que no ayuda a comprender la función de los archivos como herramientas indispensables para la construcción de una memoria colectiva. El pueblo seguramente se sienta ajeno a esa memoria y por tanto a los documentos que ese archivo conserva y a ese archivo; como dijo el otro día el filósofo Emilio Lledó “es esencial recuperar la memoria histórica, somos lo que hemos sido; si no tuviera memoria no sabría quien soy”.
Teniendo en cuenta que Salamanca alberga el Centro Documental de la Memoria Histórica, hubiera sido muy interesante aprovechar su fondo para ser el referente en la labor del Gobierno en fomentar la función social y democrática de los archivos y la promoción de la memoria histórica, para que esta no quede relegada al ámbito privado. La apropiación del relato histórico, del lenguaje y de llenar el silencio tapando tantas verdades requiere de todo un sistema que abarca la investigación y las fuentes y herramientas que permiten ésto.
“Recordar que los archivos están abiertos a todos y en todo momento” es intentar manipular la realidad del acceso a los archivos marcada por la arbitrariedad y la opacidad; pueden preguntarle a personas que lucharon contra la dictadura en los últimos años y que en la actualidad intentan acceder a documentos personales en diferentes archivos públicos. Como dice la Asociación de Archiveros de Andalucía en su manifiesto: “es necesaria una revisión de la legislación sobre el acceso para superar criterios excesivamente restrictivos, confusos, contradictorios o predemocráticas”.
Son muy valiosas las opiniones de los profesionales que éstos días han aprovechado para para visibilizar la falta de recursos materiales y humanos, la incidencia negativa de los recortes, la falta de personal cualificado, y la desorganización de fondos documentales, que no cumple con el ejercicio de transparencia de las administraciones públicas.
Quienes diseñan políticas públicas en materia archivística, saben lo importantes que son los archivos, si no, no los triturarían ni los quemarían una semana antes de que la Guardia Civil haya requerido documentación en el Ayuntamiento de Madrid y Valencia en una nueva fase de la Operación Púnica. En vez de asegurar el servicio público de los archivos como garantes de justicia, se ocupan del uso de los archivos públicos para garantizarse la impunidad.
