Los familiares integrantes de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos (AFPERV) esperan, desde el 2 de septiembre de 2015, y tras varias peticiones, ser recibidos en audiencia por el Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. Algo que deberán seguir esperando.

La finalidad de dicha solicitud es poner en conocimiento del ministro de Justicia las demandas relativas a la exhumación de sus familiares enterrados en el Valle de los Caídos sin el consentimiento o conocimiento de las familias.

“Deseamos expresarle nuestra preocupación por el incumplimiento de la sentencia judicial de abril de 2016 que obliga al Estado a exhumar a los hermanos Lapeña del Valle de los Caídos”, una exhumación que todavía no se ha producido, y que según denuncian desde la AFPERV, “se trata de una anomalía impropia de un estado de derecho que nos ha obligado recientemente a demandar al Estado Español ante la ONU”.

Desde septiembre de 2015, esta asociación ha reiterado su voluntad de ser recibidos por Rafael Catalá, tanto mediante una serie de escritos, como a través de la mediación de los senadores, Iñaki Anasagasti y Jokin Bildarratz. “El ministro Catalá se comprometió en varias ocasiones a recibirnos y a escuchar nuestras demandas”.

Finalmente, tras un año y 8 meses de espera y con fecha de 6 de junio de 2017, la AFPERV ha recibido respuesta por parte del Ministerio de Justicia, convocándonos a una reunión con la Subsecretaria titular de la División de Derechos de Gracia y otros Derechos del Ministerio de Justicia.

Tras la llegada del Partido Popular al poder en 2012, la Oficina de Atención a las Víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista fue adscrita a dicha División de Derechos de Gracia y otros Derechos, y por lo tanto, vaciada de competencias reales y efectivas. “Nosotros mismos hemos podido comprobar la inoperatividad de dicha Oficina en varias ocasiones”, advierten desde la asociación.

El Gobierno del Partido Popular suprimió la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, pasando las funciones de la misma a depender de la División de Derechos de Gracia y otros Derechos, que hasta entonces se encargaba de conceder indultos y títulos nobiliarios. La realidad es que el traspaso supuso múltiples quejas de asociaciones por la recuperación de la Memoria Histórica.

En este sentido, desde la AFPERV aseguran que la propuesta por parte del Ministerio de Justicia es “insuficiente e inaceptable” dada la importancia que para las familias tiene el asunto de la exhumación de padres y abuelos del Valle de los Caídos, motivo por el cual han rechazado el ofrecimiento del Ministerio de Justicia de reunirse con otra instancia que no sea el propio Ministro.

Por último, exigen de los grupos y partidos políticos del Congreso de los Diputados y del Senado apoyo en su “justa y reparadora demanda de exhumar a nuestros Familiares del Valle de los Caídos”, así como en la solicitud concreta de audiencia con el Ministro de Justicia.