Para un alto porcentaje de movimiento memorialista la aceptación, por parte del juez Garzón, de la denuncia presentada en el 2006, representó una cierta esperanza para miles de familia que por fin podrían investigar, homenajear y recuperar públicamente –en algunos casos- a sus seres queridos asesinados por el franquismo (1936-1977). Esta oportunidad hizo posible que por primera vez en España se realizara –por parte de la sociedad civil- un listado de víctimas que duplicó las cifras calculadas hasta ese momento. ¿Quién controlará esos listados a partir de ahora ?. ¿Nos los devolverán a los que los hemos realizado ?.

Las aguas vuelven a su cauce

Para los investigadores e historiadores la iniciativa del juez Garzón abrió la posibilidad de que, por fin, además de unificar mucha información dispersa, surgiese la posibilidad de buscar y de acceder a los archivos de la represión (Policía, Guardia Civil, Ejercito…), con los que hasta ahora no hemos podido contar. Lo que sabemos ha sido por haber estado desde hace treinta años entrando por puertas laterales que nos han dado una información interesante pero parcial. Parecía que ahora, con ayuda de la Policía Judicial y el conocimiento ya acumulado, íbamos a saber si hay algo más. La decisión de Garzón anula esta posibilidad, volviendo todo a la situación anterior.

Trasladar las actuaciones a los diferentes juzgados no augura nada bueno y poner el comité de expertos al servicio del Ministerio de Justicia y de paso al de todos los juzgados implicados supone prácticamente liquidar proyecto y comité. La imposibilidad de crear un solo procedimiento y de abrir en Madrid una oficina nacional de desaparecidos rompe el camino abierto con el Auto de septiembre.

No obstante, y pese al final inesperado, nada pasa en vano : ni el Auto ni las demandas de las asociaciones ni el trabajo de historiadores y demás proyectos. La lucha por la memoria seguirá –en España y fuera de ella-, aunque haya fallado el intento de constituir, por fin, una verdad jurídica a la altura de la verdad histórica.

Las fosas comunes seguirán abriéndose con la legislación vigente desde la época de Franco, aquella que hizo posible las exhumaciones de cientos de fosas -por toda España- durante los años que gobernó la UCD, o las más recientes de Grazalema o Calañas, o la que hará posible -más pronto que tarde- la del cementerio de la Salud de Córdoba.

Es más, algunas iniciativas aparcadas volverán a reactivarse, por ejemplo la campaña por la modificación de la Ley de Registros Civiles que hagan, realmente posible, la inscripción de miles de fusilados “ocultados oficialmente” por la dictadura y que obligará a los partidos con representación parlamentaria “hacerse la foto” ante la sociedad civil.

Sevilla 18 Noviembre 2008

Cecilio Gordillo, Coord. www.todoslosnombres.org por CGT.A