Desde la puerta de entrada a Capucha, una voz ‘canta’ los números. Los detenidos –sucios, asustados, desaparecidos– ya no tienen nombre. Solo una cifra que en los días de ‘traslados’ decide su destino. Desde el ático del terror, los encapuchados elegidos descienden a un sótano donde, aturdidos de pentotal, son arrastrados al último viaje de sus vidas: un vuelo que acaba con sus cuerpos sin voluntad en caída libre hacia el río de la Plata. Varios de los pilotos de estos ‘vuelos de la muerte’ han sido condenados este miércoles a cadena perpetua en la llamada ‘megacausa ESMA’, que juzga cientos de delitos cometidos durante la última dictadura militar argentina.

El mayor juicio sobre derechos humanos de la historia de este país lleva el nombre de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionó uno de los más brutales centros clandestinos de detención del régimen militar. Hoy el complejo es un espacio de memoria, y pronto podría convertirse en sede del Ministerio de Justicia. Entre 1976 y 1983, unas 5.000 personas fueron encerradas, torturadas y muchas también asesinadas en la ESMA.

La causa, que se inició en 2012, acusaba a 68 personas, pero 14 de ellas murieron   a lo largo del proceso. Sí fue condenado el excapitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo, extraditado desde España.

Pilotos del infierno

El marino retirado Julio César Poch, que fue detenido en Valencia, fue uno de los seis absueltos. El tribunal no consideró suficiente prueba su autoinculpación. Convertido en piloto de la línea aérea holandesa Transavia, Poch alardeaba de su desempeño en los vuelos de la muerte.

En cambio, Mario Daniel Arru, Alejandro Domingo D’Agostino, Francisco Armando Di Paola y Gonzalo Torres de Tolosa fueron condenados a cadena perpetua por su responsabilidad material en este plan sistemático de asesinatos.

El edificio del Casino de Oficiales, convertido en centro de memoria de los desaparecidos. EFE

A los mandos del Skyvan PA-51 arrojaron al agua a las monjas francesas Alice Domon y Leomie Duquet, y a las Madres de Plaza de Mayo secuestradas en 1977 Azucena Villaflor, Mary Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga.

Nora Cortiñas, de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, seguía la lectura de la sentencia separada de los acusados apenas por un cristal y una fila de policías. Junto a ella, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, activistas de derechos humanos, familiares de desaparecidos y también algunos supervivientes. Con las fotografías de las víctimas en alto, el grupo animaba con cánticos una espera de justicia de cuatro décadas.

En el piso de arriba, familiares de los acusados entonaron estrofas del Himno Nacional y recibieron con aplausos a Astiz, el excapitán que, lejos de mostrar arrepentimiento, siempre ha reivindicado su papel durante la represión. “Nunca voy a pedir perdón por defender a mi patria”, dijo en su alegato final.

“Astiz vas a morir en la cárcel como Videla”, se oyó gritar en la planta baja. El llamado ‘ángel de la muerte’ se infiltró entre las primeras Madres de Plaza de Mayo que estaban buscando a sus hijos. Además, es responsable del secuestro, la tortura y la desaparición de las monjas Domon y Duquet –delitos por los que fue condenado en ausencia en Francia a cadena perpetua– y también de la adolescente sueca Dagmar Hagelin.

Un momento clave

Con el retorno de la democracia, Argentina se convirtió en un ejemplo para el mundo al juzgar a los máximos responsables del gobierno militar, y realizar un exhaustivo proceso de documentación que incluyó cientos de testimonios: el ya célebre informe ‘Nunca Más’.

Pero con los años el país daría enormes pasos en sentido contrario: las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y más tarde los indultos, dejarían en libertad a personas como Astiz. El excapitán volvió a prisión en 2003, tras el impulso a las causas de derechos humanos de los gobiernos kirchneristas.

La lectura de esta sentencia supone un punto culminante en este poceso, que ya ha llevado a la cárcel a más de 400 criminales, y mantiene a más de 500 en prisión domiciliaria. Y que tiene aún 420 procesos en marcha. Por eso, además de los presentes en la sala, el país seguía los detalles del caso en directo por televisión, y una multitud se agolpaba frente a la pantalla gigante colocada a las puertas de los tribunales.

Se calcula que 5.000 personas pasaron por el centro de detención de la ESMA. EFE

Por la cantidad de imputados, los casos comprendidos y el número de testigos, la ‘causa ESMA’ es considerada el mayor proceso por delitos en la dictadura celebrado hasta ahora por la Justicia penal en Argentina. Y la primera vez que la Justicia de un Estado nacional lleva adelante un proceso por crímenes contra la humanidad de tal magnitud y duración. En el caso de los genocidios de Ruanda y la ex Yugoslavia, por ejemplo, se constituyeron tribunales internacionales.

Cada mes, en la ESMA se organizan visitas con supervivientes que cuentan en primera persona los horrores que allí se vivieron: la música ensordecedora sin pausa para tapar los gritos de las sesiones de tortura, las mujeres detenidas que tras dar a luz eran separadas de sus hijos, el hedor del encierro en el ático de Capucha, el infierno aún más oprimente de Capuchita –las dos zonas de detención del edificio, destinado al ocio de los oficiales de la Armada–. Y los ‘traslados’ de los miércoles, que prometían a los secuestrados una nueva vida en algún “campo de reeducación”, pero que en realidad eran el siniestro eslabón final de un plan de exterminio.

Un miércoles, cuatro décadas más tarde, algunas de esas 4.000 personas que, se calcula, fueron lanzadas a la muerte desde un avión, volvieron a dar un paso al frente. No ya para ser arrastradas, con los ojos vendados, a una tumba marina. No ya despojadas de humanidad, convertidas en números. Sus nombres ahora forman parte de una sentencia histórica que señala a los culpables.