En la ‘fosa de los ferroviarios’ del monte Costaján yacen tirados más de medio centenar de trabajadores asesinados por el franquismo. Sus huesos cubiertos de tierra son un ejemplo de la represión de Franco en el ferrocarril español: casi 83.000 profesionales afectados con sanciones, cárcel, exilio o internamiento en campos nazis. Y penas de muerte.

La violencia franquista azotó al sector desde 1936 y alcanzó 1977. Pasadas cuatro décadas, el Gobierno de España rinde homenaje a los obreros sometidos a procesos de depuración. El “acto de reposición de la memoria y honor de los ferroviarios víctimas de la guerra civil y del franquismo” celebrado en la Estación de Atocha (Madrid), ha estado presidido por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, junto a la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el presidente de Renfe, Isaías Táboas.

El oficio del tren estaba en el punto de mira de los golpistas. Como un gremio combativo al que silenciar y por la propia importancia en la maquinaria de guerra. Ahora, una escultura conmemorativa recuerda en Atocha a los ferroviarios víctimas violaciones de derechos humanos en la dictadura de Francisco Franco.

En el homenaje han participado familiares de ferroviarios afectados como Gabriela Cañas, hija de Marina Pita de la Vega, ferroviaria obligada a excedencia por casarse, o Juan Machuca, hijo de José, que fue encarcelado, y sobrino de Rafael Machuca, fusilado. “Es un acto que teníamos pendiente para reponer la memoria y la dignidad de los ferroviarios represaliados”, ha afirmado Ábalos. Para el ministro se trata de un acto de valor tras “40 años de democracia y 11 años de la Ley de Memoria Histórica” y ha mostrado su sorpresa porque todavía “haya gente que no entienda esto”.

Violencia como un plan premeditado

El “objetivo” de los rebeldes era “anular a los trabajadores ferroviarios, eliminar a los sindicatos y crear una situación de terror para que no osaran actuar políticamente”, explica Miguel Muñoz, miembro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. El plan golpista trató al sector como “un caso singular”.

Antonio Donoso y Antonio Hernández, ferroviarios represaliados por el franquismo.

Y la violencia respondía a un plan premeditado. “En las zonas donde Franco asentó rápido el poder cuando se sublevó, inmediatamente aplicó la represión, demostrando que esta idea ya la tenían preparada antes del golpe de Estado, incluso manejando listados de trabajadores”, expone Muñoz en conversación con eldiario.es.

Los números dan luz a la estratégica aplicación franquista de la pedagogía del terror. La depuración afectó a 82.831 trabajadores del tren, un 88% de las plantillas de las diferentes empresas ferroviarias. Un 26% quedó afectado por sanciones diversas, 6.782 fueron separados del servicio y despedidos y 6.500 sancionados con traslados de residencia, según los datos de la investigación de Francisco Polo, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, junto a familiares de víctimas del franquismo, en Atocha.

Por estas cifras, el Consejo de Administración de Renfe y Adif, presidido por el ministro de Fomento, han firmado un texto “en memoria” de los obreros de líneas férreas “afectados por los procesos de depuración del franquismo”. La declaración sirve “para considerar nulas las sanciones y reponer el honor de los ferroviarios represaliados”, subraya Miguel Muñoz.

El trabajo histórico comenzó a rodar en el año 2004, a propuesta de los sindicatos representados en Renfe. “Pero cuando el PP llegó al Gobierno lo congeló totalmente”, afirma el representante de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

Las “primeras purgas”, desde el 36

“Las compañías ferroviarias privadas, y luego Renfe tras su creación en 1941, aplicaron la Ley de Responsabilidades Políticas” creando incluso “tribunales específicos”, señala Muñoz. Los obreros “tienen que demostrar que no son culpables”, quedando expuestos a los “diversos capítulos” represivos: “encarcelamientos, juicios sumarísimos, fusilamientos, exilio”.

Las “primeras purgas” arrancan tras el fracaso del golpe de Estado que provoca la guerra civil. Los golpistas ponen en marcha “un proceso sistemático de información para identificar a todos los trabajadores que habían llevado a cabo actuaciones sindicales o pertenecían a sindicatos o partidos obreros”, refiere.

La “situación más dramática” cayó sobre “casi 6.800” ferroviarios con penas “desde meses de prisión a cadenas perpetuas”. Y más: “casi un centenar de ellos fue condenado a muerte”. O el exilio, los trabajos forzados como esclavos del franquismo en la construcción de líneas férreas y el internamiento en campos de concentración como Mauthausen.

Exhumación en una de las ‘fosas de los ferroviarios’ en Aranda de Duero, en 2011. | ÓSCAR RODRÍGUEZ – ARANZADI

De las fosas a la represión de género

Las grandes fuerzas sindicales en la época, el socialista Sindicato Nacional Ferroviario y la anarquista Federación Nacional de la Industria Ferroviaria, fueron diezmados. De casi 30.000 afiliados cada uno, a poco más de varias decenas. En los años 60 las organizaciones obreras empiezan a sacar la cabeza y, como antes, “sus militantes fueron represaliados mediante encarcelamientos, despidos y sanciones”.

La “brutal represión” en el ferrocarril compartió rasgos generales con el resto de las industrias españoles. Aunque con una “naturaleza singular debido al valor estratégico que tenía en el devenir militar”, recuerda Miguel Muñoz, y porque había sido “un sector muy combativo”, con varias huelgas durante el periodo republicano

El afán vengativo trajo además formas sutiles de exclusión, como la “presunta culpabilidad que inhabilitaba socialmente”. La estigmatización también tenía rastro de género. “Las ferroviarias fueron objeto de una represión específica por su género ya que sus salarios fueron menores, se establecieron disposiciones para poder ingresar en la empresa o desempeñar determinados oficios”, según la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. “También fueron obligadas a coger una excedencia forzosa cuando contraían matrimonio”, especifican.

El castigo al tren fue poliédrico. Y las fosas comunes son el espejo oculto y el paradigma del genocidio estratégico de los golpistas. Como la tumba ilegal que todavía guarda a 59 trabajadores del tren en el monte Costaján (Aranda de Duero, Burgos). Todas los ferroviarios víctimas del franquismo quedan ahora representados en la “memoria” de Atocha.

Público/Patricia Campello