Público/Ana María Pascual
El día 22 de septiembre ha sido presentada una nueva querella contra Martín Villa y otros cuatro policías por el asesinato de Ángel Almazán
Ángel Almazán falleció por la brutal paliza que le dio la Policía Armada el día del referéndum para el Proyecto de Reforma Política del Gobierno preconstitucional de Adolfo Suárez. El caso se archivó sin investigar. La familia ha recorrido un largo e infructuoso camino judicial.
Rodolfo Martín Villa, en una imagen de 2019. — Ricardo Rubio / EUROPA PRESS
El asesinato impune de Ángel Almazán Luna, un joven madrileño de 18 años, el 15 de diciembre de 1976, a manos de la Policía Armada, ha llegado a los juzgados de Plaza de Castilla este miércoles en forma de querella contra el responsable político, Rodolfo Martín Villa, exministro de la Gobernación en aquella época, y contra tres agentes y su capitán, que participaron directa o indirectamente en la brutal paliza que acabó con la vida de Ángel Almazán. Precisamente este miércoles la víctima hubiera cumplido 63 años.
El día que Ángel fue asesinado se celebraba en España el referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política, con el que Adolfo Suárez, nombrado presidente por las cortes franquistas, pretendía que discurriera la transición entre la dictadura y la democracia. La campaña mediática a favor del ‘sí’ que emprendió el Gobierno se hizo con los partidos políticos aún ilegalizados. Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación, dijo entonces que el Gobierno sería “beligerante” con las posiciones abstencionistas que promovían la mayoría de los sectores de izquierdas, al considerar que la reforma de Suárez implicaba el continuismo del franquismo, el ‘borrón y cuenta nueva’, como, en efecto, sucedió.
Ángel Almazán, foto cedida por su hermano Javier.
Aquel 15 de diciembre, Ángel Almazán, que trabajaba como administrativo en una inmobiliaria, acudió a la manifestación convocada en la madrileña Plaza de Callao por el entonces todavía ilegal Partido del Trabajo de España (PTE). La represión no se hizo esperar. Los antidisturbios de la Policía Armada empezaron a dar porrazos a los manifestantes, a tirar botes de humo… Con Ángel se cebaron: le patearon sin piedad, como consta en el expediente del caso. Culatazos, golpes en la cabeza… Cuando el joven yacía en el suelo, los policías lo arrastraron a un portal, donde habían introducido a otros manifestantes, y allí lo tuvieron media hora. Unas mujeres que habían presenciado la escena desde un balcón lo contaron todo después, pero su testimonio fue en vano.
Dos de los policías llevaron a Ángel Almázan, medio muerto, a la ‘casa de socorro’, desde donde le trasladaron al Hospital La Paz. Cinco días después el joven falleció por las graves lesiones, incluida la fractura de cráneo. Pero su familia no tuvo acceso a la autopsia ni al historial médico. Incluso el chico estuvo custodiado por la Policía en el hospital mientras agonizaba.
El caso se tapó. “No se podía manchar una fecha tan señalada como el día del referéndum que inició la Transición con la muerte de un chico”, dice Javier Almázan, hermano de Ángel, a Público. Javier tenía entonces 13 años. La prensa del Movimiento informó discretamente con la versión oficial de los hechos: el joven había muerto al golpearse con una farola, iba bebido.
Con la presentación de la querella contra Martín Villa y los policías que participaron en la agresión mortal a su hermano –Francisco Zambrano García, Tomás González Cid, Leoncio Domínguez Rubio y el capitán José González Pagliery–, Javier Almazán cree que “se abre una oportunidad nueva contra la impunidad. Es un paso más de un camino que algún día tendrá sus frutos”, dice. Esta querella es un nuevo escalón en la larga y tortuosa lucha que emprendieron sus padres y él mismo para hacer Justicia.
El tortuoso camino de la familia para pedir justicia
Nada más fallecer Ángel, sus padres interpusieron una denuncia. Un juzgado de instrucción abrió diligencias y declararon los testigos, incluidas las dos mujeres que habían presenciado la paliza. Pero el juzgado se inhibió a favor del Juzgado Militar Permanente 4, al estar involucrados los policías. El 2 de diciembre de 1977 se incoó la causa, que se archivó días después, el 15 de diciembre de ese año “por no poder determinarse quiénes provocaron las lesiones que ocasionaron la muerte de Ángel Almazán”. En aquella instrucción de la jurisdicción militar ni siquiera llamaron a declarar a los testigos.
La Ley de Amnistía de 1977 cerró las puertas a la familia de la víctima para seguir el camino judicial. En 1999, con la aprobación de la Ley de Solidaridad de Víctimas del Terrorismo lo volvieron a intentar, pero su caso, un caso claro de represión policial, no se contempla en la legislación estrella del Gobierno de Aznar. “Nos dijeron que sólo se admitían reclamaciones por casos de terrorismo de ETA y alguno de violencia de extrema derecha, pero el nuestro no tenía encaje en la ley”, explica Javier.
La familia recurrió la decisión del Gobierno en un procedimiento contencioso-administrativo que también fue rechazado. El Tribunal Supremo tampoco admitió el recurso. “Nos hemos encontrado siempre las puertas cerradas. No se quiere admitir por parte del Estado la violencia policial en la Transición”, se queja el hermano de Ángel.
Cuando el joven falleció, los activistas antifranquistas llevaban contabilizados treinta asesinatos a manos del aparato de represión del régimen, crímenes que siguen impunes en base a la Ley de Amnistía.
En 2007 la Ley de Memoria Histórica sí que reconoció el caso de Ángel Almazán, pero el reconocimiento supo a poco. La familia obtuvo un documento del Gobierno en el que se afirma que el joven había sido perseguido por sus ideas políticas “falleciendo por las heridas sufridas en el trascurso de una manifestación reprimida por la Policía”. “Se cuidan mucho de poner claramente que murió a golpes de la Policía”, dice Javier, que añade: “Yo sólo quiero que el Estado reconozca que la Policía, ordenada por el entonces ministro Martín Villa, asesinó a mi hermano. No busco revancha, solo justicia”.
Pero no existe sentencia judicial con esa aseveración. Ese es el problema. Nunca se ha investigado y se ha castigado a los responsables de la muerte de Ángel Almazán. Gracias al abogado de Javier, el histórico Teodoro Mota, fallecido el año pasado, se pudo conseguir una copia del expediente del caso, donde constan los nombres de los agentes involucrados, la autopsia que se le practicó a Ángel y el sumario militar. “Si el caso se pudiera reabrir, esta documentación demostraría cómo fue asesinado Ángel”, dice la abogada Nieves Sanz, una de las letradas de CeAquea, la plataforma que persigue acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo.
Según esta abogada, las querellas que se han interpuesto por todo el Estado contra responsables de la represión no se están admitiendo a trámite “en base al principio de legalidad, porque dicen los jueces que el delito de lesa humanidad no estuvo tipificado hasta 2003; también en base a la Ley de Amnistía y por prescipción”. De momento, son ya unas 70 las querellas que CeAqua ha presentado pidiendo que los crímenes se investiguen y se señale a los responsables”.
Esta nueva querella se presenta justo cuando se cumple un año del interrogatorio al que fue sometido Rodolfo Martín Villa por parte de la juez argentina María Servini en el marco de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Martín Villa está acusado de permitir el asesinato del joven Arturo Ruiz, en 1977; de la masacre del 3 de marzo en Vitoria, donde murieron cinco obreros; de la represión policial en los Sanfermines de 1978, con un joven muerto y centenares de heridos; y de cinco muertes durante la Semana Pro amnistía de mayo de 1977. CeAqua, responsable de la querella argentina, aún no tiene conocimiento de la decisión de la jueza Servini respecto a Martín Villa.