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Acto celebrado en el Parlmamento Europeo donde se denunció la impunidad y la exaltación del franquismo que se produce en España
Representantes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Compromís criticaron ayer en Bruselas la existencia de un “franquismo después de Franco”, 42 años después de la muerte del dictador. En el evento en el Parlamento Europeo, que contó con el apoyo de los grupos parlamentarios de los Verdes y de la Izquierda UE, los asistentes hicieron comparaciones entre el franquismo y la gestión por parte del Gobierno central de la crisis catalana, y el portavoz de Compromís, Jordi Sebastià, opinó que “la UE no se da cuenta de la anomalía que supone la ausencia de memoria histórica en España”. “En países como Italia o Alemania se ha llevado a cabo un ejercicio de limpieza democrática que ha hecho imposible que nadie reivindique etapas siniestras como las del fascismo”, dijo Sebastià, quien lamentó que esta situación “no se haya dado en España”.
Los promotores de la conferencia manifestaron la necesidad de terminar con la situación de impunidad franquista en España, que los derechos humanos y la memoria de las víctimas sea respetados y que se devuelva al Patrimonio Público el Pazo de Meirás donde la apología del fascismo incurre en un delito que actualmente está quedando impune.
Coincidiendo también con el 42 aniversario de la muerte de Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, medio centenar de personas se concentró frente al Congreso de los Diputados para exigir el fin de “la impunidad franquista” . Asociaciones de víctimas de la dictadura convocaron la protesta, a la que se sumó el senador de IU por Navarra Iñaki Bernal, quien mostró el apoyo de su organización a las reivindicaciones de estos colectivos . Los concentrados corearon consignas contra la Ley de Amnistía de 1977, que definieron como “el pacto genocida del 78” y cuya anulación han reclamado. Precisamente, IU tiene registrada una iniciativa para derogar esta norma que los tribunales han utilizado para frenar las querellas presentadas en España por los crímenes del franquismo. Otras formaciones, como Podemos, ERC o PNV, han optado por presentar propuestas de ley para la reformar esta norma.
