Esta escandalosa vergüenza es el resultado de la aceptación de la ley de amnistía de 1977, que perdonaba a los que habían luchado por la democracia y garantizaba la impunidad a los responsables de los crímenes franquistas, y del indigno comportamiento de los Gobiernos sucesivos de la Democracia restaurada, que no se han atrevido a romper esta atadura institucional con el régimen fascista de Franco (“todo queda atado y bien atado”). Gobiernos que no sólo no se atrevieron a romper esta atadura sino que, además, permitieron a la Judicatura transformarla en doctrina para negar el cuestionamiento de la justicia represiva del franquismo.
Por ello no es de extrañar que no fuera hasta finales de los noventa que pudiera intentarse un tal cuestionamiento (caso Granado-Delgado en 1998) y que, desde el seno de la sociedad civil, comenzaran a formarse (en 2000) grupos y asociaciones para luchar contra el olvido y para exigir se hiciera justicia a las víctimas de la represión franquista.
Así, gracias al esfuerzo y a la labor de estos grupos y asociaciones, los partidos progresistas “despertaron” de la profunda amnesia histórica en la que habían vegetado desde la “transición” y comenzaron a comprometerse con el proceso de recuperación de la memoria histórica. Un compromiso tardío, pero que finalmente les hizo asumir la presentación de iniciativas parlamentarias reivindicando el honor de cuantos sufrieron represión por defender las libertades que el régimen franquista habían conculcado al pueblo español. Fueron pues los recursos de revisión, presentados ante los Tribunales Supremo y Constitucional, y la acciones para reabrir las fosas comunes en donde habían sido enterradas las personas fusiladas por los fascistas al comienzo del levantamiento, lo que permitió al proceso tener cada vez más fuerza y extensión, y culminar, tras el triunfo electoral socialista de 2004, en un compromiso gubernamental : presentar una Ley para rehabilitar y reparar a las víctimas de la represión franquista y romper definitivamente con el pasado que ataba aún a la Democracia con la Dictadura.
Y fue así que, tras muchos aplazamientos, el Gobierno socialista del Sr. Zapatero hizo finalmente público, el 28 de julio de 2006, su anteproyecto de Ley. Pero, contrariamente a lo que se esperaba, no sólo no contempla la rehabilitación jurídica (la anulación de las sentencias) de las víctimas de la represión franquista sino que, con el pretexto de “reconciliación” y “concordia”, equipara además a víctimas y verdugos, defensores de la legalidad republicana y golpistas.
Es por ello que, junto con los demás grupos y asociaciones de memoria histórica, rechazamos este proyecto de ley. Una ley que, de aprobarse, sería un deshonor para un Gobierno que se reclama socialista y para un partido, el PSOE, que hasta ahora se honraba de su pasado antifranquista. Llamamos pues a todos las fuerzas progresistas a hacer suya la exigencia de que se proponga y apruebe una resolución institucional del Congreso de los Diputados declarando nulas todas las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura franquista para que sea efectiva la rehabilitación moral y jurídica de las víctimas del franquismo.
Grupo de recuperación de la memoria libertaria Valladolid
