Más allá de las páginas gruesas está “la historia de la gente”. Y ahí ha entrado el historiador Francisco Espinosa con Por la sagrada causa nacional. Historias de un tiempo oscuro. Badajoz, 1936-1939 (Editorial Crítica). Un libro que pone nombres y apellidos a militares, falangistas, propietarios o autoridades locales de aquel “Nuevo Orden” franquista, y a la represión de los vencidos, una purga con un único límite: “no acabar con la mano de obra necesaria”.

Francisco Espinosa Maestre (Villafranca de los Barros, Badajoz, 1954) retrata “a qué quedó reducida la vida en la España rural tras la matanza del 36”. Y deja ver las consecuencias: del franquismo “queda la ideología que impide avanzar, que aún late con fuerza en ciertas instancias políticas, judiciales, civiles, militares y eclesiásticas y que se transmite de generación en generación”, avisa el escritor en esta entrevista para elDiario.es.

En ‘Por la sagrada causa nacional’ aborda la represión franquista. ¿Tanto queda por contar?

En realidad trata de mostrar a qué quedó reducida la vida en la España rural tras la matanza del 36, entre 1937 y 1939, período que si en algunas zonas del país fueron años de guerra, en otras solo hubo espacio para la represión de los vencidos y desafectos al Nuevo Orden. En Badajoz se dieron las dos situaciones. Está claro que queda mucho por contar, sobre todo teniendo en cuenta que ciertos fondos documentales de carácter judicial y militar siguen aún vetados para la investigación pese a cumplir los plazos legales marcados por la ley.

¿Qué significaron la violencia, el expolio o las denuncias para la construcción de ese “Nuevo Orden” de la dictadura?

El Nuevo Orden se impuso por el terror y mediante un calculado plan de exterminio que buscaba la paralización absoluta de aquellos sectores que habían apostado por la democracia en España desde el surgimiento de los grandes partidos y sindicatos obreros desde fines de siglo XIX hasta la lenta consolidación de las opciones políticas de izquierdas, es decir, todo el proceso que condujo y dio vida a la experiencia de la II República. La única forma de arrasarla fue eliminando a aquellas personas que más se habían comprometido públicamente con ella y haciendo la vida imposible a los que permitieron seguir viviendo. El único límite de la purga siempre fue no acabar con la mano de obra necesaria para no poner en peligro la vida económica.

Las historias que cuenta están centradas en Badajoz pero, ¿son extrapolables a casi cualquier punto del país?

Aunque se refieran a Badajoz representan bien lo que ocurrió en las zonas rurales que fueron ocupadas en los meses que siguieron al golpe militar. Hablo pues de más de la mitad del país: Andalucía occidental, Extremadura, Castilla y León, Galicia, Navarra, parte de Aragón y de las Baleares o Canarias. Considero este trabajo como una nueva entrega de la historia de la provincia, de la que ya he mostrado su papel como una de las zonas clave de la reforma agraria republicana y la terrible experiencia que supuso la subida de las columnas fascistas desde Sevilla en agosto de 1936.

Aparecen en su libro historias de militares, falangistas, propietarios, autoridades locales e incluso “conflictos internos entre las fuerzas vivas”. ¿Cómo cuáles?

A través de una serie de apartados he mostrado aquella realidad por medio de lo que podríamos llamar la historia de la gente. Sus nombres rara vez llegarán a las grandes obras sobre el ciclo abierto en 1931 y cerrado en 1978, pero yo he querido darles la voz que nunca tuvieron contando sus peripecias vitales. A ello se dedican los apartados dedicados a la represión y a su irracionalidad, al gran saqueo de los vencidos, al fomento de las denuncias o a la simple lucha por la vida. Hay también otro apartado dedicado a los conflictos internos entre los vencedores y a los problemas creados por el envío de hombres al frente. Es muy interesante verlos a todos actuar en aquel contexto, unos por imposición y otros pregonando que todo lo hacían por la Sagrada Causa Nacional.

Inauguración de una Cruz de los Caídos en 1939

¿La violencia contra la mujer tenía un carácter especial o específico? ¿Qué ejemplos aparecen en esta obra?

Hay un apartado específico dedicado a la violencia sobre la mujer, por más que también aparezca en otros. Fueron represaliadas por el mismo hecho de ser mujeres, por el protagonismo de muchas de ellas durante la República y también por su relación familiar con hombres detenidos, asesinados o desaparecidos. Sus historias confirman el estado absoluto de indefensión en que quedaron cuando desapareció el estado de derecho. Daba igual la edad, como muestra la violación de una anciana delante de su nieta. Otro caso ocurrido nos permite ver cómo la violación de rojas no era delito para los militares fascistas. Todo dependía de quién lo hiciera, ya que no era lo mismo ser un nadie como el violador de la anciana a ser falangista e informante de la Guardia Civil.

Y también hay historias de testigos, vecinos, víctimas…

Entre esas historias mencionaré algunas como la peculiar documentación que nos permite asistir desde una doble perspectiva a la ocupación de San Vicente de Alcántara. O la depuración en torno al incautado diario Hoy, las andanzas de individuos como el subjefe provincial de Falange Ramón Carande Uribe, el alcalde de Fregenal Manuel Guridi o el de Azuaga, Adolfo Bustamante, los sobresaltos que afectaron a gente de orden como Tomás Rabanal o Bernardo Ezquer, la desconocida historia de Rodrigo González Ortín, el autor del panfleto Extremadura bajo la influencia soviética; los conflictos entre Falange y Requeté a costa de la incorporación de algunas de sus fuerzas al frente o ante el decreto de unificación y, cómo no, la simple lucha por la vida en casos como el del teniente de alcalde de Azuaga Miguel Muñoz Murillo o el maestro freinetiano Maximino Cano Gascón en Montijo. Son historias que confirman una vez más que la realidad supera a la ficción y que muestran sobre qué cimientos se edificó el franquismo.

Y tira para su investigación de 60 expedientes, es decir, de sumarios instruidos por los propios golpistas.

La base documental está constituida por una serie de expedientes judiciales militares pertenecientes en su mayor parte al Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, aunque también los hay de archivos similares de Madrid y Málaga. Dicha documentación representa una fuente de inmenso valor y al mismo tiempo una muestra de lo que podemos llamar documentación de parte. Todo en ella ha pasado por el filtro de los vencedores, empezando por las declaraciones de los encausados, transcritas a su estilo y manera por el personal judicial-militar. Si no le quitamos ese filtro seguirá expresando la ideología de los vencedores. El problema es que resulta muy fácil dejarse absorber por las palabras del poder.

La represión y su carácter poliédrico estallan sobre todo en esos años de la guerra pero continúan en la etapa dictatorial, ¿es una violencia sin límite contra los derrotados?

El ciclo represivo iniciado con el golpe militar de 1936 se prolongó sin interrupción hasta 1944, en que la situación internacional con el hundimiento del nazifascismo aconsejó parar. Sin embargo, una vez visto que los aliados no iban a intervenir en España y ante la permanencia y revitalización de la lucha guerrillera, el régimen inició una nueva etapa represiva que se extendió por la segunda mitad de los cuarenta y en algunos casos hasta ya entrados los años cincuenta. Hablamos pues de un ciclo de dos décadas.

Los relatos tienen nombres y apellidos. Hace poco vimos la denuncia de un descendiente de una persona que participó en el juicio a Miguel Hernández. ¿Teme que alguien se pueda revolver con este libro?

No creo. Todo lo que en el libro se dice cuenta con respaldo documental y no precisamente de origen rojo sino de la justicia militar franquista. Lo importante hay que transcribirlo literalmente para que no haya dudas, procurando que quede clara la secuencia temporal y las vicisitudes de cada caso desde que se iniciaron las actuaciones hasta las firmas finales del auditor y de Queipo. Es la única manera de desvelar la irracionalidad de aquellas pantomimas pseudojudiciales. Debe quedar claro que, aparte de lo que se puede sacar para exponer cada caso, los documentos dan para mucho más y se encuentran disponibles en el archivo para todos los que deseen verlos. Doy las referencias de todos ellos. En algunos casos me he servido también de las investigaciones locales, que en Badajoz han sido bastantes.

Pasan los años, las décadas, y España sigue sin resolver la mayor parte de las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas por los golpistas y luego por el franquismo. ¿Por qué?

Es normal que este proceso lleve tiempo. Frente a casos como el alemán, el austríaco o el italiano la particularidad española es que el fascismo español se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial, disponiendo de cuatro décadas para ir adaptándose a las circunstancias de cada momento. A esto se añade el modelo de transición continuista y, en la misma línea, la existencia de una derecha que nunca ha roto con el franquismo y de una izquierda que decidió que el pasado no existía. Quizás de ahí vengan cierto tipo de sucesos que nunca han desaparecido y que con el paso de los años parece que han ido a más, hechos que nos recuerdan un pasado indeseable que nunca se ha ido.

Entre los pilares de la impunidad de los crímenes franquistas están la cuestión económica, las grandes fortunas nacidas del uso de los derrotados como botín de guerra, y la Educación, el sometimiento premeditado de la sociedad a la ignorancia de su propio relato, a la desmemoria. ¿Lo ve así?

No hay que olvidar que el franquismo conformó la sociedad española durante cuarenta años y que el discurso dominante de la transición consolidó un modo de afrontar el pasado que caló en la clase media surgida al calor del desarrollismo. A la oligarquía económica, llegado un momento, le pareció estrecho el marco de actuación que le ofrecía la dictadura y vio bien la transición controlada. Por su parte la desmemoria fue fruto de una educación absolutamente ideologizada que se perpetuó en la transición y que abarcaba desde la enseñanza primaria hasta la universitaria. En todo ello jugó un papel clave la Iglesia española, que aún sigue en su batalla con el dinero de todos.

¿Qué le parece que el actual Gobierno de España proyecte una nueva Ley de Memoria Democrática?

La lucha por la memoria se inició en España a mediados de los noventa y tuvo su momento álgido en la década pasada hasta que se cerró en falso cuando desde la política y la justicia se acabó con la iniciativa del juez Garzón y lo que quedó fue una ley de memoria que no cubría en modo alguno las expectativas planteadas. Lo de ahora es un nuevo intento que veremos en qué queda. Hay que partir de que al igual que es imposible pactar con la derecha una ley de educación mientras no se derogue el concordato, también lo es llegar a un acuerdo en este terreno. ¿Qué se puede esperar de partidos que incluso niegan la existencia de desaparecidos y de fosas comunes?

¿Cómo explicaría el deber de Memoria, la necesidad de conocer y contar bien la Historia?

Algunos historiadores europeos sensibilizados contra la tergiversación interesada del pasado han mantenido que el primer deber de la democracia es la memoria. Se entiende que en España esta tarea no se iniciara en la transición con todo el aparato franquista aún activo pero no se entiende en modo alguno que no se hiciera nada entre 1982 y 1996. Tengamos en cuenta que en nuestro país fue el impulso social el que tanto desde la historia como desde la memoria exigió y consiguió que se mirara al pasado para dar sentido al presente. Gracias a ese empuje, realizado por lo general por lo que a la historia se refiere desde ámbitos ajenos al mundo académico, se abrieron espacios que la historia oficial había decidido mantener cerrados. Investigación histórica hay de sobra; lo difícil es trasladar ese conocimiento a la sociedad.

¿Qué queda hoy de todo aquel “oscuro mundo”?

Queda la ideología que impide avanzar, que aún late con fuerza en ciertas instancias políticas, judiciales, civiles, militares y eclesiásticas y que se transmite de generación en generación. Y queda la desidia, el abandono y la falta de voluntad política que impide poner al servicio de la sociedad la documentación depositada en numerosos archivos, lo que viene a ser como si no existieran. Sin duda se ha avanzado mucho a lo largo de estas cuatro décadas pero ha sido un proceso demasiado lento y trabajoso debido a las trabas constantes que se han presentado una y otra vez. En todo caso, pese a todo, queda mucho por hacer.