Por primera vez se presenta una querella por los crímenes de género cometidos por las fuerzas franquistas durante la dictadura. Lo ha hecho este miércoles la organización Women’s Link, que pide a la jueza argentina María Servini de Cubría, que instruye desde 2010 el único proceso en el mundo que juzga los crímenes del franquismo, que amplíe la causa e investigue los delitos cometidos contra las mujeres. Ellas sufrieron una represión específica por el hecho de ser mujeres: agresiones sexuales, abortos forzados, descargas eléctricas en zonas genitales, robo de bebés o purgas con aceite de ricino.

La querella se ha presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº1 de Buenos Aires y relata las vejaciones que sufrieron seis mujeres. De cinco se conocen los testimonios a través de sus familiares y el historiador Bartomeu Garí y la sexta es la abogada feminista Lidia Falcón, detenida siete veces entre los años 1960 y 1974, cuando sufrió torturas de diversa índole, entre las que se encuentran golpes en el estómago y en el hígado al grito de “ahora ya no parirás más puta bruja”.

Las historias de las hermanas Daria y Mercedes Buxadé también se incluyen en la querella. Estas dos enfermeras se embarcaron rumbo a Mallorca en una expedición republicana como personal sanitario voluntario, junto a otras tres. Las cinco fueron detenidas el 4 de septiembre y trasladadas a un cuartel general, donde fueron humilladas, torturadas y violadas en repetidas ocasiones por un grupo de falangistas. Se cree que sus restos reposan en una fosa común del cementerio de Son Coletes, donde fueron asesinadas. Como ellas, más de 100.000 personas siguen desaparecidas.

Daria y Mercedes también soportaron una de las violencias específicas ejercidas por el franquismo sobre las mujeres: fueron paseadas. El bando nacional les rapaba el pelo y les obligaba a ingerir aceite de ricino, que les provocaba diarreas constantes, al tiempo que eran paseadas por las calles y eran objeto de burlas y agresiones. De algún modo, querían vejar a las mujeres que se habían atrevido a traspasar los límites de la feminidad que el franquismo había diseñado para ellas: mujer sumisa, relegada al ámbito doméstico y garante de la familia.

Tortura con un componente de género

Por eso, las que participaron en actividades políticas y habían hecho de enlaces en los partidos o combatido en el bando republicano fueron duramente castigadas y perseguidas. Es el caso de la destacada militante del Partido Comunista, Matilde Landa, otra de las mujeres incluidas en la querella. Ella prefirió la muerte al bautismo y se suicidó en prisión el día que el régimen había planeado hacerlo. Estando inconsciente, las autoridades eclesiásticas aprovecharon para bautizarla.

Pero no solo las presas políticas, también fueron humilladas y torturadas aquellas que cometían el llamado “delito consorte”, es decir, ser hijas, hermanas, madres o esposas de hombres antifranquistas. Por todos estos motivos las mujeres sufrieron agresiones sexuales y torturas con el componente específico de género basado en insultos sexistas, un uso sexuado de la violencia o golpes en el bajo vientre a mujeres embarazadas para impedir la reproducción.

El robo de bebés es otro de los motivos que esgrime Women’s Link en su querella para justificar la investigación de los crímenes franquistas con perspectiva de género. 30.000, según datos oficiales, entre 100.000 y 200.000, según los afectados, niños y niñas fueron arrebatados a sus madres en las cárceles y hospitales hasta entrados los años 80. Una forma de castigo que ha sido reconocida por la Comisión Europea como “crímenes contra los derechos humanos” y que encuentra parte de su fundamento en las “investigaciones” del psiquiatra franquista  Antonio Vallejo-Nájera.

El director de los Servicios Psiquiátricos del bando nacional ha pasado a la historia por sus estudios misóginos sobre la mujer republicana y fue uno de los impulsores de la segregación entre hijos y madres “rojas”, con el objetivo de evitar que los pequeños “se contagiaran” de su ideología. “Ninguna causa que investigue las violaciones de derechos humanos puede estar completa si no contempla los crímenes cometidos contra las mujeres por el hecho de serlo”, sostiene la Directora Legal de Women’s Link, Glenys de Jesús.

Por eso, afirma la organización, “hay que asumir que determinadas violaciones de derechos humanos las han sufrido de manera particular las mujeres […] y si no se investiga, se perpetúa el silencio y se invisibilizan estos delitos”. El colectivo pone de ejemplo otros países que, afirma, se han pronunciado al respecto, como Guatemala, Colombia o Argentina. En este último ya existen once condenas por delitos sexuales durante la dictadura argentina, después de que en 2010 por primera vez un exmilitar fuera condenado por delitos de lesa humanidad, entre ellos varias violaciones.