El 15 de enero de 1978, después de una manifestación en las calles de Barcelona convocada por el

sindicato CNT

en protesta por los

Pactos de la Moncloa

, se declaró un incendio en la sala de fiestas Scala, con el resultado de cuatro víctimas mortales y el derrumbe del edificio. La sala era muy popular entonces por la celebración de un espectáculo de variedades que cada domingo era emitido en directo por RTVE. Aquel suceso condujo a una operación policial que inculpó a un grupo de jóvenes afiliados a la CNT de cometer un acto terrorista, por lo que se enfrentaron a un largo y confuso proceso judicial y que tuvo unas consecuencias políticas y sociales determinantes: la desactivación del movimiento obrero en la Transición.

El 35 aniversario de aquel trágico suceso no ha trascendido en exceso y ha sido obviado en los medios de comunicación de masas.

La violencia política estuvo presente en toda la Transición y, cuando al Estado le hizo falta guerra sucia para doblegar adversarios, se aplicó. Los movimientos de izquierdas y libertarios sufrieron las consecuencias brutales de la aplicación de la estrategia de la tensión en los años ‘60 y ‘70 como mecanismo de coerción por parte del Estado, que consistió en inculpar a estos movimientos de atentados terroristas (sin haber sido los autores) o bien atentando directamente contra éstos.

Los servicios secretos españoles, con ayuda de la CIA y la

Operación Gladio

y agentes de extrema derecha italianos y españoles, comenzaron a infiltrarse en la oposición antifranquista desde antes de la muerte de Franco. Qué mejores intermediarios que los tristemente célebres policías de la Brigada Político Social:

Roberto Conesa o José María Escudero

, implicados en numerosos casos de guerra sucia y acusados en diferentes procesos de prácticas de tortura e interrogatorios. También se les hace conocedores de la trama de atentados terroristas como por ejemplo el asesinato de los

abogados laboralistas de Atocha

.

Relación de hechos

Firmados los Pactos de la Moncloa en octubre de 1977 y apoyados por CC OO y UGT, la CNT quedó como única organización sindical no conforme con unos acuerdos que significaban un paso atrás en los derechos de los trabajadores. Esto molestaba a los que dirigían el destino político de España. Simplemente bastó un infiltrado, un montaje policial y un proceso judicial repleto de irregularidades para provocar una grave crisis en el movimiento libertario.

Así fue como, al final de la manifestación del 15 de enero de 1978 convocada por la CNT, unos jóvenes libertarios lanzaron unos cócteles molotov contra la fachada del edificio del Scala. A los pocos minutos,

el edificio empezó a arder justo por el lado contrario donde se lanzaron los cócteles, atrapando en su interior a cuatro trabajadores, que fallecieron asfixiados (y que eran afiliados a la CNT

). No hubo detenciones inmediatas. Los jóvenes volvieron a sus casas sin saber lo que había sucedido. Cabe señalar que en los días previos contaron con la ayuda de un anarquista murciano que, sin que ellos lo supieran, era un infiltrado de la policía. Éste no tuvo más que delatarlos, ya que sabía sus domicilios. Se trataba de Joaquín Gambín, alias “el Grillo”, que desapareció obviamente después del incendio.

En menos de 48 horas, los jóvenes fueron detenidos por la policía y la prensa ofreció sus titulares condenando la acción y tildando al sindicato CNT de organización terrorista. Seis de los detenidos estuvieron año y medio en prisión preventiva hasta la celebración del juicio. Pasaron por diferentes cárceles, donde fueron sometidos a lo habitual del régimen: represión, torturas, interrogatorios, condiciones de encarcelamiento infrahumanas, etc. Un período que se alargó de forma irregular, más allá de lo que permitía la ley.

Mientras tanto, la ciudadanía, sensibilizada por la continua escalada de violencia política, emitió su propio juicio. Entendió que la CNT podía ser algo parecido a una organización terrorista y se criminalizó al sindicato y a todo el movimiento libertario.

Las bajas del sindicato fueron masivas y en poco tiempo la CNT quedó sin el apoyo de los trabajadores y fuera del modelo sindical pactado entre UGT, CC OO y el Gobierno de Suárez.

Sumado a las disensiones internas que no permitieron hacer un frente común, se produjo en breve tiempo la crisis del movimiento anarquista.

El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Barcelona y el 9 de diciembre de 1980 se hizo pública la sentencia, en la que se condenaba a 17 años de prisión a tres de los acusados, a penas menores a otros dos y se absolvía a una de las imputadas. La defensa presentó recurso, pero fue rechazado por el Tribunal Supremo. Conscien­tes de que fueron víctimas de una trampa, solicitaron el testimonio de Joaquín Gambín y del ministro de Gobernación de entonces, Rodolfo Martín Villa, peticiones que fueron denegadas.

Pero desde 1979, periodistas de investigación y la propia CNT airearon el pastel. Se hizo público que el confidente Joaquín Gambín participó en la trama del incendio. Ante tamaño despropósito y bajo la presión de la prensa, que cada vez aportaba más pruebas del caso, se tuvo que celebrar un segundo juicio de Joaquín Gambín por su participación en los hechos, en el que se le condenó a siete años de prisión. Pero simplemente se imputaron cargos contra esta persona, y tampoco contra el Estado ni se produjo ningún intento de esclarecer los hechos.

Interrogantes

1.

La extraña, por rápida, detención de los presuntos autores.

2.

Se demolió el edificio sin haber recogido pruebas periciales suficientes.

3.

Informes de los bomberos aseguran haber detectado restos de fósforo (material que permite una rápida ignición y que era utilizado sólo por el Ejército) en el interior del edificio, justo en el lado contrario del edificio donde se produjo la explosión de los cócteles molotov.

4.

Aquella mañana desapareció antes de los hechos la unidad móvil de RTVE que disponía a preparar la retransmisión del programa Scala por la noche.

Información publicada: el caso Scala hoy

La documentación del sumario del juicio es de acceso reservado. El resto de la información sólo cabe buscarla a través de un vaciado de prensa. Sólo uno de los encausados, Xavier Cañadas, escribió en 2008 sobre lo sucedido, dejándonos un libro de valor incalculable:

El caso Scala: terrorismo de Estado y algo más

, editado por Virus. El director de la revista

Ajoblanco

, Pepe Ribas, reconocido periodista y agitador cultural de la época, fue entrevistado hace pocos años en el canal CNN, donde expuso claramente que el Caso Scala fue un caso de terrorismo de Estado. Incluso en el programa

Redes

de Eduard Punset de junio de 2007, titulado “Cómo se hace un terrorista”, se llegó a afirmar la existencia de terrorismo de estado en el suceso del Scala. Pero del resto, encausados, abogados, el fiscal del caso o políticos, nadie ha hablado sobre ello. Unos, porque fallecieron. Otros, porque ni están ni se les espera.

Sólo la Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes, a través de su expresidente, Roberto Manrique, se preocupó por integrar a las víctimas mortales del incendio como sujetos víctimas de terrorismo. Y nadie se ha preocupado de las víctimas como Xavier Cañadas, que sufrió un brutal abuso contra los derechos fundamentales de personas durante su cautiverio. Cabe destacar uno de los últimos manuales publicados sobre la violencia política de aquellos años,

La Transición sangrienta

, de Mariano Sánchez Soler, que omite este affaire de gran impacto mediático en la época.