El Salto

El 26 de diciembre se cumplen 10 años de la aprobación de la ley de Memoria Histórica. Una ley que no ha mejorado la situación de las víctimas del franquismo

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Cuando comenzó a anunciarse la intención del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de hacer una ley de reconocimiento y reparación para las víctimas del franquismo, la ilusión iluminó mi pensamiento. Era la que se iba a conocer como la Ley de Memoria Histórica. Pero, desgraciadamente, como era de esperar, el proyecto que fue vislumbrándose demostró que más allá de una intención de sacar a la luz la problemática de las víctimas del franquismo no iba a ser.

Homenaje a las víctimas del franquismo. EFE

CHARO ARROYO

COMISIÓN MEMORIA LIBERTARIA DE CGT

Desde el primer borrador que se facilitó a las asociaciones de recuperación de la memoria histórica y de víctimas del franquismo el proyecto de ley fue muy criticado. A la vista de ese borrador, un año antes de la aprobación final de la ley, hubo numerosas peticiones de enmiendas que apenas fueron atendidas.

Increíble. Se anuncia una ley para paliar el dolor y la injusticia sufrida por las víctimas del franquismo y no se tienen en cuenta las propuestas de las víctimas del franquismo. Es muy indignante que a quienes va dirigida la ley no vean reflejados sus deseos ni sus sueños de justicia. Y yo me pregunto, entonces ¿para qué se hizo esta ley? ¿Una ley para las víctimas del franquismo sin contar con las víctimas?

¿Una ley para las víctimas del franquismo sin contar con las víctimas?

Pero la contestación está en la exposición de motivos de la ley 52/2007 “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. En esta ley aprobada el 26 de diciembre de 2007 en su exposición de motivos se recogen frases tan grandilocuentes como:

“El espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guió la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora”.

“Se trata de peticiones legítimas y justas, que nuestra democracia, apelando de nuevo a su espíritu fundacional de concordia, y en el marco de la Constitución, no puede dejar de atender”.

“En efecto, en dicho precepto se hace una proclamación general del carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas, por motivos inequívocamente políticos o ideológicos, durante la Guerra Civil, así como las que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la Dictadura posterior”.

Pues bien, parece que estas frases recogen grandes propósitos y compromiso con las víctimas. Sin embargo, resulta ambiguo y confuso respecto al articulado reflejado en la Ley de Memoria Histórica.

Ninguna mención de condena a la dictadura franquista sino llamadas a la concordia y a la reconciliación cuando nos encontramos con una necesidad (incluso recogida en la exposición de motivos) de reconocimiento de la injusticia cometida con aquellas personas que sufrieron la represión franquista. Los fascistas ya tuvieron su reparación durante 40 años y más, y hasta hoy.

Y qué decir de las condenas y ejecuciones decretadas por los tribunales sumarísimos del franquismo. Esos “tribunales”, formados por miembros del ejército o adeptos al régimen sin conocimientos jurídicos, que dictaron sentencias sin ninguna garantía de defensa para quienes allí acababan por haber pertenecido a un sindicato, un ateneo, etc. En un arrebato de “denuncia”, simplemente las consideran sentencias injustas y no se declaran nulas de pleno derecho y, por tanto, modificado el estigma de haber sido estas personas condenadas y ejecutadas como delincuentes. Familiares de figuras como Miguel Hernández después de tantos años de reclamación no han conseguido que le sea retirada la condena a quien no realizó ni un solo tiro. Como igualmente siguen siendo considerados culpables Delgado y Granado cuando ha sido demostrado que no fueron los autores del atentado que se les imputa. Como les sucede a quienes hoy, después de más de 40 años de la muerte del dictador, siguen con sus antecedentes penales por actividad política sin anular. Entonces ¿dónde está esa reparación prometida a las víctimas de condenas de tribunales fascistas? Simplemente diciendo que son injustas no se anulan las condenas. ¡¡¡Ya tenemos bien claro que no eran culpables de nada de lo que se les imputaba. Pero los papeles no dicen eso!!!

Otro de los destacados que he seleccionado hace alusión a las desapariciones forzadas, a las fosas en las cunetas. ¿Y qué ofrece la ley? Les da la posibilidad a las familias de acceder a subvenciones en vez de ser la misma Administración quien se encargue de exhumar e investigar esos delitos. Así nos hemos encontrado que con la llegada del PP el presupuesto con el que se han dotado las políticas de memoria es 0 euros. Así, siguen siendo las familias con sus propios medios y buscando donde sea el dinero para poder llevar a cabo las exhumaciones. Y sobre algo tan importante y determinante para la identificación de los restos como es el uso de bancos de ADN queda en el limbo. Solo gracias a colaboraciones que las asociaciones de víctimas han conseguido con universidades se ha logrado realizar pruebas de ADN y muchos restos esperan en cajas que haya dinero para poder realizarlo. Pero lo que es la investigación del delito, las familias no pueden solventarlo. No pueden pagar fiscales, jueces, etc. para que quede judicialmente reflejado el hecho de la localización de los restos y las circunstancias en las que pudo producirse la muerte. Los jueces se niegan a asistir a la apertura de las fosas y levantar acta de la comisión de un delito a pie de fosa. Y ni las fuerzas de orden público asisten a las familias ante el hecho de la localización de restos prueba de delitos. Y cuando se les presentan las pruebas en el juzgado se archivan sin más.

Es indignante esta dejadez de responsabilidad por parte del Estado y que quede recogida en una ley es vergonzante. Ese es el respeto de un Estado que se dice democrático para quienes están en las cunetas por defender la libertad y luchar contra el fascismo. Para una muestra de la falta de implicación de la Administración en la recuperación de los restos que están en fosas es que ni siquiera ha sido el Estado quien ha realizado el mapa de fosas. Los datos que constan son los facilitados por las asociaciones de víctimas. Es para llevarnos las manos a la cabeza.

Se deja a cargo de las familias de los desaparecidos la obligación de exhumar. Es indignante esta dejadez de responsabilidad por parte del Estado y que quede recogida en una ley es vergonzante

De todo lo recogido en la ley, prácticamente, solo se han desarrollado, no sin dificultades, las iniciativas de retirada de símbolos del franquismo. Algo imprescindible y necesario que está en sus inicios en muchas ciudades y pueblos después de 40 años del fin de la dictadura. Inaudito.

Como es igualmente inaudito que una fundación que homenajea a un dictador reciba subvenciones (recordad que desde la llegada en 2012 del Partido Popular no se han dado las subvenciones para exhumar fosas) y se le permita paralizar el cambio del callejero de Madrid. Me refiero a la Fundación Francisco Franco que campea a sus anchas como muchos otros colectivos fascistas.

Además, de nuevo denigrando a las víctimas con la distinción entre víctimas de antes de 1968 y posteriores años. No llego a entender el porqué de esta diferenciación. ¿Hay, incluso dentro de las víctimas del franquismo, víctimas de primera y de segunda? Bastante segundo plato son las víctimas del franquismo respecto a víctimas del terrorismo para esta división.

¿Y los presos sometidos a trabajos forzados? Se recoge como una obligación de la Administración realizar un censo de las obras en las que intervinieron… pero no hay ningún trabajo ni reconocimiento hecho por las administraciones que se sirvieron de aquellas personas para la reconstrucción de España y para engorde de las arcas de muchas de las actuales fortunas empresariales.

Sin querer entrar en el fondo del asunto, quiero recordar que en este mismo año también se ha celebrado el 40 aniversario de la aprobación de la Ley de Amnistía con la que salieron a la calle la gran mayoría de las personas presas por motivos políticos pero que también con ella se amnistiaba a todos los funcionarios públicos franquistas ejecutores de delitos. ¡¡¡¡Nos la dieron con queso!!!! Ahora, nos encontramos con que no se puede llevar al banquillo de los acusados a los pocos que aún quedan vivos como culpables de los delitos de torturas y asesinatos.

No te pueden amnistiar los delitos de los que no has sido condenado y los delitos lesa humanidad no pueden amnistiarse

Ahora se ha presentado una propuesta de modificación en el Congreso. No siendo necesaria si los tribunales españoles cumplieran con la legislación de derechos humanos. NO SON AMNISTIABLES LOS DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD. Pero así seguimos tras más de 40 años de “supuesta democracia”. Dando validez a las leyes preconstitucionales y no cumpliendo con las leyes internacionales y recomendaciones de organizaciones internacionales (Relatores de la ONU, etc.).

Solo pienso que la normalidad de la vida pública y el fin de la Transición, no se producirán hasta que esta democracia no haya roto con el régimen franquista. Han pasado diez años y seguimos igual que aquel diciembre de 2007.