La ministra de Defensa,

Margarita Robles

, ha firmado una resolución por la que autoriza, “con carácter general, la consulta pública” de gran parte de la documentación obrante en el Archivo General Militar de Ávila anterior a 1968, cuando entró en vigor la Ley de Secretos Oficiales. Se trata de unas 500 cajas de documentos relativos a la Guerra Civil y la dictadura franquista que hasta ahora no podían consultarse sin autorización especial por llevar el sello de secreto o reservado.

Tal

como adelantó EL PAÍS

el pasado lunes, la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa aprobó el 4 de septiembre un informe en el que recomendaba a la ministra el libre acceso a esta documentación, por considerar que su conocimiento público “no afecta a la seguridad y a la defensa del Estado”, tal como ya había reconocido el Ejército de Tierra.

Las 500 cajas que van a ponerse a disposición de los investigadores y del público en general incluyen miles de documentos que tratan sobre movimientos de tropas en la Guerra Civil, campos de concentración y batallones de trabajo bajo la dictadura, fortificación de los Pirineos en la posguerra o boletines de la sección del Inteligencia el Estado Mayor Central, entre otras muchas materias.

Según la resolución, se trata del “inicio de un proceso a través del cual de manera progresiva se irá autorizando la apertura de las series documentales contenidas en los archivos históricos militares cuya consulta no se encuentra impedida total o parcialmente por su clasificación con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, por otros motivos legalmente previstos o incluso por razones relacionadas con el gran volumen de documentación archivada cuyo acceso requiere un proceso técnico previo de tratamiento especializado (inventario, descripción, digitalización…)”.

El Ministerio de Defensa asegura que “en lo sucesivo habrá más autorizaciones, ya que existe más documentación cuyo acceso público puede autorizarse”, aunque matiza que la que va a poner a disposición del público ya es lo bastante “voluminosa para empezar el proceso, pues hay que tener en cuenta el estado de conservación de los documentos y su nivel de descripción para que puedan ser consultados de la mejor manera posible”.

Tras recordar “el cada vez mayor número de investigadores, estudiosos y personas en general que en el curso de los últimos años se han dirigido a Defensa” para consultarla, lo que demuestra que esta documentación “se ha convertido en objeto de gran interés”, la resolución afirma que ha “llegado el momento de atender esta demanda social” de forma que no se ponga en riesgo la Seguridad Nacional y se facilite el conocimiento de la historia de las Fuerzas Armadas.

La resolución de Robles se basa en una interpretación de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, según la cual esta norma no tiene carácter retroactivo y ningún documento anterior a su entrada en vigor estaría legalmente clasificado, aunque tuviera sellos de secreto o reservado. Eso supone que la titular de Defensa, como máxima responsable de los archivos militares, tiene competencia para hacerlos públicos, sin necesidad de que los desclasifique el Consejo de Ministros.

Esta interpretación, según los expertos, debe aplicarse también a los archivos de otros departamentos y particularmente al del Ministerio de Asuntos Exteriores que, en virtud de un acuerdo del Consejo de Ministros de 2010 que clasificó la práctica totalidad de los cables diplomáticos, mantiene bloqueado el acceso de los investigadores a gran parte de sus fondos documentales históricos.