eldiario.es/Marta Borraz
Las sobrinas de los hermanos Lapeña, militantes anarquistas de Calatayud, ya obtuvieron sentencia favorable a la recuperación de sus restos en 2016. Hoy sigue sin cumplirse su petición.
Patrimonio Nacional ha respondido a las solicitudes de al menos 12 familias, que ya cuentan con su autorización personal para recuperar los restos de sus seres queridos. Sin embargo, han recurrido las resoluciones por no añadir cuándo comenzarán los trabajos.
Patrimonio Nacional acaba de enviar a las familias que han solicitado exhumar a sus seres queridos del Valle de los Caídos el documento en el que les reconoce el derecho. Ya hace algo más de un año que el organismo acordó la autorización de los trabajos, pero ahora lo que ha hecho es responder una a una a las peticiones registradas. Los escritos, fechados el pasado 20 de noviembre, ya están en manos de, al menos, 12 familias, las representadas por el abogado especializado en memoria histórica Eduardo Ranz.
El documento, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, ha sido enviado tras evaluar la documentación presentada y acreditar el parentesco entre el solicitante y la persona inhumada. De esta forma, las familias cuentan con su reconocimiento oficial y personal, algo que les da tranquilidad, pero lamentan que sigue sin fijarse una fecha para llevar a cabo los trabajos. Por eso, han presentado un recurso a la resolución, al considerar que “es incompleta o defectuosa”, remarca Ranz.
En todo caso, las exhumaciones están condicionadas a “la posibilidad de acceso al lugar”, a la viabilidad de la identificación, el estado de conservación de los restos, la posibilidad de garantizar su integridad, de realizar pruebas de ADN “fiables” y de la “proporcionalidad de las actuaciones”, especifica el documento en línea con lo que declaró hace un año.
El noviembre pasado Patrimonio Nacional dio luz verde a los trabajos tras un informe técnico favorable del CSIC. Entonces había 31 solicitudes, hoy son unas 50. Parecía el paso definitivo, pero de momento en la mayor fosa común de España siguen enterrados 33.815 cadáveres, entre víctimas de la Guerra Civil (también del Ejército franquista) y represaliados de la dictadura.
Las familias insisten en que la espera es ya demasiado larga. Algunas llevan peleando décadas por encontrar a sus seres queridos, trasladados a Cuelgamuros sin autorización tras ser asesinados por el régimen. Y la mayoría son muy mayores, lamentan. Ya hace unos cuatro meses que varios enviaron una carta al Gobierno pidiéndole que reactivara los trabajos. Aunque comprenden las circunstancias extraordinarias en las que está sumido el país por la pandemia de coronavirus, insisten en ello porque temen que se siga alargando en el tiempo. Y que esto, en la práctica, suponga para muchos no llegar a ver nunca cómo sus seres queridos salen del mausoleo franquista.
A día de hoy, una de las familias cuenta con sentencia favorable. Es la de los hermanos Lapeña, Manuel y Antonio Ramiro, fusilados en 1936. Aún así, y a pesar de que el fallo se emitió en 2016, tampoco han podido recuperar sus restos.