El juez Garzón ha solicitado al Ayuntamiento de Sevilla la lista de los fusilados de la Guerra Civil enterrados en fosas comunes del cementerio de San Fernando. Con la petición, que se extiende a Granada, Córdoba y Madrid, pretende aclarar el número de víctimas, que en Sevilla oscila entre los 890 y los 4.000.
Tras un año de batalla judicial, la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía ha logrado una primera victoria : el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido investigar las desapariciones, sacas de presos, asesinatos, torturas y exilios de la Guerra Civil (1936-39), por si sus autores cometieron un delito de lesa humanidad, “un crimen que ofende, agravia, injuria a la humanidad en su conjunto”, como define el Tribunal Penal Internacional.
La asociación, junto a siete más como la CGT (Confederación General del Trabajo) y entidades de ayuda a las familias, ha logrado incluir a Sevilla en el mapa de la justicia que está intentando pintar Garzón, ya que el juez, a raíz de los informes remitidos por ella, ha exigido al Ayuntamiento de Sevilla que elabore el listado completo de las personas que yacen en fosas comunes del cementerio de San Fernando y que murieron fusiladas, “como consecuencia directa del denominado alzamiento nacional y la situación de Guerra Civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España”, reza la providencia del magistrado. No sólo tendrá que responder el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, sino los regidores de Córdoba, Madrid y Granada, además del rector de esta última Universidad. Se les pedirá que detallen el nombre, la fecha y lugar de nacimiento, la residencia y la filiación de los fallecidos.
El caso de Sevilla, no obstante, es “especialmente doloroso”, como apunta Cecilio Gordillo, portavoz de la asociación. Y es que en el registro civil sólo aparecen inscritos 890 sevillanos, cuando la investigación de investigadores e historiadores independientes que ellos han entregado al juez eleva la cifra hasta los 4.000 fusilados en la capital ; a ellos habría que añadir los más de 11.400 de los que hay noticia en la provincia. “Garzón, con su petición, está salvando un escalón fundamental, porque con los registros de los cementerios se podrá conocer un número mucho más exacto de las personas que murieron en la guerra”, señala. Los datos del registro, insiste, no son fiables, porque en Sevilla sólo se apuntaron en él los nombres de los muertos en los dos días posteriores al alzamiento del general Franco. Después ese registro dejó de actualizarse, por orden del general Queipo de Llano, y no se retomó hasta febrero de 1937. “Casi siete meses de silencio, de muertes de las que nada sabemos”, apostilla Gordillo. Con el libro de defunciones del cementerio de San Fernando esa laguna podría cubrirse.
El portavoz lamenta que el camposanto sólo cuente con un monolito en homenaje a las víctimas y recuerda al alcalde que prometió un muro con los nombres de los represaliados, promesa que data de 2002. Además, la entonces consejera de Justicia, Carmen Hermosín, pidió en 2003 a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FEMP) que cada ciudad elaborara la lista de fosas que pudieran quedar sin exhumar. Nadie ha cumplido.
En el auto de Garzón también se pide al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica que informen sobre el número de desaparecidos que le constan, para determinar si procede o no investigar los hechos. El juez reclama a las casi 23.000 parroquias españolas –como el Valle– sus libros de difuntos, para facilitar a posibles víctimas de la época. El fiscal de la Audiencia, por contra, insiste en archivar el caso porque los delitos que se cometieron entonces deben catalogarse de “comunes” según el Código Penal de la época –asesinato, detención ilegal, lesiones– y que, además, han prescrito y no deben ser juzgados.
C. Rengel | http://www.correoandalucia.com
