CTXT/Gorka Castillo
Un primer juzgado ha admitido a trámite una querella contra González Pacheco por las torturas que infligió durante el franquismo
Un juzgado de Madrid admite a trámite una nueva querella por presuntos crímenes de lesa humanidad contra Billy el Niño mientras la causa abierta en Argentina contra una veintena de miembros de la dictadura supera ya las 400 denuncias
Escrache a Billy el Niño en septiembre de 2018 con una pancarta con los rostros de sus víctimas.
La muerte a granel que sembró el franquismo por los campos de España fue sólo una parte de su ajuar siniestro. A muchos les dejó un rastro de cicatrices tan indelebles que todavía duelen. La prueba está en el juzgado de instrucción número 49 de Madrid, que acaba de admitir a trámite una denuncia más contra el torturador franquista Antonio González Pacheco
Billy el Niño
, “un sádico de primer nivel”, coinciden sus víctimas. Pese a que la última palabra volverá a tenerla el Ministerio Fiscal, que será quien determine la competencia del tribunal madrileño para instruir el caso, la admisión de la demanda vuelve a dejar en evidencia al aparato judicial español o, al menos, a una parte de él. Y no sólo por el contenido turbador de acusaciones como las que ha presentado Miguel Ángel Gómez sino porque es extensible a otros cuatro exagentes –Antonio Magro, Víctor Rodríguez, José Antonio Conde y Rafael Núñez– de la tenebrosa Brigada Político y Social que tantos capítulos de la historia del horror escribió durante la dictadura. “Puedo asegurar que Billy el Niño me dio la mayor paliza que he recibido en mi vida. Creí que efectivamente me iba a matar. Creo que fue esa noche cuando me llevaron a la enfermería, para que el médico me hiciera un reconocimiento porque tenía los pies tan inflamados que no podía ni calzarme y tuvieron que transportarme en volandas”, relataba el querellante, exmilitante de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), en una entrevista.
Otras tres causas similares siguen abiertas en España, dos en Madrid, una de ellas presentada por el ayuntamiento de Rivas, y otra más en Valencia. Pero hay muchas más. Hasta 400 testimonios jurados contra esbirros del régimen se apilan en la mesa que la jueza argentina María Servini tiene en la audiencia número 1 de Buenos Aires. Golpes continuados, falsas ejecuciones, humillaciones sexuales, detenciones arbitrarias, incomunicaciones indefinidas, esclavitud en campos de concentración, brutalidad. El goteo no cesa y, poco a poco, empieza a desbordar los cortafuegos que fontaneros de la transición levantaron para orillar el pasado ominoso.
Abogados de las víctimas como Jacinto Lara y magistradas especializadas en derecho internacional como María Servini no se cansan de recordar que los métodos represivos de la dictadura encajan en el catálogo de aberraciones reconocidas universalmente como crímenes contra la humanidad “y por lo tanto son imprescriptibles e inamnistiables”. Sin embargo, la justicia española ha despachado el asunto con apelaciones a la “prescripción de los delitos”, “la ley de amnistía del 77” y “la imposibilidad de aplicar esa calificación a hechos cometidos antes de 2004”, fecha en la que se incorporó al código penal español. Por si quedara alguna duda del talante de España sobre el sistema de legalidad internacional y su determinación para no dar su brazo a torcer, la Audiencia Nacional falló en abril de 2014 que las 14 denuncias, de un total de 40, cursadas contra
Billy el Niño
tampoco eran delitos de lesa humanidad “porque no se trataron de ataques generales y sistemáticos contra la población civil”, sino que fueron hechos aislados.
A Rosa María García Alcón la detuvieron una noche de agosto de 1975, en plena calle, y se la llevaron a la sede que la tenebrosa Dirección General de Seguridad (DGS) tenía en la madrileña Puerta del Sol. Allí la sometieron a palizas continuas durante los seis días que permaneció incomunicada. “Lo recuerdo como un secuestro porque ni siquiera pasé por el registro. Es decir, no constaba que estaba detenida. Me llevaron directamente a un despacho donde estaba Billy el Niño
y ya puedes imaginarte su recibimiento”, recuerda. Tras recibir su ración de maltrato “sobre todo en los pies pero también en otras partes del cuerpo” fue trasladada a la prisión de mujeres de Yeserías. Mientras estaba encarcelada, el régimen aprobó una de sus últimas medidas represivas, la Ley antiterrorista, que se la aplicaron sin compasión. Cuando recobró la libertad nada era lo mismo. El miedo se había apoderado de su vida y las sospechas de persecución planeaban como sombras gigantescas. Dejó sus estudios de medicina y huyó de Madrid en busca de un refugio anónimo. Lejos. No tuvo consuelo para tanto dolor. Entre 1963 y 1977, más de 50.000 personas fueron detenidas y casi 4.000 condenadas en juicios farsa que organizaban los tribunales de orden público (TOP) creados por Franco para someter las veleidades políticas que ya brotaban entre las grietas del régimen. Hoy sigue habiendo cientos de Rosas por las calles. “Esto demuestra que sí hubo una persecución planificada con un objetivo de eliminación selectiva de aquellos que no eran adeptos del régimen y lo manifestaban”, agrega García Alcón.
“Todo es importante para tumbar el muro de silencio institucional. La movilización popular, las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas y sus familiares. ¡Hay que ver su constancia! Estamos hablando de segunda y hasta de tercera generación que siguen reclamando los derechos que les asisten. Los derechos básicos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y gracias a ese empuje se está resquebrajando la impunidad que se ha construido en torno a este tema durante 40 años de democracia”, asegura el letrado Jacinto Lara.
La exitosa recepción entre el público y crítica –ganó un Goya– de la película
El secreto de otros
, el documental más cargado de intención realizado sobre el comportamiento que la dictadura fomentó contra miles de españoles, tuvo que sentar como un tiro a los dinosaurios del régimen que se salvaron de la extinción en 1977 y que hoy mantienen alejados a los 21 encausados en Argentina –abogados, jueces, policías, algún médico roba-bebés y Martín Villa– del bochornoso trance de enfrentarse a la justicia. “Se perdona pero no se olvida”, “verdad, justicia y reparación” son las palabras más comedidas que suelen escucharse a las víctimas de estos crímenes. Casi idénticas a las que pronunció el Relator especial de la ONU, Fabián Salvioli, en su visita a España el pasado mes de septiembre. “Se ha utilizado mal la palabra reconciliación. La reconciliación no es que una víctima perdone a su torturador. ¿Eso qué es? La reconciliación es la recuperación de la confianza en el Estado que vela por tus derechos. Y eso solo se consigue a través de la justicia pero aquí se ha optado por una política de amnesia”, dijo durante su intervención en el Congreso que hizo revolverse a más de un diputado.
La abierta beligerancia de los partidos de derechas hacia estas demandas empuja al abogado Jacinto Lara a insistir en las dificultades que entraña el desafío en los próximos meses. “Influirá la aritmética parlamentaria de la siguiente legislatura. Si la derecha llega al poder no tendremos ningún recorrido desde el punto de vista político-legislativo. Las causas abiertas sufrirán un enorme retroceso y deberemos reconducir el enfoque hacia la presión internacional”. Está por ver la posición del PSOE, como fuerza mayoritaria de la izquierda. La adhesión cautelosa mostrada por Pedro Sánchez en los últimos meses –el traslado de Franco al cementerio del Pardo para el 10 de junio y la posible creación de una Comisión de la Verdad para unificar una versión oficial de la Guerra Civil y la dictadura– tampoco es que haya sido recibida con vítores por los afectados. “Su posición es ambigua. Pretende darle una orientación administrativa con el reconocimiento y el derecho a la verdad, reparación y garantías de no repetición pero vuelve a olvidarse de la justicia”, concluye Lara antes de volver a insistir en que la tortura, la deportación y la esclavitud en campos como Los Merinales no pueden ser obviados por la costumbre de la impunidad, uno de los elementos que, a juicio de Amnistía Internacional, más contribuye a perpetuar la injusticia en el mundo.
