La asociación de Ex-Presos Sociales, desde su fundación, trabaja por el resarcimiento moral y económico de las personas que en aquel tiempo sufrieron torturas y cárcel por su orientación sexual o identidad de género.

Los pasos dados por este colectivo se encaminaron siempre en la dirección de otorgar a estas personas una indemnización económica, para resarcirlas por los daños causados por el estamento judicial y penitenciario en una época ciertamente funesta. Buscábamos una solución consensuada políticamente, que implicara a todo el arco parlamentario y agentes sociales. Si bien es cierto que la asociación ha conseguido el reconocimiento moral, en una declaración institucional realizada en la Cámara Baja, el 28 de diciembre de 2004, no lo es del mismo modo, en el momento actual ; consideramos que las reuniones mantenidas hasta el momento con el Ministerio de Justicia, tras un amplio consenso de Instituciones y partidos políticos, se materializarían en un corto espacio de tiempo en la forma anteriormente apuntada. Sin embargo, nuestras expectativas se han visto absolutamente frustradas al comprobar que no se ha tomado en consideración nuestras demandas.

Las continuas dilaciones en la asunción de esta responsabilidad, por parte del Ejecutivo de Zapatero, no nos deja otra salida que plantear nuestras demandas por vía judicial en la forma y el modo que consideremos más oportuna para llegar, si fuera necesario, hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.