A primera hora de la mañana, unos operarios contratados por Correos instalaron un andamio frente a la entrada de las oficinas postales. Pronto se dieron cuenta en el Ayuntamiento y verificaron si se había solicitado la preceptiva licencia. Sobre las 10.30 horas, el concejal de Vía Pública, Pedro Sancerni, se puso en contacto con el jefe de Correos para ver qué es lo que iban a hacer, y advertirle de que no constaba que hubieran pedido licencia. Este le explicó que iban a colocar un cartel con el logo de Correos para tapar el escudo de la entrada por orden de la Subdelegación del Gobierno. Poco después se desmontó el andamio y responsables de Correos se pusieron en contacto telefónico con el alcalde para explicarle la orden recibida e indicarle que ya había iniciado la tramitación de los permisos pertinentes y también se habían puesto en contacto con técnicos municipales.

El pasado 31 de octubre, el consejo de Ministros adoptó el acuerdo por el que se dictaron instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General de Estado y sus organismos públicos dependientes, en el contexto de la Ley 52/2007, más conocida como Ley de la Memoria Histórica. En este sentido, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos es una sociedad anónima de capital 100% público, aunque cabe matizar que la fachada del inmueble ya no les pertenece en su totalidad, puesto que hace tres años vendieron a una empresa de la localidad la segunda planta del edificio.

Dado que la retirada del escudo, labrado en piedra, puede afectar a la conservación del inmueble, la autoridad competente ha optado por taparlo.

GUILLEM RIOS (El Periódico Mediterráneo)