Sin embargo, el pleno de la Sala de lo Militar del Supremo sí acordó practicar una prueba pericial infográfica que solicitó la familia para intentar reconstruir el crimen imputado al joven anarquista. Los ocho magistrados que integran el pleno deben decidir si se admite a trámite el recurso de revisión y analizar también si entran a debatir este asunto tras la decisión de las hermanas de Salvador Puig Antich de recurrir ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el hecho de que sea el pleno, y no un tribunal integrado por tres jueces, el que conozca del asunto.
Los abogados de las tres hermanas de Puig Antich, cuyo caso ha vuelto a la actualidad gracias a la película Salvador, estrenada recientemente, creen que las nuevas pruebas presentadas, entre ellas el testimonio del médico que certificó su muerte, demostrarán que la sentencia que lo llevó al patíbulo hace 32 años fue injusta.
Víctima de un gran tiroteo
Salvador Puig Antich, un joven anarquista barcelonés del Moviment Ibéric Llibertari (MIL), fue ajusticiado por el método del garrote vil el 2 de marzo de 1974, tras ser condenado como autor de la muerte a tiros del policía Francisco Anguas cuando éste supuestamente iba a detenerle por su presunta participación en el atraco a un banco de Barcelona. Las hermanas de Puig Antich han sido quienes han promovido por segunda vez la revisión de este proceso ante el Supremo, después de que les fuera rechazado el que presentaron en 1994, coincidiendo con el 20 aniversario de la muerte del joven anarquista. La familia quiere demostrar que el policía murió en medio de un gran tiroteo dentro de un portal en el que recibió disparos también de sus compañeros.
El recurso de revisión tiene una naturaleza extraordinaria, ya que sólo se plantea ante la aparición de nuevos hechos o pruebas que hagan decaer la firmeza de una sentencia. Su admisión conlleva la nulidad de la resolución recurrida por existir otra condena sobre el mismo delito, por descubrir que vive la supuesta víctima de un homicidio o porque las pruebas practicadas durante el juicio hubieran sido obtenidas de forma ilegal o mediante violencia o tortura.
Familiares de víctimas de la Guerra Civil o condenados a muerte durante la dictadura de Francisco Franco han recurrido a esta vía para intentar conseguir del Estado un reconocimiento de la injusticia de sus procesos.
