DESAPARECIDA. María Silva, en una foto de los años 30 / L. V. La única denuncia que consta en la Audiencia Nacional sobre los desaparecidos durante el franquismo en la provincia gaditana es la de María Silva Cruz, conocida como La Libertaria. La intención del juez Baltasar Garzón de solicitar información sobre los represalidos a consecuencia del Golpe de Estado de 1936 ha vuelto a sacar a la luz pública las gestiones realizadas por sus familiares y la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia.

La denuncia sobre el paradero desconocido de Silva se cursó ante el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, 71 años después del inicio de la Guerra Civil, por algunos miembros de su familia, entre los que se encontraba su hijo, Juan Pérez Silva, basándose en el supuesto de « detención ilegal y desaparición forzada como crimen de lesa humanidad ».

La presidenta de la Asociación Memoria Histórica en Andalucía, Francisca Maqueda, explicó que para, esclarecer las circunstancias que rodearon al asesinato de La Libertaria en Casas Viejas, se basaron en los datos del historiador gaditano José Luis Gutiérrez Molina. Según sus escritos, el 19 de agosto de 1936, María Silva fue vista por última vez en la casa de sus suegros, de donde fue sacada a la fuerza.

Sus familiares confían ahora en que las actuaciones de Garzón ayuden a que María Silva deje de ser una desaparecida legal y se logre al fin la inscripción de su defunción. Esta inscripción fue solicitada el pasado mes de junio ante el Juzgado de Paterna de Rivera sin recibirse notificación hasta ahora. También a principios de agosto pidieron ayuda al ministro del Interior y diputado por Cádiz, Alfredo Pérez Rubalcaba, para recopilar información sobre la desaparición, y tampoco obtuvieron respuesta. « Si conseguimos esto y se localiza su cuerpo la verdad y la reparación estarían saldadas, pero la justicia quedaría pendiente », aseguran. La orden cursada por el juez Garzón a la Conferencia Episcopal de comunicar a todas las parroquias de España que permitan a la Policía Judicial el acceso a sus libros de difuntos no será un problema para el Obispado de Cádiz. El vicario general, Guillermo Domínguez Leonsegui, comunicó que « cualquier investigador acreditado puede acceder a los libros parroquiales, ya que ésa es la función del archivo ». Aun así, las parroquias gaditanas se mantienen en espera de que la Junta de Asuntos Judiciales de la Conferencia Episcopal envíe una circular a todos los obispados españoles para unificar criterios a la hora de llevar el tema.

03.09.08 – SANDRA SALAZAR | www.lavozdigital.es