El Magistrado ha dado órdenes a Defensa e Interior para que vuelquen sus archivos y le informen sobre los organismos que, en esos ministerios, pueden dictaminar sobre el número de desaparecidos “como consecuencia directa del denominado alzamiento nacional y la situación de guerra civil que provocó y la postguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España”.
El juez también ordena a ambos ministerios para que “en la medida de lo posible se identificaran los casos y si han existido denuncias por las desapariciones”.
La providencia, fechada el lunes, pide a los denunciantes (particulares y asociaciones de desaparecidos de todo el Estado) que aporten “la identificación o enumeración de los casos de desaparición de personas que continúan hasta el día de hoy, detallando las circunstancias , en la medida de lo posible”.
Autentificar el número de denuncias
El Magistrado ordena esta serie de diligencias no para verificar la veracidad de las denuncias, sino para autentificar su número y decidir si la Audiencia Nacional es competente en algunas de las atribuciones que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a que el magistrado admitiera la denuncia y pidió su archivo al considerar que ese órgano judicial no es competente para investigar las desapariciones. La fiscalía considera que cada caso debe remitirse a los juzgados de Primera Instancia que les correspondiera.
JAVIER TORRES / CADENA SER 26-06-2008
Garzón pide al Gobierno un informe de los desaparecidos del franquismo.
El juez estudia las denuncias presentadas por asociaciones de toda España.
NATALIA JUNQUERA – Madrid – 27/06/2008
Los denunciantes consideran que las desapariciones producidas durante el régimen franquista constituyen un delito de “lesa humanidad”.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó ayer al Gobierno, a través de una providencia, un informe sobre el número de desaparecidos “a partir del 17 de julio de 1936 como consecuencia directa del denominado alzamiento nacional y la situación de Guerra Civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España”. Garzón se dirige al Ministerio del Interior y al de Defensa, a los que pide, en caso de no poder atender su requerimiento, que identifiquen al organismo competente para realizar tal informe.
Esta petición del juez se enmarca en las gestiones que está realizando para decidir si admite a trámite las denuncias presentadas desde hace un año por asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica de toda España y que piden esclarecer el paradero de más de 1.200 desaparecidos, la mayoría en Cataluña. Garzón también reclamó ayer a los responsables de estas asociaciones -que consideran que el delito imputable en estos casos es el de lesa humanidad y por tanto no prescribe- que detallen “en la medida de lo posible” las circunstancias de las desapariciones.
La fiscalía de la Audiencia Nacional se ha pronunciado en contra de admitir a trámite las denuncias. Sostiene que el delito de lesa humanidad no se puede aplicar a este caso porque no existía cuando ocurrieron los hechos (en España entró en vigor en 2004). Las asociaciones se preguntan, sin embargo, cómo es posible que la Audiencia pueda investigar los asesinatos cometidos durante los genocidios maya o ruandés y no tenga competencia para hacerse cargo de los desaparecidos en la Guerra Civil española y la dictadura.
“Los familiares están muy esperanzados e ilusionados con el gesto del juez Garzón. Nuestro objetivo es documentar al máximo el número de desaparecidos, localizar sus restos y conocer la verdad de lo que ocurrió. El Estado tiene que asumir esa reparación”, explicó ayer Fernando Magán, el abogado que representa a los familiares de las víctimas.
Uno de ellos es Juan Pérez Silva, de 72 años, hijo de María Silva, La libertaria de Casas Viejas. “No me acuerdo de ella porque la última vez que estuvimos juntos yo tenía 15 meses. Nos llevaron a los dos el 19 de agosto de 1936 a la cárcel de Paterna. A los tres días, a mí me llevaron a casa de mi tía, que fue la que me crió ; y no volví a saber nada de mi madre. Desde entonces la estoy buscando. No he dejado de preguntarme un solo día dónde está”, explicó Pérez Silva el día que puso la denuncia en la Audiencia Nacional.
Perdió a 26 familiares durante la Guerra Civil y la dictadura, entre ellos también a su padre, un conocido sindicalista. “Él está en el cementerio de Cartagena. Lo que más deseo es encontrar a mi madre y poder enterrarlos juntos. Si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca”, añadió Pérez Silva