Familiares de represaliados lo han solicitado por escrito al Presidente.
Fotos: Rafael López. Lora delo Río (Matallana),
El escrito-Solicitud, manifiesta que: habiendo pasado más de un año desde la aprobación de la Ley estatal 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática, las víctimas y las familiares de víctimas del franquismo vemos aún muy lejos poder alcanzar los objetivos de Verdad, Justicia y Reparación.
El texto continua: Creemos que la Diputación de Sevilla es una Administración Pública que puede y debe estar implicada en la Memoria, y lo demuestra la participación que ha tenido en la exhumación de Pico Reja en el cementerio de Sevilla, una de las más importantes en toda la historia reciente. Creemos que, ante una Administración Autonómica en manos de un partido político que desprecia la Memoria Histórica y a la que no ha destinado apenas recursos, se hace aún más importante que la Diputación de Sevilla ponga en marcha proyectos propios. De todo lo que se ha hecho hasta ahora en materia de Memoria Histórica, hay un aspecto al que se le ha dedicado poca atención y que, por su importancia, creemos que habría que dedicarle el espacio que debería tener en cuanto a investigación y divulgación y este es el estudio de los campos de concentración o trabajos forzados, en realidad trabajo esclavo. Dada la dimensión del sistema concentracionario de trabajo esclavo que se puso en marcha en la retaguardia franquista tras el golpe de estado militar y la sucesiva ocupación de territorio, y que supuso la reclusión de amplios grupos de personas desplazadas incluso de sus provincias de origen, el conocimiento y divulgación de este tipo de represión, desarrollada ampliamente en nuestra provincia, es de gran importancia para la Memoria Histórica. El reconocimiento de víctima por el internamiento en campos de concentración está recogido en el l artículo 3. de la Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática que establece: “A los efectos de esta ley se considera víctima a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, y en particular a: Apartado c): Las personas que padecieron deportación, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración, colonias penitenciarias militarizadas, dentro o fuera de España, y padecieron torturas, malos tratos o incluso fallecieron como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, especialmente los españoles y españolas deportados en los campos de concentración nazis.” De los estudios sobre todo locales, realizados sin ningún tipo de apoyo institucional por investigadoras e investigadores sobre los hechos ocurridos durante el golpe militar y posterior dictadura (debemos recordar que en la mayor parte de Andalucía no hubo guerra, sino solo algunos conatos de resistencia de la población civil y posterior represión y asesinato sistemático), uno de los sucesos menos conocidos fueron estos campos de concentración y trabajos forzados.
No obstante hay numerosos trabajos que dan una idea general de la realidad de los campos en todo el territorio (según algunos estudios podrían haber existido en el Estado Español alrededor de 300 campos, 55 en Andalucía y 15 en la provincia de Sevilla), pero aún hace falta mucho trabajo por hacer para acercarnos a esa realidad ya que hay un vacío historiográfico en general , y en concreto en la provincia de Sevilla, que nos permitan conocer en profundidad el sistema de funcionamiento de estos campos, ubicación exacta, personas, nombres, condiciones de vida, administraciones implicadas, etc. Dada la cantidad de personas utilizadas como mano de obra esclava y el desconocimiento de esta realidad, creemos que es importante dignificar a esas personas que pasaron por situaciones extremas durante la reclusión en los campos de concentración, pésimas condiciones de vida, sometidas, muchas de ellas, a vivir a la intemperie, con hambre, enfermedades y en muchos casos muerte, además de la privación de libertad por motivos ideológicos, lo que supone un delito de lesa humanidad. Dándose la circunstancia de que se ha revalidado un Gobierno progresista en el Estado y que también existe una mayoría progresista en la Diputación de Sevilla, creemos de urgente necesidad acelerar todas las actuaciones que conduzcan al conocimiento de la Verdad, sin la que no puede haber Justicia ni Reparación. Recientemente el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres ha hecho declaraciones a la prensa comprometiéndose a impulsar una investigación sobre los trabajos forzados en España con el objetivo de elaborar un censo de víctimas y un inventario de edificaciones construidas con trabajos forzados durante la dictadura.
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/memoria-democratica-elaborara-inventario- obras-levantaron-trabajos-forzados-durante-dictadura_1_10809784.html
Los familiares de víctimas de la Dictadura estamos muy acostumbrados a promesas que no se cumplen. Así, recientemente hemos solicitado del Ayuntamiento de la Rinconada la investigación de los campos de concentración de prisioneros de “La Azucarera” y el de redención de penas por el trabajo (Colonia Penitenciaria Militarizada) “Cortijo Casavacas” y después de varias reuniones y promesas de dedicar presupuesto a ese proyecto, seguimos a la espera, después de un año desde la primera solicitud.
La SOLICITUD SE CONCRETA EN:
1. Que la Diputación Provincial de Sevilla promueva una investigación de todos los campos de concentración de la Dictadura Franquista en la provincia de Sevilla, prestando especial atención a aquellos de mayor duración y en los que fueron recluidos y hacinados miles de prisioneros sevillanos y de otras provincias como fueron: los Campos de concentración de La Azucarera y Corttijo Casavacas (La Rinconada), Cortijo Caballero (Guillena), Sanlúcar la Mayor, Lora del Río (Matallana), Alcalá del Río (ya no existe, Nave-deposito cerca cementerio), Utrera, Presa Torre del Águila, Villanueva del Río y Minas, nave-deposito en estación Alcolea del Río, La Roda de Andalucía (nave-Deposito), obras piscina en Casariche, Cazalla de la Sierra (con dudas a la espera de investigación), nave de presos en el pantano del Pintado. Los Merinales y La Corchuela (Dos Hermanas), Los Remedios y El Colector (Sevilla) El Arenoso (Dos Hermanas/Los Palacios), Oromana (Alcala de Guadaira)…. Dicha investigación debería sacar a la luz todas las cuestiones relacionadas con ubicación, a qué estaban destinados los distintos campos, nombres y circunstancias de cada uno de los presos, condiciones de vida, estructura administrativa o militar organizadora del sistema, beneficiarios públicos o privados del trabajo esclavo, etc.
2. Que la Diputación Provincial de Sevilla dedique en su página web un apartado con información relevante de todo lo que esté relacionado con Memoria Histórica, tanto lo que está en marcha como lo que ya se ha hecho, como sí es posible consultar en las páginas web de otras Diputaciones.
3. Señalización o, en su caso, solicitud a la Junta de Andalucía de inclusión de Lugares de Memoria de todos los campos de concentración de la provincia así como su divulgación. 4. Publicación de los trabajos de investigación de forma que puedan ser utilizados por profesoras, historiadoras, periodistas y toda aquella persona que tenga interés en el conocimiento de lo ocurrido de forma accesible.
Esther Moragas Moure, familiar de víctima del campo de concentración de La Azucarera (La Rinconada), historiadora y arqueóloga.
Cecilio Gordillo Giraldo, familiar de represaliado por el franquismo.
Inmaculada Hermosín Zambrano, familiar de víctima asesinada por el franquismo.