El Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación por la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar las placas de las víctimas del franquismo del cementerio de La Amudena, a instancias de

una denuncia de la Asociación Memorialista Ranz Orosas

por la presunta comisión de un delito de prevaricación.

En la resolución de la Secretaria General del Tribunal de Cuentas, a la que ha tenido acceso Europa Press, se pone en conocimiento del letrado de la asociación que se ha procedido a “la oportuna” tramitación de la denuncia.

Ahora, se solicitará al Consistorio madrileño informes relativos a las obras, al coste y a las decisiones administrativas tomadas sobre este asunto para tomar una decisión respecto al delito de prevaricación denunciado.

El letrado Eduardo Ranz ha destacado que el Tribunal de Cuentas entiende que es “objeto de tramitación la denuncia contra lo actuado por el Ayuntamiento de Madrid en contra de la reducción que ha llevado a cabo el alcalde de la memoria civil sobre su tótem fascista con el dinero del contribuyente”.

En su denuncia, los memorialistas consideraban que el Gobierno liderado por José Luis Martínez Almeida podría haber incurrido en un posible delito de prevaricación al paralizar este monumento cuando quedaban tres semanas para su finalización.

El Ayuntamiento defiende la retirada

El Gobierno municipal procedió a retirar las placas del memorial que el anterior equipo de Manuela Carmena comenzó a instalar el pasado mes de mayo al grabar los 2.934 nombres de los asesinados por el franquismo en la capital entre 1939 y 1944.

Tras la denuncia, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, defendieron que el Gobierno municipal está siendo “sumamente escrupuloso” con lo dictado por el Comisionado de la Memoria Histórica sobre el Memorial de la Almudena.

El Consistorio argumentó que frenó la instalación del memorial en homenaje a los fusilados entre 1939 y 1945 de La Almudena “por no cumplir con el acuerdo del Comisionado de Memoria Histórica” puesto que “el monumento que se había planeado por el anterior equipo de Gobierno no seguía las premisas de imparcialidad dadas por el Comisionado y era contrario a sus recomendaciones”.

En este punto incidieron en que el Comisionado recomendaba que no figurasen nombres en la placa. Ahora se va a unificar “el reconocimiento a las víctimas de ambos bandos”.

“Para evitar, en aras de una mayor pacificación social, la producción de nuevos agravios al tratar de evitar otros, una sociedad democrática tiene obligación de honrar a todas las víctimas, sean del periodo bélico republicano o del periodo franquista”, afirmaba el Comisionado.