Según informaron fuentes de este órgano judicial, “en su momento se redactará la correspondiente resolución”, agregando “que han anunciado voto particular discrepante los magistrados José Luis Calvo y Angel Juanes”.
En espera de conocer el tenor de la resolución y del voto particular de los dos magistrados discrepantes, para demostrar el no respeto de la normativa jurídica en vigor sobre revisión de sentencias, denunciamos el carácter político de la decisión tomada por los magistrados Angel Calderón, Javier Juliani y Agustín Corrales dando mayor crédito al montaje acusatorio de la policía franquista que a las declaraciones de los verdaderos autores de las acciones por las cuales fueron condenados y ejecutados Granado y Delgado, que siempre negaron ser los responsables. Declaraciones confirmadas por los coordinadores de Defensa Interior, el organismo que la propia policía y prensa franquistas presentaron como organizadores de aquellas acciones.
Hasta ahora el Supremo había desestimado los recurso de revisión por no estar fundados en la presentación de un “hecho nuevo”. Esta fue la razón argüida recientemente por estos tres magistrados para denegar la instrucción del recurso de revisión del juicio que condenó a muerte a Joan Peiró en 1942. Sin embargo, ahora, los mismos no quieren tomar en consideración el “hecho nuevo” que representa el testimonio de los dos verdaderos autores de los hechos de 1963. Y ello a pesar de que el Tribunal Constitucional sí tomó en consideración este “hecho nuevo” para amparar en 2004 a las familias de Granado y de Delgado contra el primer Auto del Supremo denegando, en 1999, el recurso de revisión presentado en 1998 por estas familias.
No cabe pues la menor duda de que la decisión de estos tres magistrados esta motivada por evidentes razones ideológicas (reconocer a la dictadura franquista como la “legalidad de la época”) y no por razones jurídicas. En este sentido, el Tribunal Supremo no decide en función de la actual jurisprudencia sobre revisiones y se sitúa fuera del Estado de derecho de la Justicia de los países democráticos.
13 de diciembre de 2006. Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado
Señoría :
Las agencias de prensa han informado que la Ley de Memoria Histórica del Gobierno se enfrentará mañana a las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, que la considera innecesaria y peligrosa, y por ERC e IU, que la consideran insuficiente por no “hacer ningún tipo de revisión o anulación con valor jurídico de los juicios sumarísimos del franquismo, y que CiU y PNV han anunciado que, “a pesar de su apoyo a la tramitación de la norma, también exigirán la revisión efectiva y que así constará en sus enmiendas”.
Olvidándonos del PP, que sabemos lo que defiende, es una vergüenza que los partidos que siempre se han reclamado de la Democracia no sean capaces de adoptar una posición común para poner fin a una situación que la deshonra y debilita desde hace casi treinta años. Y ello a pesar de que todos dicen estar de acuerdo en lo injusto e inaceptable de esta situación.
Es pues un deber poner fin a esta vergüenza, a este deshonor, y llegar a un acuerdo consensuado para rehabilitar a las víctimas de la represión franquista.
Nosotros creemos que tras 30 años de aceptación de esta vergonzosa situación (que hasta jurídicamente es un anacronismo) no tiene gran importancia que se declare la nulidad de las sentencias por Ley o por medio de una Resolución solemne e institucional del Congreso que restituya el honor de las víctimas. Esto es lo que espera la opinión pública y lo que la historia recordará.
Le pedimos pues que su Grupo proponga o apoye la aprobación de una Resolución que declare la incompatibilidad de las sentencias pronunciadas por los Tribunales represivos de la dictadura franquista con los principios y valores que defendían las víctimas y que hoy la Democracia los proclama también como suyos.
Todas las revisiones solicitadas hasta el día de hoy en el Tribunal Supremo tenían este objetivo. Si sus Señorías lo consiguen, tengan la seguridad de que cuantos las han solicitado las retirarán, pues ellas también “están orgullosas de que el franquismo les declarara culpables de auxilio a la rebelión y no quieren revisiones”. Lo que quieren y lo que esperan es el reconocimiento público e institucional de la Democracia a todos los que lucharon y sufrieron represión por defender las libertades que hoy son constitucionales.
Atentamente
Octavio Alberola / Antonio martín
Por el “Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado”
