En el año 1.934 España era una República Parlamentaria, con un gobierno de centro-derecha. La fuerza fundamental de este gobierno era la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), cuyo dirigente, Gil Robles, admiraba a Mussolini. Nunca quiso declarar lealtad a la República.

El día 1 de octubre del 34, Gil Robles amenazó al Gobierno de Samper con derribarlo si no le entregaba tres carteras. Los trabajadores y toda la izquierda vieron en esta amenaza el peligro de la entrada del fascismo en España por la vía legal, como ya había ocurrido en Alemania, Austria e Italia.

Desde principios de año hubo muchas tensiones en el campo. En junio se derogó la Ley de Términos Municipales, que había sido la esperanza de miles de jornaleros para mejorar algo sus vidas; esta Ley quitaba al propietario la libertad de acción para contratar a quien quisiera, libertad que los caciques utilizaban para contratar mano de obra de fuera de los pueblos, dejando en la miseria a los trabajadores del campo.

A partir de ahí se produjeron huelgas, que fueron duramente reprimidas, y hubo abundantes detenciones tanto de trabajadores huelguistas como de dirigentes políticos, alcaldes de izquierdas y hasta diputados.

En este clima se fue gestando una gran Huelga Revolucionaria, que cristalizó en octubre, y que fue rápidamente dominada por el Gobierno, que utilizó todos los medios represivos a su alcance. El movimiento revolucionario se sofocó de inmediato en Madrid y Barcelona, así como en las demás regiones; sólo en Asturias pudo mantenerse unos días, debido a la unidad ejemplar de todas las fuerzas izquierdistas (UHP), y quizá a una mejor preparación: tenían armas y también dinamita. El día 5 de octubre se proclama la República Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo.

El Presidente Lerroux llamó a Franco y a Goded para que organizasen la represión. Se envió a la Legión y a los Regulares de Marruecos. El día 10 se acabó todo con la caída de Gijón.

La represión fue durísima en todo el territorio nacional: se calculan unos 30.000 detenidos: socialistas, cenetistas, catalanistas (Companys fue condenado a muerte), Largo Caballero, el propio Azaña… A continuación se descabezó el movimiento obrero.

En el campo se produjo el caos: los propietarios tomaban represalias por su cuenta; hubo miles de despidos; se volvió a la semana de 48 horas y se redujeron los salarios. Hubo 20 sentencias de muerte. Lerroux no quería que se ejecutasen, pero Gil Robles se negaba a las conmutaciones, y por ese motivo dimitió.

La sociedad quedó profundamente dividida: eran los antecedentes de la Guerra Civil.

En la provincia de Valladolid, provincia agraria por excelencia, y cuya mayor fuerza laboral eran los jornaleros del campo, la huelga fue secundada en muchos pueblos, aunque sin éxito. Se proclamó de inmediato el estado de guerra y comenzaron las detenciones. La ciudad volvió a la normalidad el día 7, pero en los pueblos hubo más resistencia.

En Medina de Rioseco se asaltó una armería; murió un sargento, fueron heridos un teniente y cuatro guardias civiles y se practicaron más de setenta detenciones.

En Tudela de Duero hubo enfrentamientos y más de cincuenta detenidos. En Aguilar de Campos, tal como recoge la prensa del momento, “se proclamó el Comunismo Libertario”. Los huelguistas desarmaron a uno de los guardias y se hicieron con el Ayuntamiento. Este hecho se saldó con abundantes detenidos. Lo mismo ocurrió en Peñafiel, en Fombellida, en Cabezón de Pisuerga, en Corcos del Valle, en Cigales, y en varios pueblos más.

A continuación, el Gobierno organizó una represión durísima: se detuvo a cientos de personas; se clausuraron decenas de Casas del Pueblo, y se destituyó a los republicanos de todos los puestos de poder: alcaldías, concejalías, actas de diputados…

Así, la mayoría de los Ayuntamientos, incluido el de Valladolid capital, fueron suspendidos.

La represión continuó durante los siguientes meses, practicándose detenciones en muchos pueblos, estuvieran o no los detenidos complicados en la intentona; hubo además registros domiciliarios, acoso y persecución.

El año 1.935 comienza en España con 35.000 presos políticos; los partidos políticos y sindicatos de izquierdas, prácticamente desarticulados, los obreros en manos de los patronos y caciques, y un problema de paro gravísimo.

Con este panorama comenzaron a celebrarse en todo el país los consejos de guerra a los detenidos.

Estos encausados por la huelga de octubre cumplirán penas más o menos largas en prisión; algunos, hasta que sean amnistiados en febrero del 36 por la victoria electoral del Frente Popular.

Y son precisamente las personas con estos antecedentes, así como en muchos casos, sus familiares directos, las primeras víctimas del golpe de estado de julio del 36: nuestras investigaciones confirman los asesinatos y ejecuciones de la inmensa mayoría de estos detenidos del 34 durante los primeros días del golpe a manos, principalmente, de los grupos falangistas de sus propios pueblos, que actuando de forma incontrolada, sacaron a estas personas de sus casas, las asesinaron e hicieron desaparecer por montes y cunetas en fosas anónimas e ilegales, se incautaron y destruyeron sus bienes e intentaron, por fin, hacer desaparecer para siempre su memoria.