Los medios de información anuncian hoy, 03/10/2008, que entre los cuatro reales decretos aprobados esta mañana por el Consejo de Ministros figura el que resuelve el problema pendiente (Artículo 10 de la Ley del 26 de diciembre de 2007) de reconocimiento en favor de personas fallecidas “en defensa de la democracia” durante el período comprendido entre 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977. Este decreto permitirá recibir una indemnización por una cuantía “de 135.000 €” a los beneficiarios de esas personas.
En 20MINUTOS.ES, del 01/10/2008, se informa que el Gobierno central ha confirmado que
modificará las fechas de la Ley de la Memoria Histórica
para dar cabida al asesinato del joven Javier Fernández Quesada, en la entrada de la Universidad de La Laguna, el 12 de diciembre de 1977. Y también se dice que, según publicó ese mismo miércoles el diario
La Opinión,
fue Usted quien « se interesó por el caso y solicitó que se efectuaran los cambios oportunos para que la muerte del joven grancanario, que tenía 21 años cuando fue abatido por un disparo, no quedara fuera de las medidas de reparación recogidas por el citado marco normativo ».
Ya supondrá Sr. Zapatero que aplaudimos su intervención para evitar que por tan sólo 77 días quedará excluido del derecho a indemnización este joven estudiante asesinado durante una jornada de movilizaciones sindicales reprimida con fuego real por la Guardia Civil.
Su intervención y la decisión del Gobierno central de modificar las fechas de la Ley para evitar que se cometiera tal injusticia les honra. Es por ello que solicitamos su intervención para que se modifique otra fecha de la Ley de la Memoria Histórica, de manera a evitar que se cometa una injusticia tan escandalosa o más que la que se iba a cometer con este joven estudiante grancanario. Nos referimos al hecho de que esa Ley establece
una infame discriminación entre las víctimas de la represión franquista
(art. 7, Apartado dos bis)
al considerar que las ejecutadas antes del 1 de enero de 1968 sólo son merecedoras de una indemnización de 9.616,18 €.
Sr. Zapatero, ¿cómo se puede considerar que los jóvenes anarquistas Francisco Granados y Joaquín Delgado y el comunista Julián Grimau, como tantos otros numerosos militantes políticos y sindicales ejecutados antes del 1 de enero de 1968 y entre ellos el cenetista Joan Peiró, el Presidente Companys y el socialista Julián Basteiro, no murieron
“en defensa de la democracia”
?
Si se mantiene esta injustificable discriminación entre las víctimas de la represión franquista
se cometerá una infamia
y Usted y su Gobierno tendrán que asumirla, ante el pueblo español y la historia. Atentamente
Por el “Grupo por revisión del proceso Granado-Delgado”
Octavio Alberola | Antonio Martín