Documentos secretos sobre la detención y procesamiento del anarquista arrojan serias dudas sobre la legalidad de la sentencia y ponen en entredicho la investigación policial contra quien ya ha sido considerado un mártir de la represión franquista

La fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia que operaban en los últimos años de la dictadura franquista acumularon decenas de informes relativos a las circunstancias que rodearon la detención, la investigación, el juicio y la ejecución del joven anarquista catalán, Salvador Puig Antich.

Algunos de estos documentos, en poder de

Crónica Global

, plantean dudas sobre los hechos investigados y sobre el grado de participación y autoría de Puig Antich en la muerte del subinspector de policía Francisco Javier Angüas Barragán el 25 de septiembre de 1973.

Juicio sin garantías

Los archivos policiales, a los que también ha tenido acceso este medio, plantean dudas sobre las garantías procesales de la investigación y del juicio que se sigue contra Puig Antich, que tras ser condenado a pena capital el día 9 de enero del 1974, fue ejecutado el día 2 de marzo de aquel mismo año.

Uno de esos informes que manejaron los servicios policiales de inteligencia, adscritos a la Jefatura Superior de Policía y a la justicia militar, enumeran toda una serie de posible irregularidades en el proceso judicial seguido contra el anarquista catalán.

Irregularidades detectadas

En uno de esos documentos, que aparece bajo el titulo de “

Informe técnico jurídico sobre los puntos irregulares más relevantes de la causa militar ordinaria 106/IV/73

”, los servicios de inteligencia hacen un listado de “irregularidades” tanto “sumariales”, es decir, durante la tramitación de la causa, como “en el plenario”.

En el punto A.4 de este informe y bajo el enunciado de “Denegación a la defensa de las pruebas” se constata que se habría producido una vulneración del derecho de defensa al no aceptar las pruebas de Puig Antich sobre la declaración en la vista de los doctores Pedro Munné Más, Ramón Barjau Vinyals y Joaquín Latorre Martí, “los tres médicos que por estar de guardia el día 25-09-73 vieron el cadáver del policía muerto y podían dictaminar bajo juramento si los disparos que tenía eran 5 (en su opinión) o 3 ( tal y como recoge la autopsia)”. El tribunal no aceptó su comparecencia, porque “eso retrasaría el proceso”.

Ese informe también constata que se negó a la defensa de Puig Antich una prueba procedente: “El informe pericial balístico de las distancias y trayectorias de los posibles tiradores”.

Pruebas denegadas en el proceso

En el apartado 6 del punto A y bajo el epígrafe de “Denegación de la prueba” se explica, en el informe, que “dos inspectores de policía, entre ellos D. Julián Gil,

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entonces jefe de la Brigada político-social de Barcelona

–

, entraron en el locutorio de abogados de la cárcel Modelo y coaccionaron a Salvador Puig Antich”.

En el punto 2º del apartado E se puede leer que “la sentencia olvidó anotar los culatazos que sufrió Puig Antich durante su detención”.

Los informes policiales y sumariales inéditos, conocidos por

Crónica Global,

siembran dudas sobre el proceder tanto de policías como de jueces y fiscales. Por ejemplo, uno de los documentos corresponde con el “radio” que pocos minutos después de la muerte del policía Angüas Barragán emitió la Jefatura Superior a todas la unidades tanto de la policía como de la Guardia Civil y de la Capitanía Militar.

El documento, bajo el epígrafe “[Asunto:] asesinato de un policía gubernativo”, decía así:

“Aproximadamente a las 19 horas del día de hoy un grupo de funcionarios de la brigada social en número de seis que se hallaba apostado en los alrededores de la calle Gerona, número 70, esperando la presencia de un miembro del Grupo MIL –Movimiento Ibérico de Liberación–. Al aproximarse éste último, se acercó para proceder a su detención.

Uno de dichos individuos, sacó un arma de fuego y disparó sobre uno de los inspectores, alcanzándole con cuatro disparos que le produjeron la muerte casi instantánea. Al intentar huir el agresor fue herido y detenido así como su compañero.

El inspector fallecido es D. Francisco Angüas Barragán. El autor de los disparos es Francisco Javier Garriga Paytuví y el otro detenido es Salvador Puig Antich”.

Ese documento, quizá redactado con la urgencia y la tensión del momento, arroja dos elementos llamativos: hablan de cuatro disparos (no tres como decía la autopsia), tampoco de cinco (como declararon en primera instancia tres médicos del Hospital Clínico). Y, por otro lado, sitúan a Garriga Paytuví como el autor de los disparos y no a Puig Antich, quien acabó pagando por ello con la pena capital.

Proceso ilegal

En relación con las pruebas balísticas (o, mejor dicho, con la denegación), un informe que consta en el expediente policial de Puig Antich y que, aunque no tiene sello oficial, parece estar elaborado por los policías que analizaron el proceso judicial expone literalmente las dudas sobre la legalidad del sumario y habla de zonas oscuras:

“Lo más oscuro del juicio es el peritaje balístico. La pistola de Puig –un nueve largo–, expulsa el casquillo tras el disparo. Puig declara haber disparado dos veces, tres a lo máximo, pero se hallan cuatro casquillos. Un bala se estrelló en la pared y el certificado de la autopsia dice que tres balas atravesaron al policía (saliendo incluso). Pero estas balas –reconoce ese escrito–, no han sido halladas. Los médicos de guardia y las enfermeras del Clínico testimoniaron que en el cuerpo del policía había cinco impactos, pero esta prueba ha sido denegada”.

Este informe sin firma ni fecha, pero que consta en el expediente reservado policial sobre la ejecución de Puig Antich, hace referencia expresamente a la controvertida autopsia: no se hizo. La autopsia que aparece en el sumario se realizó, según consta, en la comisaria del distrito de Universitat. “El lugar no parece el más adecuado. La denegación de todas estas pruebas en un juicio en el que se pide una pena de muerte no parece serio”, atestigua el mismo documento.