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La versión digital del Diccionario biográfico español enmendará el error que más ha hecho correr ríos de tinta sobra la obra. Franco será definido como dictador, según explicó la nueva directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, a la cadena SER. En la entrada de Franco en el citado libro se puede leer: “Montó un régimen autoritario, pero no totalitario, ya que las fuerzas políticas que le apoyaban quedaron unificadas en un Movimiento y sometidas al Estado”. Luis Suárez, el autor, es un experto en Historia Medieval que tuvo acceso a los fondos de la Fundación Francisco Franco casi en exclusiva hasta que fueron digitalizados con subvención pública
La consulta en línea de la obra (50 tomos en su modalidad impresa) podría ser posible a finales de año. La intención inicial de Iglesias, según avanzó nada más ser elegida para sustituir a Gonzalo Anes al frente de la institución, es que la consulta de algunas partes pueda ser gratuita en la web aunque no la totalidad de la obra, que incluye unas 40.000 biografías.
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Tras la gran polémica desatada por las definiciones sesgadas y poco rigurosas de los principales personajes del siglo XX español, en junio de 2011 la Real Academia de la Historia creó una comisión para revisar y corregir la obra, forzada en parte por Ángel Gabilondo, entonces ministro de Educación, y en parte por las presiones de los grupos políticos parlamentarios, que decidieron paralizarle la subvención mientras no se revisasen sus contenidos. Esta comisión estaba formada por cuatro académicos (Carmen Iglesias, Carmen Sanz Ayán, Vicente Pérez Moreda y Faustino Menéndez Pidal) y dos historiadores externos, Juan Pablo Fusi y José Varela Ortega. Tras haber examinado 500 voces de personajes nacidos entre 1875 y 1931, especialmente militares, políticos y eclesiásticos, concluyeron que una debería excluirse, 14 revisarse “enteramente” y 16 “habrán de retocarse”. Cuatro fueron consideradas “de contenido opinable”. A pesar del tiempo transcurrido, ninguna de estas propuestas se ha materializado aún, aunque tal vez podrían concretarse ahora en la versión digital.
La biografía más controvertida fue la de Franco, redactada por Luis Suárez, académico e historiador especializado en la Edad Media, muy cercano a la Fundación Francisco Franco. Pero el escaso rigor científico salpicó a muchas otras.
La nueva directora de la RAH no tiene dudas sobre la naturaleza del régimen franquista. Lo dejó claro el pasado diciembre en su primera rueda de prensa, nada más salir elegida para sustituir a Gonzalo Anes, fallecido en marzo de 2014: “¿Que el franquismo es una dictadura? Todo el tiempo. Cuando yo entré en la Universidad sabías que te la jugabas si te metías en política”. El lunes abundó en esta idea: “Con lo de Franco, yo creo que hubo un momento de crispación exagerada, pero que es una dictadura no hay ninguna duda, es una dictadura autoritaria, pero hay que distinguir siempre entre las dictaduras y los totalitarismos”.
La polvareda levantada por la definición de Franco llegó al Congreso de los Diputados y al Gobierno en 2011. El ministro de Educación de entonces, Ángel Gabilondo, ordenó suspender la financiación pública del Diccionario mientras no se corrigiesen los errores, que salpicaban sobre todo a personajes del siglo XX español, a veces por el sesgo ideológico y a veces por la simple chapucería. Algunas definiciones fueron firmadas por instituciones como la Casa Real, que redactó las voces del entonces Príncipe y las infantas Elena y Cristina, o extraídas de páginas web como la de la ex ministra Bibiana Aído. Entre otras perlas que contaminaron el trabajo, figuran las reseñas de Escrivá de Balaguer, obra también de Luis Suárez: “El 14 de febrero de 1943, mientras celebraba la santa misa, el Señor le hizo ver al padre Escrivá la solución jurídica que iba a permitir la ordenación de sacerdotes a título del Opus Dei”. O las de Esperanza Aguirre, escrita por un antiguo colaborador suyo, y el militar golpista Alfonso Armada, redactada por su yerno. Precisamente la inclusión de biografías de personajes vivos es uno de los aspectos que ha contrariado a Carmen Iglesias desde el origen de la obra. La versión digital dividirá los bancos de datos de vivos y muertos. “A algunos no nos gustaba que se hubieran mezclado, porque los que viven no han acabado las biografías”, señaló en diciembre.
Tras el bochorno y la indignación que suscitaron algunas reseñas (una minoría que dañó injustamente el trabajo impecable de numerosos biógrafos), se constituyó una comisión para buscar una salida a una obra, que había recibido 6,4 millones de euros de fondos públicos (de Educación e Industria). En esta comisión figuraban, entre otros, la actual directora de la casa, y los historiadores externos (José Varela Ortega y Juan Pablo Fusi, que después sería elegido académico). Tras examinar 500 voces de personajes nacidos entre 1875 y 1931, especialmente militares, políticos y eclesiásticos, concluyeron que una debería excluirse, 14 revisarse “enteramente” y 16 “habrán de retocarse”. Cuatro fueron consideradas “de contenido opinable”.
Un estudio externo fue realizado por el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza José Luis Ledesma, por encargo de la Asociación de Historia Contemporánea. Ledesma seleccionó a los 50 protagonistas del siglo XX más citados en ensayos históricos y cotejó sus biografías con las recogidas en el Diccionario. Concluyó que un 20% carecían de la necesaria solvencia.
Aunque en algún momento la RAH señaló que incorporaría nuevas versiones a las definiciones o que las corregiría, finalmente en los 50 tomos impresos, que están ya en la calle, no se introdujeron cambios. Tras la llegada al Gobierno del PP, la RAH recuperó la subvención anual para el Diccionario biográfico. El ministro José Ignacio Wert llegó a anunciar que habría 30 correcciones en el Congreso en 2012. Estas modificaciones podrían incluirse finalmente en la versión digital.