De nuevo queda de manifiesto el nulo interés que desde el Estado, ocupe el partido que ocupe su administración, se tiene en esta cuestión que, a pesar de cuarenta años de Dictadura, una Transición tutelada y otros 25 de democracia amnésica, sigue estando presente en miles de familias españolas y, lamentablemente, es objeto de utilización política. Ya durante los años setenta y ochenta hubo una práctica unanimidad en acallar los esfuerzos de centenares de familias por encontrar y exhumar a sus familiares asesinados y desparecidos. Pero aunque parecieran que lo habían logrado, desde finales de los noventa el tema resurgió con mayor fuerza y, en esta ocasión, intereses partidarios incluidos, el tema ha dado pasos muy importantes hasta el punto de que, de nuevo, se intenta desactivarlo. La actitud de la fiscalía hay que entenderla en este contexto. Como la famosa llamada ley de la Memoria que parece ser otra de punto final como la de amnistía de 1977 según asegura el auto del fiscal.
Una de las críticas más comunes que se realizan al deseo de los familiares de localizar y rescatar a sus familiares es que con su actitud se empaña la pacífica convivencia social. Una falacia de la que parece hacerse eco, según las noticias aparecidas, en el informe ya que se dice que las denuncias pretenden la búsqueda de los autores de aquellos asesinatos. Así, el argumento del rencor está servido. Sin embargo, sin entrar en por qué hay que renunciar a que se haga justicia, como en innumerables ocasiones han dicho por activa y pasiva los denunciantes, y ahora ha reafirmado Juan Pérez Silva en la prensa, en este caso no interesan tanto los verdugos como la negativa a que, siquiera, llegue a saber donde fue enterrada su madre. Una actitud que los centenares de exhumaciones realizadas hasta ahora demuestran ya que ninguna de ellas ha atizado ni el odio ni la revancha. Antes bien, al contrario, han constituido actos de dignificación y de plena reconciliación. Las denuncias presentadas no iban contra nadie en concreto sino que lo que buscaban era pedir el auxilio judicial para obligar al Estado español a que asuma sus responsabilidades en la localización de desaparecidos.
Uno es lego en esto del derecho y escribe con la cautela de sólo conocer la filtración del informe a la prensa, pero si no mienten hasta mis luces alcanza que si se hubiesen aplicado los argumentos del fiscal – que las desapariciones no pueden ser consideradas un delito de lesa humanidad que no prescribe ya que esta tipificación no existía en 1936- a los crímenes cometidos por los nazis nunca se hubiera celebrado el juicio de Nuremberg, como tampoco, más recientemente, en España se hubiera recurrido al derecho internacional para juzgar al argentino Scilingo y no reconocer las leyes de amnistía de la República Argentina. Parece que el Estado español se considera competente para investigar las desapariciones en todo el mundo salvo en su propio territorio basándose en aquella idea de que todo había quedado atado y bien atado.
Tiempo habrá, y personas más cualificadas, para afrontar la cuestión desde un punto estrictamente jurídico, ahora sólo mostrar la más profunda decepción por una actitud que obvia las recomendaciones de diversos informes de Amnistía Internacional o de la Asamblea del Consejo de Europa que hace unos meses recomendó al estado español que hiciera frente al problema de los desaparecidos.
Parece como si el árbitro pitara el final de un partido antes de que hubiera comenzado a jugarse. Sin embargo, familiares y asociaciones no van a cejar en que una situación tan vergonzante desaparezca y, si es preciso, recurrirán a los Tribunales Internacionales poniendo, una vez más, de manifiesto las sombras de la modélica Transición. Nunca está demás recordarlo cuando estamos en puertas de una campaña electoral.
JOSÉ LUIS GUTIERREZ MOLINA | LA VOZ
