Como lo hemos venido denunciando, con la complicidad de todos los partidos que aprobaron la cobarde e infame Ley de Memoria Histórica, el Gobierno socialista está acelerando su aplicación con el objetivo de escamotear la verdadera rehabilitación política y judicial de las víctimas de la represión franquista.

No habrá pues anulación de la sentencias franquistas, sólo el derecho a obtener una “Declaración de reparación y reconocimiento personal” a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos de las resoluciones dictadas “por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura”.

Lo acaba de dejar bien claro el ministro de Justicia a la nieta de Lluis Companys, María Luisa Gally, y al consejero de Interior de la Generalitat, Joan Saura, que acudieron a Madrid para iniciar formalmente el proceso que debe tramitar la Declaración de reparación y reconocimiento de la figura del Presidente de la Generalitat fusilado por los franquistas tras ser arrestado y entregado por la Gestapo en 1940. Bermejo sólo se comprometió a tramitar aceleradamente la Declaración de reparación y reconocimiento; pero dejó en manos de la Fiscalía la decisión de anular la sentencia de condena a Lluís Companys. Y por si había alguna duda, poco después, en el Senado, lo ha precisado más. Efectivamente, en respuesta al senador de la Entesa Catalana del Progrés Miquel Bofill, Bermejo afirmó que la decisión de anular la sentencia de condena de Lluís Companys dependía de la Fiscalía, y que, llegado el momento, existirá “sensibilidad sobrada” para que la decisión judicial esté en “la línea de lo que debe ser”, pero siempre con “el respeto de los tribunales y la Fiscalía”.

Más claro agua: el gobierno socialista no irá más lejos de lo que los magistrados decidan, y, hasta ahora, ya hemos visto lo que han decidido en esta materia. La “materia pendiente de la Transición”, pero que la mayoría de la judicatura -por supuesto de derecha- considera definitivamente cerrada con la Ley de amnistía de 1977. Esa Ley de punto final para los crímenes del franquismo que los dirigentes “antifranquistas”, que pactaron la Transición, aceptaron tan cobarde y resignadamente.

Se “rehabilita” , pero hay que pedirlo…

Más de 30 años han pasado de esa infame claudicación, y ahora, por la cobardía del Gobierno socialista, es necesario pedir un certificado al Ministerio de Justicia para reparar la memoria de los que sufrieron la represión franquista. Por ello ERC ha calificado de vergonzoso, refiriéndose a la gestión (muy mediática) de la nieta de Companys y del consejero Saura en Madrid, que se haya tenido que pedir estecertificado para el Presidente Companys, y que haya tenido que ser la familia la que lo haya solicitado y no la propia Generalitat.

Sólo habrá pues “rehabilitación” individual, y, además de que habrá que solicitarla, será el Ministerio de Justicia el que juzgue si se merece o no. Es decir: el Gobierno de turno; pues, además de que –como ya lo han anunciado- cada caso será estudiado minuciosamente, la lista de los que soliciten este intrascendente certificado puede ser larga… Efectivamente, según lo ha informado el Ministro de Justicia y a pesar de que todos los colectivos de memoria y de víctimas de la represión franquista rechazaron esa Ley, con el de Companys son 139 los casos que ya están en trámite en ese Ministerio en espera del certificado de reparación y reconocimiento.

Y habrá que agradecerlo a Zapatero

Por supuesto, esta vergonzosa “rehabilitación” será rápida para el Presidente Companys, pues así lo ha prometido el ministro Bermejo; pero, para los demás, va para largo y será a cuenta gotas. Companys es un símbolo, y su “rehabilitación”, a pesar de que sea tan tardía y vergonzosa, servirá para que los demás solicitantes se armen de paciencia. Esta ha sido la estrategia de Zapatero, de su Gobierno y de su partido, el PSOE, para neutralizar el movimiento de recuperación de la memoria histórica, y esta es su estrategia para desactivarlo definitivamente ahora y enterrarlo, dándole una sepultura institucional a través de la aplicación de esa Ley y del auto que acaba de tomar el juez Garzón. Pues es evidente que, más allá de las peripecias jurisdiccionales y jurídicas que pueden eternizar la actuación (si sigue adelante), la “iniciativa” de Garzón sólo servirá para mediatizar y quizás agilizar los reclamosde las Asociaciones que piden una mayor implicación del Estado en la localización de los fusilados y enterrados en fosas comunes. Y, consecuentemente, dar credibilidad a las declaraciones del Gobierno y, principalmente, a las de Zapatero asumiendo estos reclamos: “Como Presidente y como patriota no puedo entender que se niegue el derecho a reconocer a familiares muertos en circunstancias trágicas para este país”.

Así,pese a la vergonzosa cobardía moral y política que les ha impedido anular las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la Dictadura, Zapatero, su Gobierno y su partido, el PSOE, quedarán acreditados de ser ellos los que han hecho posible que se inicie un “camino de rehabilitación para miles de personas que sufrieron la persecución de la rebelión militar”. Para acreditar esta idea seguirán contando con los “medios informativos” que hacen “opinión” y con las “diatribas” de los peperos que les acusan, cara a la galería, de “abrir heridas” y “recrear el clima de la guerra civil”.

No olvidemos que la “opinión pública” es maleable y que la sociedad contemporánea está regida por efectos de creenciacambiantes bajo la presión mediática. De ahí que no haya que tomarse a la ligera esta campaña (muy bien orquestada) del Gobierno socialista para desactivar el movimiento de impugnación de su Ley de “Memoria Histórica”.

¡Qué vergüenza! Esperemos que las asociaciones que han venido batallando por la recuperación de la memoria histórica y una verdaderarehabilitaciónde las víctimas de la represión franquista no aceptarán esta sepultura institucional en donde quieren enterrarlas.

17 de octubre de 2008.