La cifra, que supera los cálculos que se suelen hacer sobre la cantidad de personas represaliadas en la Guerra Civil, que suelen oscilar entre los 4.000 y los 5.000 muertos, no es la definitiva, asegura Brenes, ya que al equipo que dirige le faltan realizar las pesquisas necesarias sobre el terreno en tres zonas importantes de la provincia. Así, las posibles fosas en el Valle de Lecrín y en la comarca de la Costa Tropical aún no han sido investigadas. Y tampoco se ha entrado a fondo en los enterramientos comunes que puede haber en el cementerio de la capital, lo que, unido a las dos comarcas anteriores, puede dar una cantidad de varios miles más. “Se sabía que se podía superar las previsiones”, defiende la historiadora, a falta de lo que considera un 20 por ciento de la investigación.
Los trabajos avanzan poco a poco porque gran parte del énfasis de la investigación consiste no sólo en localizar y documentar las fosas, sino intentar averiguar qué personas reposan en los enterramientos comunes. Esa fase del proceso, en el que entra el factor humano, los testigos de la época y familiares de los represaliados, es más complicada. “Mucha gente nos ha ayudado, pero la gran mayoría no quiere”, asegura Maribel Brenes. “Especialmente los testigos que vivieron aquellos momentos y han pasado mucho, incluso temen que vuelva a pasar algo y no quieren señalar a nadie”, explica la investigadora. A pesar de los setenta años que han pasado desde el levantamiento franquista, Guerra Civil y posguerra, el miedo y la reticencias están presentes en los testigos directos y en algunas de las familias con las que el equipo de investigación ha contactado. Un ejemplo, explica la historiadora, es una localidad “en la que tenemos constancia de 40 represaliados, de los que únicamente 14 familias han querido colaborar”.
Y a los que acceden a ayudar a los investigadores el recuerdo les sigue atenazando. “Sobre todo con los parientes más cercanos, hermanos o hijos, cuentan cómo se llevaron a alguien y lo que se decía después en el pueblo que les habían hecho”, narra Brenes, que asegura que en más de una entrevista ha tenido que parar varias veces la grabadora con la que recoge los testimonios porque el entrevistado no podía continuar.
“Destacan la incertidumbre, -defiende la investigadora- el no saber qué pasó con esa persona que un día desapareció y de la que no se supo más. Reviven los detalles otra vez” de sucesos que hubieran preferido olvidar. Como el caso de un menor de 12 años, de cuya familia fusilada quedaban él y otro hermano, y que fue apuñalado por dos adultos en plena calle. Otros, más truculentos, como el del fusilado al que le cortaron las piernas porque no cabía en el saco en el que le quería meter, una vez muerto.
Los investigadores no se están ciñendo sólo al periodo estricto de la Guerra Civil, de 1936 al 39, sino que están trabajando fosas en las que estarían enterrados represaliados con posterioridad a la victoria del bando nacional. “Cuando el proyecto esté terminado, será la Junta de Andalucía la que determine si ese dato se debe incluir en ese estudio o darle cabida en otro”, puntualiza Brenes. En cuanto a posibles exhumaciones de fosas, la investigadora explica que no se plantearán “en ningún caso” antes de la conclusión del que será el estudio más detallado de la represión franquista en Granada.
Granada hoy : D. BALLESTEROS /25.04/2007