De las intenciones de Garzón podremos hablar cuando se pronuncie sobre si es o no competente para seguir la instrucción de la denuncia presentada por diversas Asociaciones de memoria ; pero de las intenciones de la mayoría de los que se han pronunciado ya, sobre la oportunidad y los límites del Auto del Juez, sí que podemos hablar. Y, por todo lo que hemos leído y escuchado podemos concluir que la intención de la mayoría es coincidente con la expresada por el Jefe del Ejecutivo delante los socialistas madrileños. Para Zapatero, miles de españoles “tienen derecho a identificar y saber dónde están sus familiares muertos”. Es decir : los miles de españoles que hasta ahora no han podido hacerlo, por la cobardía moral y política de los que pactaron una Transición de borrón y cuenta nueva, deben tener ahora el derecho de saber eso. Pero, eso y nada más.
Todo parece indicar pues que el Gobierno y el PSOE se proponen aprovechar la denuncia presentada el 14 de diciembre de 2006 y el 18 de julio de 2007 ante la Audiencia Nacional, por las Asociaciones de Memoria Histórica integradas hoy en la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas (PVDF), para aparentar solidarizarse con su reclamo y utilizarlo para dar el cerrojazo final, intentado ya con la Ley de “Memoria Hoistórica”, al proceso de recuperación de esa memoria.
Por eso se sigue con la equiparación de las víctimas y se pone todo el énfasis en el “derecho a identificar y saber dónde están sus familiares muertos”. Además, claro está de seguir manteniendo en el imaginario colectivo la idea de que aquellos trágicos y terribles acontecimientos sólo fueron una “guerra civil” (sin que en ella se enfrentaran concepciones de la sociedad diametralmente opuestas) y que en los dos bandos se cometieron horrores. De ahí que desde las instancias mediáticas se oriente la actual polémica sobre los “hechos” para enterrar definitivamente el por qué de esos hechos ; pues es a ese por qué al que temen todos, ya que su conocimiento pondría al descubierto la falacia de la España reconciliada en la Democracia.
Desgraciadamente, a consolidar esta orientación concurren también historiadores prestigiosos cuya trayectoria profesional parecía preservarlos de toda dependencia al Poder imperante.
No es de extrañar pues que el periódico EL PAÍS, abanderado esta vez de “cerrar las heridas para siempre”, no haya publicado la carta que sigue :
¿Una historia aséptica ?
Tras afirmar que el cine no debe ser “sólo un instrumento de denuncia” sino que debe aportar también “una voluntad de conocimiento, que convierta al pasado en lección de tolerancia para los jóvenes”, el historiador Julián Casanova termina su artículo Guerra y dictadura en el cine español (El País, 8-9-08) afirmando que es “el momento de dejar de lado el impulso reivindicativo, la memoria testimonial de los vencidos, para adentrarse en visiones más críticas y plurales de los horrores que la guerra y la dictadura generaron”.
Cuando el juez Garzón agudiza la tensión entre diferentes memorias, no deja de ser sorprendente esta recomendación de una historia aséptica.
Efectivamente, “no hay historia sin reconstrucción fidedigna de los hechos” ; pero la historia no es sólo eso, también es el “conocimiento” de las causas que los provocaron.
Sí, “visiones más críticas y plurales” ; pero conocimiento también del por qué de “los horrores cometidos durante la guerra y la dictadura” y del por qué de las dos.
Casanova sabe que no fue un enfrentamiento irracional sino ideológico. Unos, para preservar privilegios e imponer un régimen fascista. Otros, para poner fin a esos privilegios y algunos más para defender la democracia parlamentaria que los vencedores desterraron de España durante más de 40 años. Y eso se debe saber, agrade o no a las personas que, “aunque agradecidas a Franco y a su dictadura”, se han “acomodado a la Democracia” y han “ajustado su memoria a los nuevos tiempos”.
Sí, señor Julián Casanova, la historia no debe ser parcial, reivindicativa ; pero tampoco aséptica.
Octavio Alberola
