La reforma ha sido pactada por todos los partidos, salvo el PP, dentro del acuerdo de la Ley de Memoria y supone reformar la ley de 1998 para flexibilizar los requisitos necesarios para demostrar la propiedad de los bienes reclamados. En aplicación de esa ley los partidos han recibido ya 27.839.135 euros.

Requisitos

Sin embargo, algunas reclamaciones importantes fueron rechazadas por no estar suficientemente acreditada la propiedad. Ahora se trata de reducir los requisitos y no será necesario ni acreditar la propiedad, ni siquiera que el inmueble en cuestión estuviera expresamente dedicado a actividades del partido.

La reforma legal parte de una proposición de ley presentada en su momento por IU, ERC y CiU, pero que estaba bloqueada desde hace meses. Sin embargo, fuentes del Gobierno y del PSOE admiten que para que PNV y CiU votaran a favor de la ley fue preciso acordar el desbloqueo de la norma.

De hecho, el PNV será uno de los más favorecidos, puesto que recibirá una sustanciosa compensación por la que fue su sede de París, un palacete en el que ahora está instalado el Instituto Cervantes y que fue valorado en 12 millones de euros.

CiU, también

La posibilidad de que los nacionalistas vascos sean indemnizados por esa propiedad queda abierta con una enmienda ad hoc pactada la semana pasada en la que se hace referencia a bienes incautados como consecuencia de legislaciones o procedimientos realizados fuera de España y con legislaciones de otros países. Esa sede le fue incautada al PNV durante la invasión nazi de París.

CiU recibirá también una importante indemnización, ya que Unió Democrática de Cataluña fue fundada en 1930 y le fueron incautadas tras la Guerra Civil numerosas cuentas bancarias. En su momento este partido no pudo acreditar la propiedad de esas cuentas, pero ahora sí podría hacerlo con esta reforma legal.

La ley en trámite establece un máximo de cuatro millones de euros por partido para las indemnizaciones por las cuentas incautadas.

PSOE, ERC e Izquierda Unida, a través del PCE, también podrán reactivar reclamaciones que no pudieron cobrar con la anterior redacción de la ley de 1998. Obviamente, el PP, que se opone radicalmente a esta reforma legal, no puede hacer reclamaciones porque no puede considerarse heredero de ningún partido existente en los años treinta.

La reforma legal establece un criterio discrecional amplio para que el Gobierno tramite y acepte las reclamaciones presentadas.

La proposición de ley será aprobada hoy en lectura única, es decir, no es preciso que pase por el Pleno del Congreso y será enviada al Senado para su aprobación por el procedimiento de urgencia, es decir, antes de final de año estará en el BOE y en vigor.

Público. FERNANDO GAREA. 11/11/2007