CGT denuncia que el Gobierno de PSOE-UP continúa ignorando a las asociaciones memorialistas en los trámites para la modificación de la nueva ley de Memoria Histórica

Los anarcosindicalistas recuerdan al Gobierno español que la lucha por la recuperación de la dignidad de las víctimas del horror franquista continuará con sus descendientes

CGT apunta que el movimiento memorialista no está conformado únicamente por personas octogenarias, sino que cada día aglutina a más gente –descendiente o no de las víctimas- con voluntad de trabajar por la dignidad de las represaliadas, asesinadas y desaparecidas

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha vuelto a denunciar el ninguneo que sufren los colectivos de víctimas del franquismo en relación a las gestiones que se están llevando a cabo para modificar la actual ley de Memoria Histórica, entre otras acciones relacionadas con el derecho a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.

En este sentido, desde la CGT consideran que este Gobierno no termina de encontrar una posición cómoda para amparar totalmente a las víctimas, ya que desde el mismo se ha manifestado la voluntad de no abrir más heridas que las necesarias en las mismas, quienes en su mayoría son de edad avanzada. Sin embargo, este sindicato ha recordado al Ejecutivo de Sánchez e Iglesias que la lucha por la recuperación de la memoria de quienes sufrieron durante décadas el horror del fascismo en nuestro país no tiene caducidad, y continuará presente en las generaciones de nietos y bisnietos, porque el movimiento memorialista, -constituido por numerosas asociaciones y colectivos-, no cuenta solo con personas octogenarias, sino con la fuerza y la ilusión de gente que no está dispuesta a formar parte de otro “pacto de silencio” como el que se perpetró en nuestra “modélica” transición para que los causantes de tanto dolor quedaran impunes, igualando a víctimas y verdugos en una democracia constituida sobre las injusticias de 40 años de dictadura.

Desde CGT consideran que actos, como la publicación en el BOE el pasado julio de las bases para subvenciones en materia de Memoria Histórica, no son suficientes para quienes exigen justicia ante los crímenes franquistas. Además, desde esta organización han manifestado que no son comprensibles las prisas que el actual Gobierno de PSOE-UP tiene por aprobar una nueva Ley de Memoria Democrática sin contar con quienes llevan años trabajando sin esperar a un Estado que da la espalda a las víctimas

CGT manifiesta que no se ha producido ningún contacto con las organizaciones y colectivos memorialistas para trabajar en la línea que este movimiento viene desarrollando contra la impunidad de los criminales franquistas, y que este tipo de acciones son parte de una estrategia para “contentar” al movimiento memorialista justificando que desde el Estado “ahora” se está haciendo algo.

Desde CGT aseguran que esta maniobra no funcionará dado el cansancio que ya arrastran quienes llevan largos años peleando por una justicia real y en defensa de los derechos de las víctimas, muchas de las cuales han tenido que marcharse de este mundo sin haber podido encontrar a sus seres queridos o no viendo a sus torturadores juzgados y condenados.

CGT vuelve a exigir al Gobierno del Estado español firmeza a la hora de acometer las acciones que tengan que realizarse para terminar de una vez por todas con la impunidad del franquismo. CGT recuerda al Ejecutivo de PSOE-UP que deben posicionarse del lado de las víctimas, como prometían en sus discursos “de oposición”, porque es inaceptable que en un Estado de Derecho como es el español en teoría, las investigaciones de los delitos de lesa humanidad –que nunca prescriben- sean boicoteadas constantemente por la Fiscalía..

CGT insiste en la necesidad de poner en marcha iniciativas como la creación de un banco de ADN, presupuestos para exhumar a las personas que todavía continúan enterradas en cunetas y fosas comunes en los cementerios de toda España y el fin de los impuestos relacionados con estos trabajos, costeados en su mayoría por las familias y las organizaciones memorialistas, porque no se puede consentir que en pleno siglo XXI, en un Estado que se autoproclama “democrático”, existan categorías de víctimas y las leyes sigan maltratando a quienes fueron condenados a una vida de miseria y dolor por haber perdido una guerra.