La negociación está en marcha. Los socios parlamentarios del Gobierno, o sea, ERC e IU-ICV, están dispuestos a aceptar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de la memoria histórica, a cambio de la reforma de la ley de compensación a los partidos políticos por el patrimonio que les expropió el franquismo. Gran parte del patrimonio incautado les fue compensado en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar. Según datos de Hacienda a los que ha tenido acceso El Confidencial, los partidos históricos han recibido 30 millones de euros. Pero ahora el tema se reabre.
Fue el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, quien levantó la liebre del cambio de cromos sobre los dividendos históricos cuando, en diciembre pasado, anunció su disposición a negociar la ley de la memoria histórica a cambio de la ampliación de la norma sobre la compensación a los partidos políticos por los bienes que les incautó el franquismo.
Hasta entonces, tanto el PNV como ERC e IU-ICV habían rechazado el proyecto de ley de memoria histórica, patrocinado por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, porque no anula las condenas del franquismo a los demócratas. El proyecto sólo ofrece certificados de inocencia a los condenados por el franquismo por motivos éticos y políticos, y a las familias de los que fueron fusilados en aplicación de la llamada ley de auxilio a la rebelión. La propuesta de Imaz ha despejado el camino de la negociación. ERC e IU-ICV se han adelantado a pedir la revisión de la ley de compensación a los partidos históricos. El PSOE votó el pasado martes a favor de la misma. La segunda parte de la negociación se materializará la próxima semana, cuando los socios parlamentarios del Gobierno voten a favor de la ley de la memoria histórica. El coste económico de esta norma será pequeño, pues sólo contempla compensaciones de 6.000 euros a quienes sufrieron tres años de trabajos en batallones disciplinarios, dado que la mayoría de los presos, fallecidos y represaliados por el franquismo ya han percibido pensiones e indemnizaciones por la ley de 1989.
En cambio, la revisión de los bienes incautados a los partidos históricos puede suponer una cifra cercana a los 50 millones de euros, de los que el PSOE y el PNV serán los más beneficiados. La ley que promovió Aznar en ese sentido permitió reconocer -administrativamente y mediante recursos en los tribunales- unas compensaciones que, según los datos del Tesoro, se distribuyeron del siguiente modo : 12,3 millones de euros para el PSOE ; 10,5 para el PNV ; 1,03 para el PCE ; 3 para Izquierda Republicana (IR) ; 1,7 para ERC ; 0,5 para el PSUC y 695.800 euros para la desaparecida Acción Nacionalista Vasca, próxima a Batasuna.
El confidencial/ Luis Díez/ 05 de marzo de 2007
