Vitoria, la mayor matanza de la Transición

A las 17.10 del 3 de marzo de 1976, policías armados de la Compañía de Reserva de Miranda de Ebro y de la guarnición de Vitoria penetraron en la parroquia de San Francisco, en el barrio de Zaramaga de la capital alavesa,

usando gases lacrimógenos para desalojar a 4.000 trabajadores en huelga allí reunidos

. Los trabajadores empezaron a salir y, a pocos metros de la puerta del templo, algunos fueron alcanzados por pelotas de goma y disparos de armas de fuego. En el mismo lugar de los hechos murieron Pedro María Martínez, de 27 años, y Francisco Aznar, de 17; Romualdo Barroso, de 19, gravemente herido, expiraba poco después. Dos de los otros 42 heridos de bala, José Castillo, de 32 años, y Bienvenido Pereda, de 30, fallecieron posteriormente.

Fue la mayor matanza

de la Transición

, nunca aclarada, porque ni se investigó ni se celebró juicio. Eso sí, precipitó la caída del presidente del Gobierno

Carlos Arias Navarro

, al que el rey Juan Carlos I relevó en julio por

Adolfo Suárez

para que impulsara la Transición a la democracia.

30 años después, un dictamen encargado por el Gobierno vasco al Instituto Valentín de Foronda, que fue coordinado por los historiadores José Antonio Pérez y Carlos Carnicero, cubrió parcialmente ese vacío. Su resultado lo asumió el Parlamento autónomo.

¿Cómo fue posible la matanza de unos trabajadores desarmados? Pérez señala: “Las fuerzas antidisturbios, en una España sin libertades, no respetaron los derechos humanos e hicieron un uso irresponsable y quizás criminal de armamento de guerra ante a un problema de orden público que les desbordó”.

El relato de hechos del dictamen, que incluye numerosos testimonios, así lo avala. Veinte minutos antes de su intervención, la policía impidió entrar a la iglesia a otros 4.000 trabajadores, que acudían a la asamblea, convocada tras varias semanas de conflictos laborales. Cuando el gobernador civil, Rafael Landín, ordenó el desalojo con gases lacrimógenos, saltándose la autorización eclesial de emplear la parroquia, obligatoria por el Concordato vigente, los antidisturbios se vieron atrapados entre quienes salían y los que estaban fuera. Ese fue el argumento del capitán de la Policía Armada Jesús Quintana para justificar la masacre: “Cogidas entre ambas masas opuestas en actitud amenazadora y agresiva, se utilizaron hasta agotarse todos los medios antidisturbios y, tras su carencia, fue precisa la utilización de armas de fuego”. Aludió, incluso, al empleo de armas por los trabajadores.

Pérez replica: “Nunca fue probado ese hecho. Nunca apareció casquillo, cartucho, arma blanca u objeto incendiario procedente de los concentrados. Por contra, los reunidos en la parroquia se negaron al desalojo por temor a ser golpeados por la policía. Fue el pánico producido por la asfixia, tras los gases, lo que provocó su salida atropellada. Es cierto que quienes estaban fuera arrojaron objetos a la policía para posibilitar la salida de los reunidos”.

El historiador subraya que quedó clara “la contundencia excesiva de los antidisturbios que procedieron al empleo insistente de armas de fuego. En la radio policial se oyó: ‘Que desalojen por las buenas; si no, a palo limpio”.

El dictamen también atribuye el desastre a la insuficiencia de los medios antidisturbios convencionales. Las grabaciones policiales revelan, recuerda Pérez, que los agentes agotaron buena parte de su material por la mañana y a partir de ese instante dispararon con armas de fuego —tiros que se cifran en “más de mil detonaciones”—. Incluso llegaron a reconocerlo: “Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia; ha sido una masacre”.

El empleo de armas de fuego no resultó tan casual. Esa misma mañana ya se utilizaron para reprimir manifestaciones convocadas por la huelga general. Cinco días después, en otra manifestación en Basauri (Bizkaia) convocada en solidaridad con las víctimas de Vitoria , moría por disparos de la Guardia Civil el joven de 18 años Vicente Antón Ferrero.

Sobreseído y prescrito

Ante la gravedad de los hechos, un juzgado de Vitoria instruyó el caso por el ataque policial. Carnicero relata el recorrido de aquella causa: “Al poco, decidió inhibirse a favor de la justicia militar y esta lo rechazó. El 20 de mayo de 1976 lo asumió el juzgado de Vitoria, pero, al reconocer el jefe de los antidisturbios el uso de armas de fuego, lo envió al Tribunal de Orden Público y este litigó con la justicia militar, que zanjó la Sala de Competencias del Supremo al obligar a la justicia militar a asumir el caso”. Y prosigue: “En marzo de 1977, la justicia militar reconoció la existencia de un delito de homicidio. Pero como no había averiguado quiénes fueron los autores, procedió a su sobreseimiento provisional, siendo, finalmente, prescrito”.

Pérez resalta que el dictamen concluyó que “hubo responsabilidades penales claras” y que “las decisiones las tomaron funcionarios del Reino de España, sin poder determinar responsabilidades personales”.

Esta conclusión no satisfizo a la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo. Su presidente, Andoni Txasko, admite que existe un reconocimiento a las víctimas y asume que los asesinos se beneficiaran de la amnistía. “Pero es necesario abrir los procesos para aclarar lo ocurrido y restar credibilidad a la versión policial, según la cual los agresores fueron los trabajadores, y saber si la orden de disparar procedió del Gobierno Civil o del Gobierno central”, incide.