Según informó la Consejería de Justicia y Administración Pública en un comunicado remitido a Europa Press, en esta página se incluyen, entre otros datos, la militancia política o sindical, la profesión, así como las circunstancias de desaparición y el lugar en el que fueron inhumados las víctimas.

La web se presentó en el marco de las jornadas “Todos los Nombres”, organizada por la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) y la Confederación General del Trabajo de Andalucía (CGT-A), que acoge la sede del Centro Cultural El Monte durante tres días y en las que expertos y estudiosos del franquismo abordarán en mesas redondas y conferencias diferentes aspectos de la recuperación de la memoria histórica en Andalucía.

El proyecto “Todos los Nombres” inició su andadura en octubre del pasado año con la firma de un convenio entre la citada Consejería, las entidades organizadoras, la Fundación El Monte y la Universidad Pablo Olavide, con el objetivo de colaborar en el reconocimiento público de todas aquellas personas que sufrieron la represión franquista, aportando información desconocida y haciéndola accesible.

Asimismo, el trabajo persigue, según marca el convenio, “hacer de la memoria un factor de identidad social, reafirmando los valores y convicciones que deben sustentar una sociedad democrática y generar un proceso social de memoria frente a olvido, en particular el que afecta a las personas que, como consecuencia de la represión, deben ser objeto de reparación ética y reconocimiento público”.

En la inauguración de dichas jornadas, la consejera recordó que Andalucía es la primera comunidad que aborda legalmente el compromiso de recuperar la memoria histórica y afirmó que el Gobierno andaluz “está dando pasos muy importantes para que, con un escrupuloso respeto a la verdad, podamos reparar esa enorme deuda que todos tenemos con miles de familias andaluzas”.

En este sentido, la Consejería de Justicia y Administración Pública ha contribuido con 70.000 euros para la realización de este proyecto, concretamente para las actuaciones de carácter investigador que llevan a cabo la Asociación Andaluza de Memoria Histórica y Justicia y la Confederación General del Trabajo de Andalucía con el objetivo de crear la base de datos con toda la información disponible.

Al final del acto, la consejera hizo entrega de un diploma honorífico a José María Romero Calero, Comisario de la Junta de Andalucía para la Recuperación de la Memoria Histórica, que fue detenido y encarcelado en el estado de excepción de 1969 y condenado por el Tribunal de Orden Público en 1970.

Durante el desarrollo del acto de Inauguración la Base de Datos de la página Web vio incrementado con más de cuatrocientos nombres correspondientes a “presos” de la zona de Alora (Málaga).

PALABRAS DE ANTONIO SOMOZA, SECRETARIO GENERAL DE CGT.A EN EL ACTO DE APERTURA.

Hace poco más de doce meses, el 3 de octubre del pasado año, se firmó el convenio de colaboración del proyecto “Todos los nombres”. Un proyecto surgido de la sociedad civil, avalado convenientemente por destacados especialistas académicos y que, tras diversos avatares, obtenía el respaldo de las instituciones para su puesta en marcha.

Se trataba y se trata de un proyecto muy ambicioso y complejo que trata de poner nombre y apellidos a decenas de miles de andaluces y andaluzas que sufrieron directamente la represión de la dictadura y que, posiblemente nunca pueda completarse al cien por cien. Han pasado ya más de 70 años desde que se desató una represión múltiple, sistemática, masiva y prolongada…, sin parangón en la historia contemporánea de este país.

Múltiple, porque los modelos represivos son amplios y ocupan todas las facetas de la vida y de la muerte. Los más sangrantes fueron los asesinatos mediante fusilamientos indiscriminados o tras la celebración de simulacros de juicios que, dicho sea de paso, deberían ser anulados a iniciativa de la propia administración de Justicia que no puede seguir amparando que se utilizara su nombre para la ejecución de asesinatos masivos, sin ningún tipo de garantía legal.

Pero hubo más muchos más modelos represivos, algunos de los cuales fueron copiados por otras dictaduras. Antes de que la aviación rebelde bombardera Guernica, muchas ciudades andaluzas habían sufrido el bombardeo de objetivos civiles. El caso más destacado es el de Málaga cuya población fue bombardeada y ametrallada mientras trataban de recorrer a pie los 200 kilómetros que separan su ciudad de Almería. Según los testimonios de los supervivientes, entre 3.000 y 5.000 personas perdieron su vida, su nombre y su historia en aquella desesperada huida.

Es posible que en algunos casos, como éste, nos tengamos que conformar con conocer el número, al menos aproximado, de fallecidos, pero no ocurre así en el resto de los casos. La mayor parte de los nombres de los fusilados, de los encarcelados, de los que realizaron trabajos forzados, de los exiliados y deportados a campos nazis, de los sancionados en sus trabajos, de los niños robados y/o reeducados, en fin de los represaliados por el franquismo, pueden ser recuperados y sus historias divulgadas y honradas. El recuerdo de muchos de ellos duerme hoy en día en los archivos de diferentes administraciones (Interior, Justicia, Guardia Civil, Defensa, Asuntos Exteriores…) y ya va siendo hora de que se facilite el acceso a todos esos fondos documentales. Es una obligación democrática hacia ellos y un posicionamiento claro frente a las dictaduras y sus métodos.

Renunciar a esa recuperación supondría dar una nueva victoria a la Dictadura. La represión indiscriminada fue utilizada como arma de guerra, para aniquilar o anular por el miedo a cualquiera que pudiera plantear problemas al régimen. Las palabras del director del golpe, el general Mola a los alcaldes navarros, el mismo día 18 de julio, no dejan lugar a dudas sobre el método a utilizar : “Hay que sembrar el terror, hay que dar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”. Y lo hicieron con diligencia y lograron su objetivo de acallar de una u otra forma a todos los que no pensaban como ellos.

El silencio de los cementerios o del miedo se adueñó del país. Y eso se tiene que acabar.

Recientemente en una reunión de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga, la hija de un fusilado compartió la lucha interior que aún hoy mantiene entre el deseo de recuperar los restos y la memoria de su padre y la promesa que le hizo a su madre antes de morir de que no se iba a meter en política. Es necesario romper el silencio y conocer las verdaderas dimensiones de una dictadura sanguinaria y que, aunque con ritmo decreciente, no dejó de utilizar la represión hasta sus últimos momentos. En marzo de 1974 se produjo la última ejecución política en la persona de Salvador Puig Antich, a la que habían precedido Delgado, Granados, Grimau y una extensa lista de opositores al régimen. La lista se hará casi interminable si contamos a todos los que pasaron largos años en prisión, realizando trabajos forzados o depurados de sus puestos de trabajo y a los niños que fueron secuestrados o reeducados en contra de las ideas de sus padres.

No seremos totalmente conscientes de las características de genocidio que tuvo la represión franquista, sin conocer todos los nombres, todas las historias truncadas por el furor homicida de los que tenían como objetivo “sembrar el terror”.

Ese es el principal objetivo del proyecto que en si mismo es una forma de homenaje y reconocimiento a la víctimas, a todas las víctimas de la dictadura. En el año de vida del proyecto se ha avanzado mucho. Al margen de la información que está disponible en Internet se han recibido más de un millar de correos electrónicos, solicitando información de algún familiar o aportando datos de los que tenían conocimiento y se han realizado las primeras microbiografías, como el mejor reflejo de lo que se desea conseguir.

Me gustaría recordar aquí la labor que han realizado los cronistas e investigadores locales que al margen, o paralelamente a los Ayuntamientos, han investigado por su cuenta lo ocurrido en multitud de pueblos. El papel de las corporaciones municipales, como el del resto de la administración, no ha sido todo lo diligente que se podría esperar, aunque, bien es cierto, que algunos comienzan a rectificar esa actitud. También tenemos que lamentar la nula respuesta de las organizaciones políticas y sindicales históricas a todos los intentos realizados para que formen parte del amplio grupo de colaboradores del proyecto.

No podemos entender esa falta de colaboración e implicación en el desarrollo de un proyecto que surge de la sociedad civil, que responde a una demanda importante de los ciudadanos, ante el olvido que amenazaba con sepultar para siempre la memoria de los perdedores, de las víctimas de la dictadura. Si queremos tener una sociedad libre, crítica y con pulso democrático es preciso favorecer iniciativas como esta, facilitando los apoyos necesarios para realizar el trabajo y respetando la autonomía de los promotores en su desarrollo.

No hay ánimo de venganza ni de revancha en estas iniciativas. No creemos que poner al descubierto las miserias de las dictaduras pueda poner en peligro la convivencia en libertad. No ocurre en Latinoamérica, donde nuestro país ha colaborado recuperando fosas comunes en Guatemala o aclarando judicialmente las prácticas de torturas en Argentina o Chile y no debería ocurrir en España.

La tarea de recuperar la memoria colectiva o, si lo prefieren, de aproximar la Historia a lo que realmente ocurrió es una tarea amplia y todos pueden y deben colaborar. Hay faena para todos, para romper el silencio y recuperar la memoria de decenas de miles de andaluces y españoles que sufrieron en sus carnes el terror que preconizaba el general Emilio Mola.