LUH Noticias/Javier Lezaola
El abogado de CeAQUA, Jacinto Lara, responde a Martín Villa que no había habído ningún plan sistemático de represión
Rodolfo Martín Villa; detrás, imágenes de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz
“Claro que hubo un ataque sistemático contra determinados sectores sociales que se estaban oponiendo al proceso político de la Transición”. Así de tajantemente se ha expresado este martes, consultado por LUH, el abogado de CeAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina) Jacinto Lara, en respuesta al exministro Rodolfo Martín Villa, que este lunes negaba la existencia de ese ataque sistemático cuya existencia sin embargo sí sostiene el auto de la juez argentina María Servini que le imputa un total de 12 homicidios agravados (asesinados) en el marco de crímenes de lesa humanidad.
“Nos basamos en una serie de pruebas que hemos aportado en el proceso judicial en relación con multitud de testimonios, hechos que no son negados y que evidencian que por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado [entonces, “Fuerzas de Orden Público”] había un patrón de comportamiento absolutamente repetitivo que era sistemático y que reprimía básicamente a determinados sectores sociales que se oponían al proceso político de la Transición”, ha insistido el abogado de CeAQUA, que ha destacado que ese “ataque sistemático” se centró “especialmente” en quienes se oponían al proceso político de Transición “desde una perspectiva de ruptura”, pero que también afectó a quienes “mantenían posiciones de reforma”, como es el caso de los cinco abogados laboralistas del PCE y de CCOO asesinados a tiros por ultraderechistas en su despacho de la calle madrileña de Atocha el 24 de enero de 1977, al día siguiente de que fuera asesinado Arturo Ruiz –también a tiros por ultraderechistas– durante una manifestación celebrada en Madrid y el mismo día en que resultó muerta Mari Luz Nájera –como consecuencia del bote de humo que le dispararon agentes de la Policía Armada, conocidos como los grises– durante otra marcha celebrada también en Madrid.
“Había un patrón de comportamiento, no hubo ni la más mínima depuración en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –que se habían mantenido durante cuarenta años y que no se depuraron durante el proceso político de la Transición– y tampoco hubo voluntad política de modificar ese patrón de comportamiento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando estamos hablando de que en ese periodo hubo más de cien muertos y cientos y cientos de heridos en las calles como consecuencia de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las bandas fascistas y parapoliciales”, ha añadido Lara.
Entre esos más de cien muertos están los 12 que la justicia argentina –en virtud del principio de justicia universal– imputa a Martín Villa:
El 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, los trabajadores José Castillo (32 años), Bienvenido Pereda (30 años), Pedro Mª Martínez (27 años), Romualdo Barroso (19 años) y Francisco Aznar (17 años) fueron abatidos a tiros por agentes de la Policía Armada que previamente habían desalojado con gases lacrimógenos la iglesia en la que se celebraba una asamblea de trabajadores en huelga. Grabaciones de las comunicaciones policiales que aún se conservan demuestran que los agentes reconocieron haber disparado más de un millar de tiros y protagonizado “una masacre”. Martín Villa –que había sido secretario general de la OSE, el Sindicato Vertical franquista– era ministro de Relaciones Sindicales del Gobierno presidido por Carlos Arias Navarro, cargo que había asumido el 12 de diciembre de 1975, es decir 22 días después de la muerte de Franco y 15 después de la coronación de Juan Carlos I.
El 9 de julio de 1976 en Santurtzi (Bizkaia), Normi Mentxaka (44 años) fue asesinada de un tiro en la cabeza por miembros de Guerrilleros de Cristo Rey –organización parapolicial de ultraderecha fundada a finales de los sesenta y disuelta a principios de los ochenta– que, amparados por la Guardia Civil, disolvieron violentamente una manifestación pro amnistía que recorría las calles del centro de la localidad vizcaína con motivo del festivo Día de la Sardina. Martín Villa era ministro de Gobernación/Interior del Gobierno presidido por Adolfo Suárez, cargo que había asumido el 5 de julio de 1976, es decir cuatro días antes de la muerte de Mentxaka.
El 8 de septiembre de 1976 en Hondarribia (Gipuzkoa), Josu Zabala (24 años) fue abatido por dos disparos de un guardia civil cuando participaba en una manifestación pro amnistía que recorría las calles del centro de la localidad guipuzcoana con motivo del Alarde, el día grande de las fiestas locales. Mercedes Iridoy –alcaldesa de Hondarribia desde 1973 hasta 1977– ha asegurado públicamente que, al ser consciente de que “en aquella época, en todas las fiestas pasaba algo”, pidió al entonces gobernador civil de Gipuzkoa, José Manuel Menéndez-Manjón, que el día del Alarde no acudiera a la localidad guipuzcoana ni enviara a la Guardia Civil, y que Menéndez-Manjón se había comprometido a ello. El Gobierno Civil de Gipuzkoa dependía del Ministerio de Gobernación/Interior, que dirigía Martín Villa.
El 23 de enero de 1977 en Madrid, Arturo Ruiz (19 años) fue abatido por el disparo de un ultraderechista cuando participaba en una manifestación pro amnistía. Testigos del crimen identificaron como autor del tiro a un ultraderechista que según reconocieron varios de sus allegados trabajaba para las fuerzas policiales –que dependían del Ministerio de Gobernación/Interior, que dirigía Martín Villa– y que huyó de España al día siguiente con la ayuda de un agente de estas.
El 12 de mayo de 1977 en Orereta (Gipuzkoa), Rafael Gómez Jauregi (78 años), histórico militante del partido EAE-ANV y del sindicato ELA-STV que había sido condenado por el franquismo a muerte en 1941 y a 25 años de cárcel en 1942 y que había permanecido exiliado en la localidad francesa de Sellières desde 1951 hasta 1968, se convirtió en el primer muerto –el 13 de mayo en Orereta– de los siete registrados en la semana pro amnistía celebrada en mayo de 1977 en Euskal Herria; los otros seis son Clemente del Caño –el 13 de mayo en Oiartzun (Gipuzkoa)–, José Luis Cano –el 13 de mayo en Iruña–, Gregorio Maritxalar –el 13 de mayo en Orereta–, Luis Santamaría –el 14 de mayo en Iruña–, Manuel Fuentes –el 15 de mayo en Ortuella (Bizkaia)– y Francisco Javier Núñez –el 17 de mayo en Bilbo–.
La Guardia Civil disparó con pelotas de goma contra una manifestación que se dirigía a la empresa Orbegozo para que sus trabajadores se unieran a la huelga general convocada para el 12 de mayo, y cientos de manifestantes se dirigieron entonces al cuartel de la Guardia Civil en Orereta para protestar contra aquella carga, siendo recibidos primero con pelotas de goma y después con fuego real, disparos que provocaron la muerte de Gómez Jauregi. El Gobierno Civil de Gipuzkoa, dirigido entonces por José María Belloch –padre de Juan Alberto Belloch, quien años después sería ministro de Justicia e Interior del Gobierno del PSOE de Felipe González– y que dependía de Martín Villa, intentó justificar los hechos alegando que el cuartel de la Guardia Civil había sido atacado con cócteles molotov y piedras.
El 13 de mayo de 1977 en Pamplona-Iruña, la prohibición de un acto pro amnistía originó en el Casco Viejo protestas en las que José Luis Cano (28 años) participaba cuando agentes de la Policía Armada lo detuvieron e introdujeron en un bar donde lo golpearon y uno de ellos le disparó un tiro en la cabeza, causándole la muerte.
El 15 de mayo de 1977 en Bilbo, Francisco Javier Núñez (38 años) paseaba por el centro de la capital vizcaína junto a su hija de tres años cuando fue apalizado por agentes de la Policía Armada que disolvían una manifestación pro amnistía. Dos días después, acudió a los juzgados a denunciar los hechos, pero a la salida lo esperaban hombres armados –al parecer, policías de paisano– que lo introdujeron en una furgoneta en la que fue torturado y obligado a beber un litro de aceite de ricino y otro de coñac, como consecuencia de lo cual murió en el hospital 13 días después.
Finalmente, el 8 de julio de 1978 en Pamplona-Iruña, Germán Rodríguez (27 años) fue asesinado de un tiro en la cabeza por agentes de la Policía Armada durante los sucesos de los Sanfermines del 78. “¡Repeled a esa gente! ¡No os importe matar!”, gritó uno de los agentes, según demuestran las grabaciones de las comunicaciones policiales de aquel día. La Policía Armada dependía del Ministerio de Gobernación/Interior, que Martín Villa seguiría dirigiendo hasta abril de 1979.
