Madrid 28/06/2009 (Europa Press)
Según estas organizaciones, esa comisión nacional debería estar integrada por representantes de la fiscalía y la judicatura, del Gobierno, los cuerpos policiales y las instituciones de derechos humanos y asociaciones para la memoria para que cumpliera con los “estándares internacionales” de “verdad, justicia y reparación”. La actual ley de la memoria es en realidad para estas organizaciones una “vergüenza histórica” porque asume el modelo de “búsqueda, localización y exhumación” a partir de una Orden dictada por el régimen de Francisco Franco en 1940, y no el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
“Lamentamos que, con ello mismo, nuestras autoridades democráticas —no ya la sangrienta dictadura franquista precedente — vengan haciéndose responsables de la prolongación de la incertidumbre y el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos, lo que es constitutivo de un trato cruel e inhumano prohibido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 3), por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 7) y por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículos 1 y 16)”, explicaron en el comunicado.
Para estas organizaciones, el Estado “continúan desatendiendo obligaciones esenciales”, reiteradas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos, tanto de los colectivos de familiares de desaparecidos en grandes fosas como para los “niños perdidos” durante el franquismo.
