RMHSA de CGT.A
La Recuperación de la Memoria Histórica (RMH) como fenómeno social ha superado los 15 años de intensa actividad en favor de Verdad, Justicia y Reparación que condensan sus aspiraciones. En este tiempo se han realizado numerosas actividades que ha comportado la superación de las heridas de una guerra incivil y el dominio por cuarenta años de un régimen militar dictatorial fundado sobre la represión brutal hacia el conjunto de la sociedad.
Durante este tiempo las reacciones sociales hacia este fenómeno han sido de total comprensión y respeto, aunque en el terreno de “la política” se han expresado ciertas desavenencias que encierran incomprensión y poca generosidad: los perdedores de la guerra lo son por siempre y, en consecuencia había que negarles los derechos y la dignidad. Esta actitud guerracivilista de la alta política contrasta con la generosidad demostrada por el pueblo en los cientos de actos celebrados para reconocer su dignidad y los valores que conectan con quienes aspiraron a una realidad más igualitaria y humana, tan alejada por entonces de la que se vivió en esos años.
Después de 15 años, observamos ciertos deseos de decretar el fin de la RMH aunque no se hayan satisfechos sus aspiraciones. Que sólo tres programas electorales incluyan referencias a la RMH indica que esta realidad se quiere presentar finiquitada cuando no es así. No lo es por la propia vigencia de las aspiraciones que constituyen la columna central del movimiento memorialista, y tampoco porque desde instancias judiciales supraestatales observan nuestra realidad con preocupación señalando deficiencias que deben ser subsanadas. Así lo estima, de forma tajante, Naciones Unidas, a través del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición al denunciar en sendos informes el incumplimiento de las obligaciones del gobierno en materia de desapariciones forzosas y el estado de indefensión de las víctimas. Sendos informes aportan una serie de recomendaciones que deberían constituir una hoja de ruta de obligado cumplimiento.
Es cierto que en Andalucía la Administración ha establecido en esta última década programas anuales de subvenciones dirigidos a entidades memorialistas, ayuntamientos y universidades, enfocados a tareas de investigación y reconocimiento hacia las víctimas del franquismo, y ha dispuesto algunas medidas de reparación a personas que sufrieron prisión o vejaciones. También se aprobó un Decreto por el que se crea y regula la figura de Lugar de la Memoria Histórica de Andalucía y de manera más tímida, se han acometido unas pocas exhumaciones de fosas comunes. Pero suponiendo, sin duda, un avance sustancial, todavía se perciben como insuficientes, agravado por la escasa información, cuando no falta de transparencia.
En la última legislatura se elaboró un proyecto de Ley, denominado de Memoria Democrática de Andalucía, que no llegó a alcanzar la tramitación parlamentaria. A partir de este Anteproyecto, y salvando los puntos que deberían revisarse desde la participación activa de cuantas instancias están concernidas, y siendo conscientes de los límites competenciales de la Junta de Andalucía, su aprobación supondría un paso adelante y por tanto habría que retomarlo y someterlo a un proceso de participación en busca de los máximos consensos.
En este sentido, es esencial concebir todo planteamiento sobre la memoria y las víctimas como patrimonio colectivo de toda la ciudadanía andaluza y evitar cualquier tipo de instrumentalización político-partidista desde las instituciones. Sería deseable un impulso a la causa de la memoria por parte de la máxima instancia de gobierno. Y así hasta el momento ninguna presidencia de la Junta de Andalucía se ha reunido con las víctimas del franquismo, con sus familiares, con las asociaciones memorialistas, o ha visitado una exhumación de una fosa común o ha hecho acto de presencia en el campo nazi de exterminio de Mauthausen donde fueron convertidos en cenizas más de 1000 andaluces, o ha acudido a un acto de homenaje promovido por alguna entidad memorialista.
Estos gestos siempre se delegan en otras autoridades subalternas como si fueran asuntos de menor grado. Del mismo modo, los asuntos de la memoria deben ocupar una posición transversal en toda la Administración –con especial presencia en Cultura, Justicia, Obras Públicas, Presidencia, Sanidad, Educación, etc.– y no quedar constreñidos en un departamento estanco.
Entre otras muchas cuestiones que precisan, por higiene democrática, de una pronta actuación, destacamos algunas:
* Exhumaciones.
No se puede prorrogar un día más este asunto que tanto sufrimiento provoca entre los familiares de las víctimas que yacen en alguna de las más de seiscientas fosas comunes que inundan nuestra Comunidad. El próximo gobierno andaluz debe arbitrar medidas con carácter de urgencia que posibiliten de manera ágil que los familiares puedan dar digna sepultura a sus seres queridos. No es cuestión de política partidista, es cuestión de los más básicos derechos civiles.
* Registros Civiles.
Es de suma importancia que las personas desaparecidas (fusiladas / asesinadas) figuren asentadas en el Registro Civil y para ello sería necesario que la Junta y los Ayuntamientos comenzaran de “oficio” a inscribirlos. La privatización de este servicio público haría más urgente y necesaria esta intervención.
* Simbología franquista.
Es inconcebible que todavía hoy, pervivan en multitud de espacios y edificios públicos de Andalucía, insignias, escudos, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del franquismo. La exhibición de esta simbología, además de suponer una humillación para las víctimas y gentes con sentido democrático, cumple una función legitimadora del franquismo pues solo con su presencia lo normaliza contribuyendo a la extensión de nuevos significados que desvirtúan su naturaleza represiva.
* Divulgación pedagógica.
A pesar de los avances en materia de investigación y divulgación, el desconocimiento de la magnitud y los alcances de la represión franquista en Andalucía por parte de la población es mayoritario. Es necesaria la incorporación de esta parte de nuestra historia tratada con rigor en los currículos escolares y la divulgación pedagógica en los medios públicos de comunicación, en horario adecuado, especialmente radio y televisión. Esto incluiría el necesario reciclaje del profesorado a través de los CEP.
* Lugares de la Memoria.
Del mismo modo, hay que rescatar y poner en valor por su función didáctica los lugares más emblemáticos de la memoria reciente, aquellos que la ciudadanía le ha otorgado una especial significación con la instauración de ritos del recuerdo: fosas comunes, campos de concentración, prisiones, etc., y crear en algunos de ellos –como es habitual en muchos países europeos– memoriales o centros de interpretación, como el olvidado proyecto de Memorial sobre la utilización de los presos del franquismo como mano de obra esclava en el antiguo campo de concentración de Los Merinales (Dos Hermanas). En algunos casos, por su significación, sería aconsejable su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).
* Por la justicia y contra la impunidad.
Aunque no esté entre sus competencias, el próximo gobierno andaluz debería estar al frente en la reivindicación de la justicia y contra la impunidad en cualquier proceso abierto y de la anulación de las sentencias franquistas a todas luces ilegítimas pero con vigencia legal.
Las víctimas del franquismo y toda la lucha contra la dictadura en pro de las libertades democráticas constituyen un patrimonio ciudadano todavía por valorar. La memoria de estas víctimas ha ocupado siempre una posición subalterna que ha ido emergiendo de la nada para ganar paulatinamente espacios en la esfera pública. En buena medida estas conquistas se deben a la iniciativa ciudadana y es crucial, para una mayor proyección de los valores democráticos que entrañan, la implicación decidida del próximo Gobierno y Parlamento andaluz.
Grupo de Trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia Social de Ansalucía” (RMHSA de CGT.A)
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