En el aire
Gutiérrez demandó a la regidora, así como al presidente de la empresa Cementerios de Córdoba Sociedad Anónima Municipal (Cecosam), Alfonso Igualada, y al gerente de esta misma compañía, José Cabrera, después de que el Ayuntamiento paralizase los trabajos para localizar, identificar y desenterrar los restos de Dorado, que se encuentran en una fosa común del cementerio de La Salud.
En el texto de la denuncia, el nieto del parlamentario socialista manifestaba que su familia había obtenido una subvención del Ministerio de la Presidencia para tal cometido, a través de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Para el desarrollo de esas tareas, « se contaba con los debidos permisos municipales, por tratarse de un terreno público », proseguía la denuncia.
Sin embargo, y según Gutiérrez, el Consistorio frenó los trabajos a la espera de una orden judicial, « pese a que ya habían sido autorizados », dijo el nieto del diputado.
Este giro en los acontecimientos lo desencadenó la paralización del auto abordado por el juez Baltasar Garzón para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, y que, según el Consistorio, afectaba de lleno al caso de Dorado.
Desde entonces, las tareas están en « stand-by » y, según avanzó ayer Igualada, « no haremos nada hasta que un juez lo determine ». En lo que respecta a la vía administrativa, el presidente de Cecosam señaló que « todavía no se ha aprobado el reglamento de la Ley de la Memoria Histórica que determine el protocolo a seguir y quién asume el coste ».
Gutiérrez, por su parte, se mostró « más que sorprendido » por la noticia del archivo de la denuncia : « Nos están cerrando todas las puertas. Ya no me quedará más remedio que llevar el asunto a Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo a principios de año ».
El abogado de la familia, Felipe Navarro, señaló que « en principio, no vamos a recurrir el fallo judicial ; tendremos que analizar qué caminos podemos tomar ».
Las vías que aún siguen abiertas son la contencioso-administrativa o interponer de nuevo otra denuncia en los juzgados por la vía penal, « aludiendo a partes del hecho no afectadas por la cosa juzgada », dijo Navarro.
Además, el letrado ha solicitado el amparo del Ayuntamiento de Málaga, municipio de la familia de Dorado, « para que se dirija al Consistorio cordobés y le haga cambiar de opinión sobre la exhumación », dijo Navarro.
ABC. DAVINIA DELGADO / 11-12-08
COMENTARIO :
¿Que dice IU sobre esta actitud de Rosa Aguilar ?. Decir que IU ha estado, en este caso y desde el principio, perfectamente informada por la familia de Dorado Luque.
Recordar que dos alcaldes del PSOE han hecho posible, tras oir -directamente- a las familias de las víctimas, las recientes exhumaciones de las fosas de Calañas (Huelva) y Moraleda de Zafayona (Granada). Su decidida colaboración -sin ningún tipo de problema con el poder judicial- lo han hecho posible, además de aplicar la “legislación vigente” que ha hecho posible la exhumación de centenares de fosas comunes -por toda España- desde 1977.
¿Que es eso de esperar los Protocolos -antes decían que el Reglamento- que surjan como consecuencia del desarrollo de la Ley, y que se los ordene un juez ?.
La alcaldesa de Córdoba se está pasando por el arco del triunfo, no solo la Ley de la “Memoria Histórica”, sino también -aunque eso es más fácil- los acuerdos de la organización que la elevó al sillón.
Más pronto que tarde verá como ciudadanos de Córdoba y familiares de las víctimas -de toda la provincia- les enseñarán las fotos de los fusilados en la puerta del Ayuntamiento.
Cecilio Gordillo, Coord. “RMHSA” de CGT.A
