RMHSA de CGT.A
Desde que el comenzara a actuar en esta materia en 2001 con las indemnizaciones a los «privados de libertad» del franquismo, el Gobierno de Andalucía ha «movido» la Recuperación de la Memoria Histórica de una a otra consejería (Justicia, Presidencia, Administración Local y ahora Cultura) y a estar bajo la responsabilidad de diferentes cargos: un viceconsejero, un comisario y, en la actualidad, un director general. Este último movimiento, del Gobierno andaluz, hace bajar en importancia a una memoria más vinculada a la JUSTICIA que a la cultura, aunque eso no significa que no deban de existir estrechos lazos (Comisión Interdepartamental, que nunca llegó a funcionar como se esperaba).
La designación de Rosa Aguilar como nueva consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, con las responsabilidades sobre Memoria Histórica, va a traer cola si no se explica lo antes posible. Sus antecedentes en cuanto a sus actitudes con respecto a la Memoria Histórica son «conflictivos».
En primer lugar por NO SABER RESOLVER el asunto de la cruz de los caídos de Córdoba, ni antes ni después de la publicación de la Ley Memoria Histórica (52/2007). Simplemente, hizo algunas gestiones encaminadas a «maquillarla» quitándole algunas piezas ornamentales: el águila preconstitucional y un texto que hacía referencia a la guerra civil. La cruz sigue en el mismo lugar, pues su sustituto, Andrés Ocaña (IU), tampoco la tocó. Al igual que José Antonio Nieto (PP).
Doña Rosa Aguilar tuvo una actuación apoteósica cuando se negó a que, con una subvención del Ministerio de la Presidencia, se hicieran unas catas para confirmar la existencia de una fosa común en el cementerio municipal de San Rafael. Se intentaba localizar, por parte de la Sociedad de Ciencias ARANZADI, los restos del diputado socialista malagueño Luis Dorado Luque, fusilado en los primeros días del golpe y «tirado» a una fosa común. La alcaldesa reclamó una «orden judicial» para autorizar la intervención. Sin embargo, sí acogió (sin ni siquiera agradecerlo) el estudio de geo-radar de esa zona del cementerio que fue pagado por esa subvención. La actitud de Rosa Aguilar fue denunciada en los juzgados, que terminaron archivándola. En esas mismas fechas, el Ayuntamiento de Málaga, gobernado por Francisco de la Torre, del PP, comenzó los trabajos de exhumación de los restos de 2.840 fusilados con una aportación económica que superó los 300.000 euros, junto con aportaciones similares, por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, del PSOE y del Ministerio de la Presidencia, de la también socialista María Teresa Fernández de la Vega.
No tenemos datos sobre si la nueva consejera de Cultura ha realizado algún curso de reciclaje en esta materia, o si, con su ingreso en el PSOE, ha modificado sus posiciones anteriores (¡ojalá!), pero no nos gustaría que la Memoria Histórica pasara a formar parte de un programa más de intervenciones arqueológicas al uso, aunque manteniendo la necesaria «distancia cínica» (que dicen los estudiosos), junto a los restos de la época fenicia, romana o árabe.
Esperamos (creemos que el movimiento memorialista en su conjunto) expectantes una convocatoria donde se nos explique las futuras líneas de intervención de la Junta de Andalucía. Ha asumido, por la política de hechos consumados, «todas las responsabilidades en materia de fosas comunes», excluyendo, de hecho, a las familias de los asesinados/fusilados por los promotores del golpe de Estado y posterior dictadura.
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