El no de Garzón ha supuesto un golpe “tremendo”, una “desilusión inesperada” y “un revés injusto”. Lo afirman, mayoritariamente, las asociaciones de Memoria Histórica que interpusieron las denuncias. Como explica Francisca Maqueda, secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo y vicepresidenta de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, el auto es un hecho “lastimoso” que obligará a repetir los recursos juzgado a juzgado, “lo que hará que la investigación vuelva a dilatarse”. Tiene claro que han sido las “presiones políticas” las que han llevado al juez a “dar un paso atrás”, de ahí que anunciase el recurso de su asociación y advirtiese “a quien corresponda” que las familias son “corredores de fondo” que no cesarán en su empeño por “dignificar a los muertos”.

Similar fue la reflexión de Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, quien también apuntó a “presiones” para justificar el cambio de opinión de Garzón, “sin descartar las políticas”. “Pensábamos que la sala de lo penal sí que podía cerrar la causa pero, en cambio, confiábamos en Garzón, porque era sensible a esta investigación”, añadió.

Cecilio Gordillo, dirigente de CGT Andalucía y portavoz de la web todoslosnombres.org emitió un duro

comunicado

en el que se pregunta quién va a controlar la documentación que se envió al juez, qué va a pasar con el grupo de expertos, policial y de peritos que se iba a crear para asesorar en la búsqueda y catalogación de fosas, si ahora el camino se ralentizará fuera de la Audiencia y si el Gobierno va a cerrar de nuevo a cal y canto los necesarios archivos. Las fosas, sostiene, “seguirán abriéndose con la legislación vigente” ; en Andalucía, sólo tres fosas estaban afectadas por el auto de Garzón, cuando hay 600. Sólo en Sevilla, 2.000 fusilados han sido rescatados de fosas comunes desde que llegó la democracia.

Sólo el presidente de la Asociación Memoria Histórica de Granada, Rafael Gil, apoyó la inhibición de Garzón asegurando que “la instrucción no se paraliza” y que en las Audiencias provinciales, “posiblemente”, se agilicen las investigaciones.

Correo de Andalucía : C. Rengel / Redacción