“Sin justicia no hay verdad ni reparación”. Estas palabras las pronunció hace ahora ocho meses Chato Galante

en una entrevista en eldiario.es

. Galante es un expreso del franquismo; detenido, torturado por Billy el Niño y condenado a cuatro años de cárcel por participar en una protesta estudiantil en 1968. Estos hechos pertenecen a su pasado, pero definen su presente como activista que busca desde hace años justicia y reparación para las víctimas de la dictadura, a través de la asociación ‘La Comuna. Presxs del franquismo’ a la que pertenece. Como recuerda, su torturador continúa en la calle como “ un ciudadano ejemplar” mientras él sigue siendo “un delincuente” porque su condena “nunca ha sido anulada”.

“Satisfacción” es la palabra que Chato Galante ha utilizado para celebrar que el Ayuntamiento de Madrid haya decidido sumarse a la red de municipios que ha presentado, o está en proceso de hacerlo, querellas contra crímenes del franquismo, después

del portazo que recibió por parte del Consistorio el pasado mes de febrero

. Ahora, coincidiendo con el 40 aniversario de la aprobación de la ley de Amnistía, que ha sido uno de los elementos clave para la impunidad de los crímenes de la dictadura, el Ayuntamiento de la capital sacará adelante una moción en el Pleno del próximo día 31 como primer paso para querellarse contra esta vulneración de derechos humanos en Madrid

Galante fue torturado con una violencia extrema y pasó cuatro años en prisión. No es la única víctima de la dictadura en la capital, ni los delitos sobre su persona los únicos que se produjeron durante las cuatro décadas de dictadura. Asesinatos, desapariciones, palizas, robo de bebés… son otros crímenes que siguen impunes desde que desapareciera Franco en 1975 y que ahora desde muchos municipios se quieren perseguir.

El Ayuntamiento de Madrid cifra en “decenas de miles” las víctimas de la represión política, social y laboral ejercida por la dictadura franquista en la capital, según recoge la moción que presentarán conjuntamente Ahora Madrid y PSOE el próximo 31 de octubre y a la que ha tenido acceso eldiario.es. La propuesta saldrá adelante con seguridad debido a que ambos grupos suman mayoría de votos.

La moción se centra en tres aspectos: interponer una querella criminal ante los Juzgados de Instrucción de Madrid para que investiguen los delitos cometidos en el contexto de crímenes contra la humanidad por parte de la dictadura franquista contra los ciudadanos de Madrid; incorporarse a la Red de Municipios por el acceso a la justicia de las víctimas; y apoyar las iniciativas ciudadanas encaminadas a iniciar procedimientos ante la administración de justicia para determinar responsabilidades en los crímenes.

El primer paso para la querella

Esta iniciativa del Pleno municipal es solo el primer paso. Jacinto Lara, uno de los abogados de la querella argentina e impulsor de esta iniciativa en los ayuntamientos, recuerda que la corporación local se encuentra en la “fase previa”. Como explica el letrado a eldiario.es, el Gobierno de Manuela Carmena tendrá que determinar después la fórmula con la que llevará a los tribunales delitos concretos de la dictadura contra los ciudadanos madrileños. Porque la querella (o querellas) no será “una causa general contra el franquismo”, asegura Lara, porque “estaría abocada al fracaso”.

“Los crímenes tendrán que estar particularizados e invidualizados con nombre y apellidos de víctimas”. El Ayuntamiento puede optar por diferentes opciones. “Se puede presentar una querella por un hecho concreto o puede agrupar muchos delitos, aunque cada uno se tendrá que definir”. El consistorio también puede “presentar varias querellas”, “presentarla a título propio” o “sumar a particulares”. Lo imprescindible, asegura Lara, es que la denuncia sea “rigurosa” y  destaca el paso al frente del Consistorio porque ayuda a las víctimas a sentirse “amparadas por una institución”.

Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y responsable del área de Derechos Humanos, reconoce que todavía no está decidido cómo se abordará la denuncia. “Una vez se apruebe la iniciativa se comenzará por una recogida de testimonios, conocer el material del que disponemos es necesario para decidir la fórmula”, explica Valiente. Para ello, señala el concejal, “el Ayuntamiento iniciará un proceso de contratación”.

Otras ciudades ya se han querellado

Madrid aprobará su moción después de que lo hayan hecho ya más de 30 municipios. Ciudades como Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz, A Coruña, Vitoria ya lo hicieron. Ahora, tanto Galante como Valiente y Ramón Silva, concejal del PSOE en el Consistorio de la capital, consideran que la incorporación de Madrid a esta acción impulsará para que otros municipios vayan detrás.

Luego hay ciudades como Pamplona que han presentada ya la denuncia. La del Ayuntamiento pamplonés, gobernado EH Bildu, fue la primera querella a nivel estatal contra crímenes del franquismo en una ciudad. La denuncia solicita la investigación de hasta 309 muertes y más de 1.000 encarcelamientos durante la Guerra Civil y el franquismo en Pamplona, centrándose en 17 casos concretos, de los que cuatro, ya sea en primera persona o a través de familiares, se han adherido personalmente a la denuncia, siendo querellantes junto al Ayuntamiento.

Como explica la responsable de Gabinete del Consistorio pamplonés, Olaia Aldaz, el Ejecutivo municipal siguió varios pasos antes de llegar a los juzgados. Después de aprobar la moción el pleno municipal, el siguiente escenario fue llegar a un convenio con la Universidad pública de Navarra que llevaba tiempo investigando los crímenes, para que elaborara un informe pericial que sería la base de la querella. Posteriormente, la corporación local abrió una oficina durante cuatro meses, para que víctimas o familiares dieran sus testimonios y aportaran documentación. La asesoría jurídica municipal, junto con un despacho externo y la coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CEAQUA), elaboró con los testimonios y el informe pericial la querella, un proceso que ha durado algo más de un año.

Fue también el Consistorio de Pamplona la administración que impulsó la creación de la Red de Ciudades por la Justicia y la Memoria, a la que ahora Madrid se sumará. El Ayuntamiento de Carmena está organizando uno de los encuentros de la red en la capital para próximo mes de noviembre.

La impunidad de 40 años

Hasta ahora los tribunales en España se han negado a investigar los crímenes del franquismo. Tanto es así que las víctimas han acudido a Argentina en busca de justicia, en una querella que suma a más de 9.000 personas. Pero, ¿por qué no se han investigado todos estos crímenes contra los derechos humanos?

La primera razón es la ley de Amnistía aprobada en 1977

y que cumple este mes 40 años. Izquierda Unida tiene un borrador de proposición de ley en el marco del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú-En Marea para derogar aquella ley de Amnistía, que se encuentra en un proceso de negociación con asociaciones de memoria histórica y otras formaciones políticas para ultimar el texto. Este mismo miércoles, se produjo una reunión al respecto.

El texto de IU anula la Ley 46/1977, de 15 de octubre, “de Amnistía en todos aquellos aspectos que vulneran el Derecho Internacional en materia de persecución de crímenes de lesa Humanidad; declara la nulidad de pleno derecho de las sentencias dictadas por tribunales franquistas que supusieron condenas que atentan contra los Derechos Humanos y atiende la evolución del Derecho Penal Internacional en el sentido de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad”.

Este último aspecto es también clave, según señala el letrado Jacinto Lara. España no empezó a reconocer crímenes de lesa humanidad hasta 2004 cuando aprobó una ley específica. Lara sitúa la impunidad en los crímenes del franquismo en una sentencia del Tribunal Supremo de 2012, que establece que no se pueden investigar crímenes de lesa humanidad en España con carácter retroactivo.

Pero, según indica el abogado, los tribunales deben empezar a tener en cuenta el contexto y aplicar el principio de legalidad internacional que establece que los crímenes contra la humanidad no prescriben. Por tanto, la tipificación del delito como lesa humanidad es clave para que la iniciativa no acabe archivada.