Según informó el Alto Tribunal en una nota de prensa, se ha denegado la autorización solicitada por la familia de Puig Antich en la que solicitaban interponer un recurso extraordinario a la sentencia que condenó a muerte al anarquista catalán. De los cinco miembros de la Sala, tres votaron a favor de denegar la solicitud : el presidente del Tribunal, Ángel Calderón, y los magistrados Agustín Corrales y Javier Juliani, mientras que José Luis Calvo Cabello y Ángel Juanes Peces emitieron votos discrepantes.

Antiguos generales auditores del Ejército

Los tres votos favorables pertenecen a magistrados del ala más conservadora del Supremo : Ángel Calderón fue presidente de la Asociación de Profesionales de la Magistratura (APM), una asociación de magistrados conservadores cercanos al PP. Por su parte, Agustín Corrales y Javier Juliani son antiguos generales auditores del Ejército, es decir, pertenecieron a la rama jurídica de las Fuerzas Armadas.

“Vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva”

Al conocer la sentencia, el abogado de la familia de Puig Antic, Sebastián Martínez Ramos, lamentó “profundamente” la decisión porque, según aseguró, “se vulnera el derecho de tutela judicial efectiva”. A su juicio, las pruebas practicadas demuestran que los dos médicos que recibieron el cadáver del subinspector Francisco Anguas, por cuyo asesinato fue condenado a muerte Puig Antich, tenía cinco balas y no tres, como figuraba en la autopsia.

“Irregularidades”

Además recordó que la prueba pericial infográfica “revelaba la imposibilidad de que todas las balas procedieran de la misma pistola”. También señaló “otras irregularidades”, como la “realización de una autopsia en una comisaría de policía, la pérdida de balas y casquillos o la no entrega de armas para peritar”.

Fechas pospuestas

La adopción de esta decisión estaba fijada para el pasado 25 de octubre, sin embargo, la Sala de lo Militar acordó retrasar la fecha para poder interrogar previamente a los testigos propuestos por la familia. El pasado mes de febrero la decisión sobre la autorización de la revisión de la condena a muerte de Puig Antich, ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974, fue de nuevo pospuesta, al solicitar nuevas pruebas, finalmente rechazadas por el Alto Tribunal.

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