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Salto/Alkimia/Macarena Amores
Declaraciones del Relator especial de la ONU para la Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición ante el EPU pasado ante la ONU por España
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El Estado español tiene que enfrentarse de una vez a su pasado franquista, con medidas urgentes que acaben con la impunidad de los culpables
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), de la que la Confederación General del Trabajo (CGT) forma parte, organizó un encuentro virtual con Fabián Salvioli, relator de la ONU el pasado jueves, 16 de julio, con motivo del Examen Periódico Universal sobre los crímenes del franquismo y la transición. Junto a él, en la charla, participaron Jacinto Lara y Paloma García de la plataforma, y pudo seguirse en directo a través de You Tube y videoconferencia para medios y periodistas.
Fabián Salvioli: “Que las víctimas del franquismo se vayan de este mundo sin haber encontrado justicia debería darnos vergüenza a todas las personas de bien”
En estos términos se expresaba el relator especial de la ONU para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición el pasado 16 de julio, día en el que el Estado español se enfrentaba al Examen Periódico Universal sobre las obligaciones que como país “democrático” tiene a la hora de ponerse a investigar y enjuiciar de una vez por todas los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el franquismo y la transición española (1939-1982). Salvioli empezaba su comparecencia pública, a través de videoconferencia organizada por los compañeros de CEAQUA, acordándose de Chato Galante, una de las personas más destacadas en la lucha por la justicia contra los verdugos fascistas de Franco y que tristemente fallecía en mayo, en plena pandemia, por complicaciones médicas derivadas del Covid-19.
“Es cierto que también se ha ido su torturador. El mismo virus se llevó a ambos, pero no se marcharon igual. Uno se fue impune y el otro esperando justicia. Y el Estado pudo, a lo largo de todos estos años, haber tomado medidas para que esto no sucediera, pero no lo hizo. Y esto no debería ocurrir más con ninguna otra víctima”.
El Estado español había aceptado en este examen una serie de recomendaciones, que tanto CEAQUA como el propio relator especial de la ONU valoran positivamente por ser un primer paso que demuestra “buenas intenciones”. Sin embargo, no todo puede quedar en eso, en más diálogos y declaraciones de intenciones. El Estado español debe acometer urgentemente medidas para investigar los crímenes contra miles de personas durante el franquismo y la transición española, y sobre todo para llevar ante los tribunales a los culpables de los mismos, a ser posible antes de que estos fallezcan y no puedan ser juzgados, como ha ocurrido recientemente con Billy el Niño.
Y es que, como bien explicó el abogado Jacinto Lara, el derecho a la tutela judicial de las víctimas, que asiste a todas aquellas personas –y a sus familias- que padecieron estos crímenes, “no puede en ningún caso ser un menú a la carta”. En este sentido, desde CEAQUA, Paloma García fue contundente a la hora de señalar la connivencia de los tres poderes del Estado (judicial, legislativo y ejecutivo) para afrontar la realidad que se lleva arrastrando en materia de Memoria Histórica durante décadas. Y esto estaría fundamentado por la realidad comprobable de que el Estado español, por un lado, mantiene un acuerdo de Consejo de Ministros del año 2014 por el cual se niega a la extradición de 18 imputados en la Querella Argentina. Por otro, encontramos que la Fiscalía General del Estado mantiene una instrucción de obligado cumplimiento del año 2016 para que los jueces tomen declaración a las personas imputadas y a las querellantes. En cuanto al poder judicial, gran parte del mismo se acoge a argumentos que vienen a decir que realmente estos crímenes no son de lesa humanidad. Además, existe otro obstáculo importante como es la Ley de Amnistía del año 1977, que “obligó” a tragar con un “pacto por el olvido” sin hacer justicia. Por último, y no menos importante, desde el poder legislativo tampoco hay un avance importante. Desde algunos grupos parlamentarios se presentan iniciativas que luego no llegan a ninguna parte y son frenadas en seco en el Congreso de los Diputados, como ha ocurrido recientemente con la Ley de Memoria Histórica de 2007.
Paloma García: “Hemos presentado un informe en el que señalamos la existencia de un sistema de impunidad protegido por los tres poderes del Estado español y que se sirve de obstáculos clarísimos que impiden hacer justicia”
Jacinto Lara, en alusión a esta ley, también planteaba que ya de por sí esta norma nació sin garantías de que con ella víctimas y familiares pudieran alcanzar una verdadera justicia. Además, en los últimos meses estamos asistiendo, por parte del Gobierno español, a una nueva puesta en escena sobre este asunto, cuando admiten que desde el Ejecutivo están trabajando para modificar esta ley de 2007. La ley 52/2007 es absolutamente insuficiente. Primero porque está desfasada, incluso desde el primer momento en el que se aprueba ya tenía medidas muy limitadas. En segundo lugar, esta intención de “mejorarla” no va a terminar con el modelo de impunidad actual, puesto que en ningún momento se está garantizando el derecho a la tutela de las víctimas que sufrieron estos crímenes y sus familias. Además, Lara incidía en que la aprobación de una ley de este tipo, con la “ocurrencia” de introducir en una las disposiciones finales que los “hechos pasados” puedan ser recurridos en tribunales civiles y no penales. En resumen, sin justicia no puede haber derecho a la verdad, a la reparación o a tener garantías de no volver a pasar por lo mismo.
Jacinto Lara: “Llevamos años impulsando determinadas iniciativas legislativas en el seno del Congreso de los Diputados, a través del Grupo de Memoria constituido, para tratar de revertir este modelo de impunidad vigente en el Estado español desde hace décadas”.
Fabián Salvioli, por su parte, también reforzaba lo aclarado por los compañeros de CEAQUA. “Si el poder judicial no juzga, el poder legislativo no deroga leyes y el poder ejecutivo no avanza en la dirección que debe avanzarse, el resultado va a continuar siendo el que hasta el momento tenemos por muchas declaraciones de buenas intenciones que se realicen”. Salvioli afirmaba que ya no hay excusas para que en el Estado español no se afronte de una vez el pasado franquista y los crímenes que se cometieron hasta la llegada de la democracia. Que España, en este examen haya aceptado las recomendaciones para que investigue y juzgue a los criminales, es ya positivo. Sin embargo, no es aceptable continuar dialogando constantemente. Es el momento de llevar a cabo medidas que terminen de una vez con esta situación. Las víctimas, como decía Fabián, llevan décadas esperando pacientemente justicia, que no venganza. Y los verdugos, desde la comodidad que les brinda la inacción de un Estado que se aferra a un pacto de silencio “obligado” y que ya no tiene ningún sentido, también llevan décadas tranquilos porque conocen a la perfección que van a terminar sus días sin dar cuenta de sus crímenes. Salvioli explicó que la aseveración que se realiza desde algunos sectores en relación a que estos crímenes ya están prescritos no resiste un análisis básico de un examen de primer curso de cualquier facultad de Derecho. Y el ejemplo más clarificador lo encontramos en el concepto o idea de “desaparición forzada”. La desaparición forzada se trata de un crimen que se comete “siempre”, que es continuo y que provoca dolor y sufrimiento en las personas que buscan a esa persona que está “desaparecida”. Una persona está desaparecida hasta que aparece con vida o aparece su cuerpo. Por lo tanto, las desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante la dictadura franquista y durante la transición “democrática” no han prescrito y que algunos tribunales españoles afirmen lo contrario no es serio desde el punto de vista del Derecho.
CEAQUA por su parte continúa realizando propuestas, encaminadas a la Verdad, la Justicia, la Reparación y a las Garantías de No Repetición, como la petición de derogación de la Ley de Amnistía de 1977, la modificación de la Ley de Tratados del años 2014, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que introduce un elemento nuevo en relación con los recursos de revisión para que se puedan revocar todas las resoluciones judiciales que han sido dictadas hasta la fecha, la anulación del Acuerdo del Consejo de Ministros del año 2015, donde se negó las extradiciones de todas aquellas personas imputadas en la Querella argentina que investiga los crímenes del franquismo y la transición, o la exigencia de medidas que colaboren con la causa de todos estos procedimientos judiciales abiertos en tribunales argentinos, entre otras.